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Concordia » Libre Entre Rios
Fecha: 20/08/2025 11:45
Compartilo con La propuesta de privatización Enersa y Salto Grande ha reavivado un intenso debate en Entre Ríos, marcando un punto crucial en la antesala de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Las declaraciones de Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador por La Libertad Avanza (LLA), a favor de desestatizar estas empresas, han encontrado una enérgica respuesta, especialmente desde el Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande (SI.A.TRA.SA.G.), quienes defienden el rol estratégico y social de ambos organismos como patrimonio inalienable de los entrerrianos y argentinos. Privatización de Enersa y Salto Grande: un modelo en disputa para Entre Ríos El panorama político y económico de Entre Ríos se ve sacudido por la contundente propuesta de desestatización de empresas públicas, particularmente Enersa y Salto Grande, impulsada por Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador por La Libertad Avanza. Su visión, profundamente arraigada en el liberalismo, sostiene que “cualquier empresa estatal debería privatizarse” para fomentar la eficiencia y erradicar la corrupción, proyectando un Estado reducido a sus funciones esenciales de justicia y seguridad. Para Benegas Lynch, la privatización de Enersa y Salto Grande se enmarca en un proceso de transformación nacional que busca “hundir el pasado de decadencia, de pobrismo y de corrupción” atribuido al estatismo, prometiendo que el sector privado, al ser el mercado quien decide, generaría mayor prosperidad, inversión y salarios reales. Esta postura ha chocado frontalmente con la férrea oposición de diversos actores políticos y sociales en la provincia, que ven en ella una amenaza a la soberanía y al bienestar de los entrerrianos. El Partido Justicialista de Entre Ríos, a través de Guillermo Michel, Enrique Cresto y Marcelo Casaretto, ha criticado duramente la iniciativa. Michel ha cuestionado el argumento económico al señalar que Enersa reportó ganancias significativas en su último balance, desvirtuando la idea de ineficiencia. Cresto, por su parte, ha recalcado que la energía debe ser vista como un “derecho y un recurso estratégico”, y no meramente como un negocio. Casaretto ha añadido la complejidad de Salto Grande como ente binacional, cuya privatización requeriría un acuerdo con Uruguay, lo que la hace, a su entender, inviable sin una negociación internacional. SIATRASAG alza la voz: Salto Grande como emblema y motor de desarrollo La voz más articulada y profunda en esta disputa es la del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande (SI.A.TRA.SA.G), quienes, recordando la histórica bandera del “No A La Privatización de Salto Grande” de hace 30 años, se pronuncian contra las afirmaciones de Benegas Lynch. Para SI.A.TRA.SA.G., Salto Grande es mucho más que una empresa: es un “patrimonio de los entrerrianos y los argentinos”, un “emblema de Entre Ríos” que representa la historia de un pueblo que luchó por un proyecto “trascendental y transformador”. Desde una perspectiva económica, el sindicato subraya que Salto Grande, con más de 40 años de operación, es un “ejemplo a nivel mundial de eficiencia, calidad, eficacia”, produciendo la energía “más barata de todo sistema eléctrico argentino”, superando “por lejos a todas las generadoras privadas”. Su rol es crucial para la estabilidad del sistema interconectado nacional, aportando más del 4% del consumo eléctrico, permitiendo la transmisión de energía, la regulación de frecuencia y facilitando el comercio energético con países vecinos. SI.A.TRA.SA.G. la define como un “activo estratégico, solvente y de una reputación inapelable”, un “modelo de gestión público en función de los intereses nacionales”. Pero la defensa del SI.A.TRA.SA.G. va más allá de los números y la eficiencia. El sindicato enfatiza el arraigo de Salto Grande en la identidad entrerriana, siendo “parte de la historia de Concordia y Federación”. Destacan su presencia permanente en las comunidades, trascendiendo gobiernos y partidos políticos, a través de una “sostenida inversión pública”. Esta inversión se ha traducido en obras de infraestructura, puesta en valor de espacios públicos, e inversión directa en escuelas, hospitales, clubes y centros de salud. Han provisto ambulancias, tomógrafos, angiógrafos, equipamiento e insumos médicos (esenciales durante la pandemia), así como puntos digitales, programas educativos, deportivos y culturales. Han realizado mejoras en escuelas y clubes de barrios, pasantías, instancias de formación e investigación, y brindado asistencia técnica permanente a municipios y organizaciones civiles. El sindicato es categórico al afirmar que Salto Grande “significa oportunidades, potencialidades y respuestas reales en cada una de las localidades que conforman la región”. Privatización Enersa y Salto Grande: ¿Qué cambia y cómo afecta a Entre Ríos? El SIATRASAG se opone a la privatización de Enersa y de la represa de Salto Grande, defendiendo su rol esencial y su legado entrerriano. La propuesta de privatización Enersa y Salto Grande implica un giro drástico en el modelo de gestión provincial. Si bien Benegas Lynch sostiene que este cambio conduciría a una mejora en los servicios, la oposición, y particularmente el SI.A.TRA.SA.G., advierten sobre un posible desfinanciamiento y la pérdida de un activo que ha demostrado ser rentable y eficiente bajo gestión estatal. Un cambio de modelo podría significar un aumento en las tarifas de servicios para los ciudadanos de Entre Ríos, ya que las empresas privadas buscan maximizar ganancias, priorizando la rentabilidad sobre el acceso o el carácter social del servicio. La experiencia de la década de los ’90, donde Enersa fue privatizada y luego debió ser rescatada por el Estado provincial tras el abandono del inversor privado, es un antecedente que genera profunda preocupación y es esgrimido como un argumento central por la oposición y el SI.A.TRA.SA.G. para rechazar nuevos intentos de entrega de activos estratégicos. En el caso de Salto Grande, la ciudadanía ya se manifestó en contra de su privatización en una consulta popular histórica, lo que refuerza la idea de que es un bien colectivo que el pueblo entrerriano considera propio y ha defendido con “el sudor, el compromiso y la lucha”. Impacto en personas e instituciones de salud y la vigencia de los cambios Aunque las declaraciones de Benegas Lynch se centraron en las empresas energéticas, su visión de privatización abarca “cualquier empresa estatal” e incluye críticas a los sistemas de salud y educación públicos. Si esta lógica se extendiera, las instituciones de salud provinciales en Entre Ríos podrían enfrentar un escenario de desfinanciamiento o eventual traspaso a manos privadas. Esto podría implicar una reconfiguración de los servicios, con el riesgo de una mayor segmentación y una posible disminución en la accesibilidad y calidad de la atención para aquellos que dependen del sistema público. El SI.A.TRA.SA.G. y otros opositores sugieren que ceder un “Organismo eficiente y sin déficit a intereses privados” solo beneficiaría a “los mismos de siempre” que buscan hacer negocios con “recursos públicos”. En cuanto a la entrada en vigencia, los cambios no serían inmediatos. Primero, las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 son cruciales para determinar la composición del Congreso Nacional. Si La Libertad Avanza obtuviera las mayorías necesarias, debería impulsar leyes para la desestatización, lo que implicaría un largo y complejo proceso legislativo. Además, para Salto Grande, cualquier privatización requeriría un acuerdo bilateral con Uruguay, dada su naturaleza binacional. La fuerte resistencia política y social, como la expresada por el SI.A.TRA.SA.G. que convoca a “todos los actores sociales a defender lo que es de todos”, sugiere que cualquier intento de privatización enfrentaría una movilización y oposición considerables, lo que prolongaría o incluso impediría su concreción. La realidad en Entre Ríos, por tanto, se presenta como un campo de batalla ideológico donde dos modelos se enfrentan: el de la desregulación total y la primacía del mercado, y el de la defensa de la soberanía estatal sobre recursos estratégicos y servicios esenciales. El futuro de Enersa y Salto Grande, y con ellos, el de la provisión de energía y la injerencia del Estado en la vida de los entrerrianos, pende de un hilo en el próximo proceso electoral y la capacidad de resistencia de los actores sociales.
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