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» Comercio y Justicia
Fecha: 21/08/2025 09:10
El avance de la investigación por la distribución de fentanilo contaminado sumó en las últimas horas un nuevo capítulo clave: la detención de la cúpula directiva del grupo farmacéutico HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, en el marco de una causa que ya contabiliza 87 muertes confirmadas y otras 9 en investigación en distintas provincias del país. La Justicia federal ejecutó una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N°3 de La Plata, en los que fueron detenidos Diego y Damián García Furfaro, quienes controlaban operativamente ambas compañías. También fue arrestada su madre, Nilda Furfaro, accionista y actual vicepresidenta de HLB Pharma. La jornada tuvo momentos de incertidumbre cuando, al llegar los efectivos de Gendarmería al lujoso country San Diego, en Moreno, no encontraron en su domicilio a Ariel García Furfaro, principal accionista y dueño de los laboratorios. Su paradero fue desconocido durante más de dos horas, lo que generó tensión en el operativo. Finalmente, poco antes de las 23, García Furfaro se entregó de forma voluntaria junto a su abogado en la alcaidía de Ezeiza. Un caso de “criminalidad compleja” En el dictamen que ordena las detenciones, la fiscal María Laura Roteta calificó la causa como un caso de “criminalidad compleja”, en el que confluyen múltiples víctimas y una estructura empresarial organizada. La investigación se disparó en abril pasado, tras un brote de muertes vinculadas al consumo de fentanilo adulterado, y hasta el momento dejó un saldo fatal de casi un centenar de víctimas. Además del núcleo familiar, las detenciones alcanzaron a Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios; los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio; el director técnico de HLB Pharma, José Antonio Maiorano; el presidente de Laboratorios Ramallo, Horacio Tallarico; y Rodolfo Labrusciano, quien figura como director suplente. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional Argentina (GNA), en coordinación con el juzgado de La Plata. Las autoridades judiciales no descartan nuevas imputaciones a medida que avancen los peritajes. Un escándalo con ramificaciones nacionales El caso, que conmociona al país, tuvo sus primeros reportes de víctimas en la provincia de Buenos Aires, pero rápidamente se expandió a otras jurisdicciones. Las autoridades sanitarias federales colaboran con la investigación, que apunta a determinar las fallas en la cadena de producción y distribución de los opioides adulterados. Mientras se espera la declaración indagatoria de los detenidos, los investigadores siguen trabajando para establecer el grado de responsabilidad de cada integrante del organigrama empresarial y técnico de los laboratorios. La magnitud del escándalo sacude al sector farmacéutico y abre interrogantes sobre los mecanismos de control y fiscalización del sistema de salud.
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