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» Misionesparatodos
Fecha: 22/08/2025 01:30
Cuatro familias de pequeños productores e integrantes de la comunidad Mbya Guaraní “El Chapá”, asentadas desde hace décadas en Colonia Alberdi, denuncian que desde 2022 se registran en sus territorios graves hechos de apeo ilegal de madera nativa y una ocupación irregular y violenta de tierras por parte de supuestos propietarios, ligados directamente a una funcionaria provincial. Alertan que pese a que se han realizado numerosos reclamos formales y denuncias ante la policía, la Justicia y el Ministerio de Ecología, la problemática persiste. Según relatan, se han registrado numerosos episodios intimidatorios y la tensión es constante. Por esa razón, desde 2022 las familias de agricultores damnificados han radicado denuncias policiales y penales ante el Juzgado de Instrucción N°2, secretaría N°2 IV Circunscripción Judicial Jardín América. Los lotes en conflicto, según la nomenclatura registrada de la Dirección General de Catastro, son el 94B y el 943D (Departamento San Ignacio, Municipio Gobernador Roca, Campos de Rocas). Mabel Acosta, referente del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), es una de las productoras afectadas. Relató que adquirió sus tierras hace décadas. “Producimos yerba en ese monte, de manera agroecológica, porque trabajamos con una cooperativa. De pronto apareció un gendarme, de nombre José Miguel Kerm, quien nos amenazó, nos intimidó y más tarde nos quemó una casa que teníamos en el lugar. Hicimos la denuncia correspondiente en la Comisaría de Roca”. Contó que con el tiempo la invasión y el robo de madera se acentuó. "Como en esa zona no hay puente no podíamos ir frecuentemente, solíamos recorrer la zona los fines de semana, después de trabajar en la cooperativa. Íbamos a plantar cúrcuma, todo bajo el monte, porque somos ecologistas”, detalló. En una de esas visitas se produjo un nuevo ataque de los supuestos propietarios. Acosta y su familia registraron en videos y fotografías el violento episodio: hubo empujones, amenazas y los invasores les quemaron la segunda casa que empezaban a construir. La mujer contó que las persecuciones persistieron. Lamentó que realizó una denuncia al Ministerio de Ecología pero el organismo provincial no puso un freno a la situación: “Siguen haciendo lo que quieren, sacando madera, con el dueño del aserradero Rosenthal, sacan madera con camiones todos los días”. Según denuncian desde el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), en los hechos de apeo ilegal e intento de apropiación irregular de miles de hectáreas, está involucrada directamente, como supuesta propietaria, Mariana Mira, quien desde 2021 a la fecha se desempeña como directora general de Catastro de la Provincia. Explican que, llamativamente, de pronto los lotes, ocupados desde hace décadas por productores que se dedican a la agricultura familiar y por comunidades Mbya Guaraní, aparecieron a nombre de Mira, padre de la mencionada funcionaria de Catastro, quien, de ese modo, pasó a ser la supuesta “heredera”. Advierten que hasta se habrían modificado planos para favorecerla. Desde el MAM observan que el hecho no es aislado. Otros episodios similares se han denunciado en los últimos dos años. Y alertan que el propósito de los invasores es extraer la abundante madera nativa que existe en el lugar. Acosta denunció que la propia directora de Catastro, Mariana Mira, está involucrada directamente en el asunto: “funcionarios públicos provinciales están metidos en este desastre que está pasando en la provincia de Misiones. Ellos les dan información y hasta operarios. Yo misma fui a hablar con Mariana Mira para decirle que vendiera al Movimiento Agrario esas tierras para convertir al espacio en una reserva natural. Lamentablemente están invadiendo todo, persiguiendo y amenazando a agricultores e indígenas. Y quien se pone al frente de todo esto es un agente de Gendarmería, prepotente, con machete y revólver. Y así siguen tumbando los montes, con total impunidad, en evidente connivencia con el poder político y el poder judicial". Acosta comentó que colocaron un portón en su propiedad y montaron allí una guardia con personal de seguridad armados. “Somos mujeres y estamos trabajando en viveros, labores cotidianas con nuestras gallinas, nuestros frutales, en total armonía y respeto por el ambiente. Todos los animales fueron muertos. Tenemos miedo y no queremos que ocurra lo mismo que en Eldorado y Puerto Libertad, donde se produjeron invasiones similares para plantar monocultivos de pino. Yo sé bien que Mira es pariente de Urrutia y juntos tienen un pacto para la apropiación y explotación de estas tierras. Se están repartiendo entre unos pocos las tierras que debieran ser para todos los misioneros”. Mira respondió que era heredera de una extensión total de 163 hectáreas, de las cuales la mitad pertenece a otra pequeña productora familiar, Perla Viñabski, quien reside en el lugar desde hace 48 años. La invasión comenzó allí y se fue adentrando cada vez más. Consultada por la situación, Viñabski expresó que "el primer día que vinieron entraron y dijeron que todo esto era de ellos". Contó que el problema comenzó en 2022 cuando estos desconocidos empezaron a colocar alambres y a retirar todas las plantaciones de yerba, pino y frutales, de las familias que viven y trabajan esas tierras desde hace décadas. Mencionó que sacaron camiones de madera nativa, especialmente cargas de la especie paraíso. La mujer realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de Gobernador Roca. Luego, fue amenazada y los supuestos propietarios le advirtieron que no volviera a ingresar porque si lo hacía la iban a disparar. Viñabski enfatizó que la mensura de sus tierras se efectivizó hace muchos años y que ya completó los pagos correspondientes. Señaló que en los últimos años los invasores hicieron caminos y puentes, con la finalidad de trasladar la madera nativa sustraída. Y dijo que, como a ella no le tomaban las denuncias de manera particular, debió proceder con un abogado, quien formalizó las presentaciones judiciales ante el Juzgado de Jardín América. Los problemas persistieron y ante cada nuevo atropello Viñabski radica nuevas denuncias. “Pese a todas las denuncias siguen trabajando, tumbando monte y sacando maderas. Es todo un tema con esa gente. No sé qué es lo que tienen, que tienen tanta autoridad. Queda demostrado una vez más que las leyes no se cumplen para los pobres y sólo se ampara a los más ricos. Y, a todo esto, el Ministerio de Ecología autoriza a los ocupantes que tumben el monte y hace la vista gorda ante toda la destrucción que están provocando”, manifestó la productora. En el caso de la comunidad Mbya Guaraní El Chapa, cuenta con la carpeta de territorio relevado a través de la Ley 26160, del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Allí, se les reconoce más de 600 hectáreas y los lotes en conflicto corresponde a zonas de tránsito, recolección y caza. Trasfondo histórico Los procesos de regularización de las tierras en esas secciones de Colonia Alberdi comenzaron formalmente en 2010, cuando tales propiedades aún se encontraban bajo la titularidad dominial de Rudecindo Roca (primer gobernador del Territorio de Misiones y hermano del por entonces presidente Julio Argentino Roca, quien compró 265.180 hectáreas en 1881). En su primera fase, el proyecto se desarrolló con la participación articulada del Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia, la Subsecretaría de Tierras y Colonización del Ministerio de Ecología, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y la intendencia de Colonia Alberdi, por entonces a cargo del Juan González. “El objetivo fue que las familias agrícolas poseedoras de lotes en Colonia Alberdi que tuvieran como propietarios o titulares dominiales a la familia Roca, consiguieron la titularización de sus tierras de manera gratuita”, se informó en una publicación del diario El Territorio en septiembre de 2016. Se precisó entonces que la primera tarea fue rastrear a los herederos de Rudecindo Roca, los que fueron identificados como Julia Blanca Roca y Lencisa de López. María Teodosia Roca y Lencisa de Watson Hutton, Rudecindo Roca y Murguerza y Virginia Rogelia Muguerza de Roca. De esta manera se iniciaron las demandas de usucapión o prescripción adquisitiva (veinteañales).
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