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Concordia » Realnoticias
Fecha: 21/08/2025 18:59
Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos funcionarios de países aliados como Francia y Canadá, en un nuevo intento por frenar al tribunal. Las medidas, que afectan a funcionarios involucrados en investigaciones de crímenes de guerra tanto de Israel como de Estados Unidos, incluyen la prohibición de ingreso a territorio estadounidense y el congelamiento de bienes que puedan poseer en el país. Así lo anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, quien informó que los sancionados son los jueces Kimberly Prost, de Canadá, y Nicolas Guillou, de Francia, junto a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal. «Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel», explicó el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado. Rubio consideró que las sanciones alcanzan a funcionarios que participaron en investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y Afganistán, sin consentimiento de Israel ni de Estados Unidos, con un accionar que llamó «moralmente en quiebra». «El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel», dijo el secretario de Estado en un comunicado. «Acciones ilegítimas» El Departamento de Estado afirmó que estos fiscales fueron sancionados por respaldar lo que consideró “acciones ilegítimas” de la CPI contra Israel, incluidas las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. En un comunicado separado, el Departamento de Estado indicó que Prost fue sancionada por haber autorizado una investigación de la CPI sobre personal estadounidense en Afganistán, una causa que fue posteriormente archivada. En el caso de Guillou, se le sancionó por haber aprobado la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en relación con la guerra contra Hamas en Gaza. Por su parte, Khan y Niang fueron sancionados por «apoyar acciones ilegítimas contra Israel» así como supervisar investigaciones por crímenes graves en Kabul y en Sudán, en los cuales están involucrados ciudadanos estadounidenses. La administración de Donald Trump ya había rechazado de plano la autoridad de la CPI, que cuenta con el respaldo de la mayoría de las democracias europeas y se creó como último recurso ante la falta de justicia en tribunales nacionales. En junio, la Casa Blanca ya había sancionado a otros cuatro jueces del tribunal. Con esta nueva medida, la administración Trump amplía su presión sobre la CPI, sumando estas sanciones a las impuestas en febrero contra el fiscal Karim Khan. En aquel entonces, Trump firmó una orden ejecutiva argumentando que la Corte actuaba “ilegítimamente” contra Estados Unidos e Israel, y la acusó de “abusar de su poder”. Una de sus primeras decisiones tras asumir en enero fue restablecer una orden ejecutiva de 2020 que impone sanciones a funcionarios de la CPI, anulando así una medida revocatoria de su antecesor, Joe Biden. En 2020, Trump había sancionado a otros funcionarios del tribunal cuando se investigaban crímenes de guerra en Afganistán, que incluían a soldados estadounidenses. Trump ha rechazado en múltiples ocasiones los esfuerzos para exigir una rendición de cuentas a Netanyahu, afirmando que están «tratando de meterlo en la cárcel». En la víspera de este anuncio, el presidente incluso elogió al primer ministro israelí, calificándolo de «héroe de guerra«, a pesar de la condena que pesa sobre él. «Es un buen hombre. Está ahí fuera luchando… Es un héroe de guerra, porque trabajamos juntos. Es un héroe de guerra. Creo que yo también lo soy«, dijo Trump en una entrevista con el presentador de radio conservador Mark Levin. Una «acción decisiva» Israel es uno de los principales impulsores de las sanciones contra la CPI. En noviembre de 2024, la Corte emitió órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo el uso del hambre como arma, ataques deliberados contra civiles, asesinatos y persecución desde octubre de 2023. Tras el anuncio, Netanyahu celebró la medida y felicitó al gobierno de Trump. “Felicito al presidente Trump y a Marco Rubio por decidir imponer sanciones a los jueces y fiscales politizados de la Corte Penal Internacional”, expresó el primer ministro israelí en un comunicado en el que consideró que se trata de «una acción decisiva contra la campaña de difamación y mentiras dirigida contra el Estado de Israel». «Bajo el liderazgo del presidente Trump, los Estados Unidos está tomando acción decisiva contra la burocracia no electa que busca negar (…) el derecho a la defensa propia contra los regímenes terroristas», agregó en un mensaje posterior. No es la primera vez que el israelí desestima una moción de una corte internacional. La decisión de sancionar a nuevos miembros de la CPI se anunció pocas horas después de que Israel aprobara el plan de expansión de asentamientos en la zona «E1», adyacente a Jerusalén Este. Dicha expansión, ampliamente rechazada por la comunidad internacional. En julio del año pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) calificó la presencia israelí en los territorios ocupados como «ilegal» e instó a Israel a evacuar a sus colonos, desmontar el muro de separación y devolver las tierras a sus legítimos propietarios, desplazados desde 1967. Un ataque contra la independencia jurídica Por su parte, en un comunicado expedido tras el anuncio, la Corte Penal Internacional condenó las nuevas sanciones como “un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”, y afirmó que no se dejará intimidar por «amenazas o presiones». En un comunicado, la CPI expresó que respalda «firmemente» al personal sancionado y reiteró su compromiso con las víctimas de las “atrocidades inimaginables” que investiga en el enclave palestino, Afganistán, Filipinas y varios países africanos. La CPI fue creada por el Estatuto de Roma y está facultada para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son Estados Parte y no reconocen su autoridad. “La CPI seguirá cumpliendo su mandato en conformidad con el marco jurídico adoptado por los Estados Parte, sin atender a presiones externas”, afirmó el tribunal «Esto también constituye una afrenta contra los Estados Parte de la corte, las reglas del orden internacional y, sobre todo, a las millones de víctimas inocentes a través del mundo», apuntó la corte, que recordó que opera bajo el mandato de 125 países firmantes del Estatuto de Roma. La Corte instó a los Estados Parte y a quienes defienden los valores del Estado de derecho a respaldar su labor, centrada únicamente en “las víctimas de crímenes internacionales”. El gobierno de Francia se sumó a las críticas, ya que uno de los sancionados es el juez francés Nicolas Guillou. El Ministerio de Exteriores expresó su consternación por la medida y pidió a Estados Unidos retirar las sanciones, que consideró contrarias a la independencia judicial y al respeto institucional. “Francia expresa su solidaridad con los afectados por esta decisión y reafirma su apoyo inquebrantable a la CPI y su personal”, declaró el gobierno francés en un comunicado oficial. La ONU también cuestionó la medida. El portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, advirtió que las sanciones suponen un grave obstáculo para el trabajo de la Fiscalía en todos los casos abiertos. Reiteró que “la independencia judicial es un principio fundamental”, calificó la decisión de la Casa Blanca como “preocupante”, y remarcó que la CPI es un “pilar esencial de la justicia penal internacional”.
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