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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 21/08/2025 12:05
Una causa similar a la del fentanilo: sigue el juicio en el caso Yectafer por el hierro adulterado Cuatro personas murieron entre 2003 y 2004. Se supo que el medicamento contenía tres veces más de citrato de hierro que la medicina inyectable original. El juicio en el caso Yectafer por el hierro adulterado que entre 2003 y 2004 provocó cuatro muertes, continúa y la fiscalía solicitó penas de entre 7 y hasta 16 años de prisión para nueve de los acusados. Se trata de una causa similar a la del fentanilo contaminado, que ya generó al menos 96 fallecidos y por el que el dueño de los laboratorios, Ariel García Furfaro, fue detenido junto con directivos y accionistas. El titular de la Fiscalía General N°7, el fiscal general Miguel Ángel Osorio, solicitó penas de entre 7 y hasta 16 años de prisión para nueve de los acusados que están siendo juzgados por la fabricación y comercialización ilegal de un medicamento adulterado a base de hierro. A su vez, también se requirió una absolución y embargos por $1.140 millones para asegurar la reparación del daño a las víctimas. Conforme al escrito presentado por el Ministerio Público Fiscal, el juicio se inició en noviembre de 2023 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini. En su alegato, Osorio dio por acreditado que los acusados integraban una organización criminal que confeccionó ilegalmente el fármaco “Yectafer – hierro 5%” con sus propiedades adulteradas y luego lo volcó al mercado legal para su comercialización a través de una droguería. Se supo en la investigación que el medicamento contenía tres veces más de citrato de hierro que la medicina inyectable original. El fiscal destacó que en el juicio se probó la contaminación del lote N° 03100718 de Yectafer, con vencimiento en octubre de 2006, en el cual “se disimularon las propiedades nocivas a través de la falsificación e imitación del producto original, cuya elaboración autorizada corresponde al laboratorio Astrazeneca”. Los peritajes efectuados determinaron que el medicamento adulterado “contenía tres veces más de citrato de hierro que lo indicado en el envase como así también el PH y la densidad de la sustancia tampoco coincidían con la de la medicina inyectable original”. Además, se logró demostrar el “alto grado de sofisticación del grupo criminal dedicado a elaborar medicamentos falsos e implementar su circuito de comercialización clandestino”. Osorio detalló que algunos de los miembros de la asociación ilícita falsificaban los medicamentos de forma clandestina en un domicilio particular y “nutrían de productos ilícitos a la operación comercial marginal que realizaba la droguería Quimbel, que tenía como autoridades y dueños a Rabinovich y Gegenschatz”. El titular fiscal acusó a los responsables por cuatro muertes: Verónica Díaz (22), Luciana Giménez (26), Paulina Álvarez (35) y Osbel Roly Lombardi (80) y daños en 29 personas. Antes del cierre de sus alegatos, Osorio pidió que nueve de los diez imputados sean condenados por los delitos de asociación ilícita -en carácter de miembros- y adulteración y tráfico de medicamentos agravado por la muerte de cuatro personas. Para Roberto Enrique Gegenschatz y Daniel Leonardo Rabinovich, dueños de droguería Quimbel, pidió 16 años de prisión. Acerca de Pablo Jorge Cernadas, director de compras de dicha empresa, solicitó 15 años de cárcel. Víctor Julián Scattolini, que está acusado de aportar facturas truchas y es señalado también por los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y uso de documento privado falso, pidió 13 años de prisión. Respecto a Miguel Cervera y Sandra Vitale, dueños de Ampopck y Ampovit respectivamente, se los acusa de proveer las ampollas y las cajas para el medicamento adulterado, a Adrián Jorge Quintela, por aportar facturas truchas, y Alberto Mario Akawie, por cobrar cheques en la maniobra. A los cuatro solicitó 12 años de cárcel. Por último, a Diego Hernán Manzotti, chofer en Quimbel, se pidió 7 años de prisión. Es el único que fue acusado en calidad de partícipe secundario en los delitos de adulteración y tráfico de medicamentos. En el caso del décimo imputado, Santiago Lucio Gavazza, la fiscalía requirió la absolución por los hechos por los cuales llegó acusado a juicio. A efectos de asegurar la reparación del daño, Osorio solicitó que se decomisen “todos los bienes instrumento del delito a los efectos de poder materializar la indemnización con el objeto de destinarlo a la reparación plena del daño ocasionado a las víctimas”. Para que se puedan concretar las indemnizaciones, instó que “se decreten los embargos preventivos respecto de Rabinovich, Gegenschatz, Cernadas, Quintela, Akawie, Scattolini, Manzotti, Vitale y Cervera por el monto de $1.140 millones”. La causa tuvo a otros cinco imputados que no llegaron a esta instancia del juicio porque fallecieron a lo largo de la investigación. Entre ellos estaban quienes, para la fiscalía, montaron el laboratorio clandestino donde se elaboró el Yectafer adulterado, Ángel Luis Cirullo y Carlos Guido Maidana, quienes estaban imputados como jefe y organizador, respectivamente, de la asociación ilícita. Tras el pedido de penas formulado por la fiscalía, el TOCF N°3 dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 2 de septiembre, cuando se dará inició a los alegatos de las defensas. compartir
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