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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 21/08/2025 20:39
Roberto Carlos Salvático, ex integrante de la División Sustracción de Automotores de la fuerza policial cordobesa, fue condenado a cuatro años y medio de prisión La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la condena contra un ex subcomisario de la Policía de Córdoba, acusado de formar parte de una banda que robaba autos y los vendía por partes. El caso tiene como protagonista a Roberto Carlos Salvático, ex integrante de la División Sustracción de Automotores de la fuerza policial cordobesa. En 2019, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación de Córdoba lo condenó a cuatro años y medio de prisión por el delito de asociación ilícita. La defensa de Salvático apeló la sentencia hasta que el fallo llegó a la Corte Suprema, que se expidió en las últimas horas: fuentes judiciales informaron a Infobae que el tribunal compuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso directo presentado por la defensa, al considerar que no reunía los requisitos formales. La investigación por el caso determinó que la banda estaba compuesta por policías y civiles, quienes entre 2011 y 2012 se asociaron con delincuentes conocidos para cometer robos, ocultar vehículos, trasladarlos y venderlos con documentación falsa, tanto como unidades completas o como autopartes. El grupo llegó a extender sus actividades en toda la provincia de Córdoba. Durante el juicio de 2019, la Justicia cordobesa también condenó al comisario retirado Alejandro Molina (quien ocupó el cargo de segundo jefe de Sustracción). Recibió la misma pena que Salvático. Además, dos oficiales fueron sentenciados a tres años y medio de cárcel por hechos similares. La Corte Suprema dejó firme la sentencia contra el ex subcomisario Salvático y Molina negaron haber actuado de forma ilegal, pero escuchas y comunicaciones permitieron dar por probadas las maniobras, según una crónica publicada en aquel entonces por el diario La Voz. Al momento de la condena en primera instancia, los policías colaboraban con delincuentes para obtener información, a cambio de favores y dinero, y facilitaban que la banda cometiera robos y vendiera vehículos o autopartes. El grupo delictivo era liderado por otras dos personas identificadas como Jorge “Cara de Papa” Fredes y Aldo Perea. El fallo se conoce unos meses después de otro escándalo que golpeó a la Policía de Córdoba. El 27 de junio pasado, el director de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, fue detenido acusado de liderar una asociación ilícita junto con otros jefes policiales, un suboficial, un civil y su hermano, abogado. Todos están bajo sospecha por coacción, extorsión, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento. Según la investigación, la organización se valía de datos reservados del sistema policial para negociar ilegalmente, cobrar honorarios irregulares y sacar ventaja de personas con conflictos judiciales y ocupaciones de terrenos. Los involucrados ejercían la abogacía en paralelo a las tareas policiales oficiales y recibían sumas de dinero que representaban porcentajes relevantes sobre los inmuebles de cada operación. Unas once viviendas, estudios jurídicos y oficinas públicas fueron allanadas por pedido del fiscal Guillermo González. La red, según explicó el fiscal en conferencia de prensa, aprovechaba el “perfil” de los cargos estratégicos para obtener datos reservados y negociar con personas involucradas en ocupaciones de terrenos o conflictos judiciales, prometiendo soluciones a cambio de pagos extrajudiciales o porcentajes sobre los bienes inmuebles. La investigación comenzó a partir de información aportada por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien conducía una causa paralela sobre otra banda dedicada a delitos de usurpación y estafas con inmuebles. Ambos expedientes confluyeron cuando se comprobó el vínculo de un civil con los altos mandos ahora detenidos, entre ellos Ochoa Roldán. Los pagos exigidos a los supuestos damnificados iban entre el 20% y el 30% del valor de las propiedades, lo que permitía “arreglos” judiciales bajo la promesa de favores o reducción de penas. El fiscal González dejó en claro que los casos no guardan relación con la recaudación de multas de tránsito ni con funciones administrativas dentro de la Caminera.
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