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CABA » Plazademayo
Fecha: 20/08/2025 14:43
El juez Marcelo Bruno Dos Santos cerró la demanda por inactividad procesal. El Gobierno anticipó que apelará el fallo. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá afrontar el pago de una indemnización de 22.300 millones de pesos al Estado argentino en el marco de la causa Vialidad. El juez en lo civil y comercial Marcelo Bruno Dos Santos declaró la caducidad del proceso civil, argumentando que Vialidad Nacional no impulsó el expediente durante el plazo legal de seis meses. La decisión implica el cierre del reclamo económico iniciado en 2008, aunque el Gobierno nacional ya anticipó que apelará la resolución. La defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Luis Goldin, había solicitado al juez el cierre del proceso por inactividad. Según sus argumentos, desde el 19 de octubre de 2023 no se registraron actos procesales que permitieran suspender los plazos. La última actuación “con aptitud impulsoria del proceso” dataría del 17 de marzo de 2023. Contando el receso judicial, el plazo de seis meses previsto por el Código Procesal estaría cumplido, lo que habilitó al juez Dos Santos a declarar la caducidad. Por su parte, Vialidad Nacional negó la existencia de inactividad procesal, e intentó sumar a la causa civil los avances, pruebas y sentencias obtenidas en el fuero penal, especialmente tras la condena penal a CFK por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Aseguraron que el expediente estaba en condiciones de avanzar y señalaron que el pedido de caducidad por parte de la defensa ya había sido rechazado anteriormente. El juez, sin embargo, cuestionó el accionar del organismo estatal. Indicó que el Juzgado 11 había ordenado la digitalización del escrito de demanda, pero que esa instrucción no fue cumplida oportunamente. Además, destacó que la actora tampoco advirtió esa omisión, lo cual, a su entender, impidió el avance hacia una sentencia definitiva. La causa civil buscaba una compensación económica al Estado por los perjuicios ocasionados en el marco de las irregularidades detectadas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Con la resolución de Dos Santos, ese reclamo queda sin efecto, salvo que prospere la apelación que presentará el Gobierno nacional.
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