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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 22/08/2025 20:45
El titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Diego Velez, se refirió al escándalo que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad, y a su extitular, Diego Spagnuolo, envuelto en una investigación judicial por el supuesto pago de coimas, y dijo que ese hecho no entorpece las prestaciones a las personas con discapacidad en la provincia. “La Justicia actúa, deberá evaluar su comportamiento y si es responsable de lo que se dice justamente, bueno, será la justicia la encargada de determinar lo que le pasará. Nosotros acá en la provincia dependemos de la Agencia Nacional de Discapacidad en dos temas puntuales: por un lado, los certificados de discapacidad, que trabajamos con las juntas evaluadoras. Nosotros enviamos la documentación, y la Agencia dictamina si califica o no califica para tener el certificado de discapacidad. Eso no se va a ver interrumpido por este tema porque eso ya se viene trabajando con gente de planta que hace años que están en la función. Después, con la Agencia tenemos un programa al año. que arranca en marzo, a través de la presentación de proyectos al Fondo de Ayuda a las Personas con Discapacidad, lo que antiguamente era la Ley de Cheques, que este año fueron para instituciones”, detalló. -¿Y ustedes cómo analizan respecto a cómo está la atención de las personas con discapacidad en la Provincia? -Nosotros, en la provincia de Entre Ríos todo lo que hacemos desde el Instituto es con fondos provinciales. Se trabaja con el programa “Contigo”, que interactuamos con Copnaf, que empezamos a intervenir a partir de los 16 años y hasta los 18. El programa “Contigo” toma la persona con discapacidad que esté en Copnaf y empezamos a hacer el seguimiento, si tiene que ir a una institución, o si podemos trabajarlo, digamos, de una forma un poco más autónoma. La idea nuestra es generar una autonomía para las personas con discapacidad, no en términos institucionalizados. Eso no se ha cortado porque son fondos de la provincia. Después, otro tema distinto es el nomenclador, que eso sí depende directamente de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la que tiene que arbitrar justamente ante la Superintendencia de Salud de la Nación para ver si los fondos pueden estar como para poder aumentar el nomenclador. -Lo que se escucha son recurrentes situaciones de personas que deben recurrir a acciones de amparo para que les cubran prestaciones, como en el caso de la Obra Social de Entre Ríos. -No solamente con OSER son los amparos; también se le presenta a cualquier tipo de prestación médica, a una privada también le pasa exactamente lo mismo. Vélez habló también del acordamiento de los plazos en la entrega de los certificados de discapacidad en Entre Ríos. «Hemos encontrados cierto desconocimiento de la gente que en algunos casos no sabía ni lo que era el certificado de discapacidad, ni cómo se tramitaba el certificado de discapacidad. O sea, eso es algo que nosotros lo tenemos muy marcado, de poder tratar de dar respuesta, desde lo que nos compete como provincia y como Instituto, de poder estar más cercano a la gente. Se han acortado los plazos. Hemos podido levantar la cantidad de certificados de discapacidad que se han venido entregando, yo creo que eso también denota justamente el acercamiento con la gente y las charlas que hemos tenido durante todo este proyecto del año y medio que llevamos de gestión», aseveró. El escándalo nacional En 48 horas de vértigo el Gobierno quedó enredado en una causa de supuesta corrupción que golpea de lleno a los hermanos Milei y al clan Menem, responsable del tejido político de La Libertad Avanza. Una grabación de origen clandestino expuso la voz atribuida a un funcionario público de vínculo estrecho con el Presidente mientras relataba con desparpajo el pago de coimas sistemáticas en la provisión de medicamentos para la discapacidad. El martes se conocieron los audios, al día siguiente fue expulsado el funcionario en cuestión y quedó intervenida la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Antes de que la Casa Rosada ofrezca una postura pública sobre el caso, la Justicia descubrió este viernes a uno de los empresarios mencionados en los audios mientras huía de su casa con más de 260.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo. En la noche del martes se publican en el canal de streaming Carnaval unas grabaciones clandestinas, con signos de edición, de una conversación privada en la que Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuenta a un interlocutor no identificado que le están “desfalcando” el organismo. Señala a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, como el encargado de organizar un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos. “Son más chorros que los Kirchner”, dice la voz atribuida a Spagnuolo, al relatar que se les pide a las empresas un 8% de coimas, cuando antes era un 5%. Señala a Karina Milei como hipotética receptora de un 3% del dinero y explica que le había avisado de todo a Milei. La difusión de ese material obtenido ilegalmente -no se sabe de cuándo es ni quién lo grabó- puso al Gobierno en crisis. Distintos funcionarios llamaron a Spagnuolo a pedirle explicaciones. Su primera reacción fue negar que fuera él la persona que habla en los audios. Luego lo admitió, según fuentes de la Casa Rosada. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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