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Concordia » CN365
Fecha: 21/08/2025 12:52
El Gobierno nacional enfrentó este miércoles una fuerte crisis interna a raíz de la difusión de audios que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Finalmente, el presidente Javier Milei decidió desplazar de manera “preventiva” a Diego Spagnuolo, abogado y amigo personal del mandatario, quien estaba al frente del organismo. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial a través del decreto 599/2025, que también dispuso la remoción de Daniel María Garbellini, director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, designará un interventor en la Andis. En las grabaciones, que circularon en redes sociales y medios digitales, se alude al presunto cobro de sobornos a laboratorios que proveen medicamentos al organismo y se menciona a referentes cercanos al oficialismo, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Aunque Spagnuolo evitó confirmar o desmentir si es su voz la que aparece en los audios, el escándalo generó un fuerte ruido dentro de la Casa Rosada. Spagnuolo no respondió a las consultas respecto de si los audios que se le atribuyen son auténticos, si es su voz y si se trata de una conversación privada en la que él participó. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones por los audios. Los portavoces oficiales optaban por no responder si las grabaciones eran verídicas o no. Tampoco las desmentían. Hubo pedidos de explicaciones a Spagnuolo que, como primera reacción, dijo que no recordaba haber tenido una conversación como la que se difundió (y que parece grabada a escondidas en un ámbito público, como un restaurante). Se desconoce si hay más material de audio o fílmico y quién hizo esas grabaciones y las filtró. Entrada la noche, el Gobierno primero le reclamó a Spagnuolo que presente su renuncia y luego procedió a echarlo. El episodio también tuvo repercusión en el Congreso, donde legisladores opositores reclamaron explicaciones al Gobierno durante la sesión en la que se trató la ley de emergencia en discapacidad. Leandro Santoro (UP) pidió explicaciones y también Christian Castillo (FIT) y Pablo Juliano (Democracia por Siempre) hicieron referencia al presunto escándalo. En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia en Comodoro Py para que los audios sean investigados, causa que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello. El caso estalló en un contexto delicado para el sector de la discapacidad, con reclamos por la actualización de aranceles y la falta de respuestas oficiales en la órbita de Salud en general. En Diputados, el oficialismo estuvo lejos de frenar la embestida opositora para salvar la ley de emergencia en Discapacidad: inclusive dos diputados de La Libertad Avanza (LLA) como Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro votaron en contra del veto presidencial. También colaboraron con la oposición Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, legisladores que ganaron sus bancas como parte de la boleta de LLA en 2023 y que luego se pelearon con Martín Menem y conformaron su propio bloque. Mientras tanto, el Ejecutivo anunció que evalúa un aumento en las prestaciones, aunque supeditado a un proceso de revisión de pensiones por invalidez. Con la crisis que se agrava mes a mes en el sector de la discapacidad por la desactualización de los aranceles para los prestadores del sistema, el Gobierno hizo un gesto anticipatorio para tratar de retomar la iniciativa antes del revés legislativo y del papelón por los audios. Publicó un tuit oficial en el que anunció que el Poder Ejecutivo “está considerando” un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. En el Gobierno admiten que no reasignarán partidas si antes no se verifica un ahorro mediante la suspensión de pensiones por invalidez presuntamente mal otorgadas, un proceso que arrancó en marzo y que viene más lento de lo esperado. Quien estaba a cargo de esa auditoría sobre las pensiones por invalidez es la Andis, el área que quedó bajo la lupa por los presuntos audios atribuidos a Spagnuolo. El exfuncionario es un abogado sin antecedentes en el mundo de la discapacidad que en el pasado patrocinó a Milei en expedientes del fuero civil y fue designado en su cargo -que administra una caja importantísima- por la confianza que tenía con el Presidente. De acuerdo a los registros oficiales, es una de las personas con más ingresos a la quinta de Olivos. En los supuestos audios, Spagnuolo apuntaría a funcionarios que están debajo suyo y que responderían políticamente a “Lule” Menem. En los corrillos gubernamentales señalan al director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini, como un funcionario que reportaría al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia. La Andis es un organismo descentralizado cuyo control tutelar está en manos del Ministerio de Salud, a cargo de Lugones, otro de los funcionarios que por estas horas está bajo presión por el rol que tuvo la Anmat en la trama del fentanilo contaminado.
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