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Parana » AIM Digital
Fecha: 21/08/2025 09:35
El Gobierno enfrenta una crisis profunda en el área de Discapacidad luego de que se difundieran audios que comprometen al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sobre presuntos cobros de sobornos a laboratorios que proveen al organismo. Tras un día de total silencio, el presidente Javier Milei desplazó al funcionario y designó al Ministerio de Salud para intervenir la agencia. Los audios, que circularon en redes sociales y plataformas de streaming, mencionan supuestos retornos solicitados a laboratorios, aluden a la participación de una droguería vinculada al Estado y hacen referencia a la supuesta implicación de Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei en la trama. Se desconoce el origen de las grabaciones, su veracidad y si existen más materiales similares. El desplazamiento de Spagnuolo se produjo luego de intensos reclamos de la oposición en la Cámara de Diputados, que exigió explicaciones y criticó la falta de transparencia del Gobierno. La medida se formalizó mediante el Decreto 599/2025, que también removió a Daniel María Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Spagnuolo, un abogado sin experiencia previa en el área de discapacidad y cercano al Presidente, no respondió sobre la autenticidad de los audios ni sobre su participación en las conversaciones. La Andis, bajo su supervisión, llevaba adelante auditorías de pensiones por invalidez, un proceso que ahora queda bajo la lupa por los presuntos hechos de corrupción. La crisis se da en un momento de extrema sensibilidad en el sector de la discapacidad, con aranceles desactualizados y reclamos pendientes de los prestadores del sistema. Mientras tanto, el Gobierno anunció un aumento “considerando” a las prestaciones, condicionado a la verificación de supuestos ahorros, medida que no será inmediata. La situación evidencia un descontrol interno del Gobierno, con funcionarios desplazados, procesos de auditoría paralizados y una fuerte presión política en el Congreso y en los tribunales. La Andis, organismo descentralizado bajo la tutela del Ministerio de Salud, ahora queda intervenido, mientras se mantiene la incertidumbre sobre la existencia de más grabaciones comprometedoras y la implicancia de otros funcionarios en la trama.
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