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CABA » Plazademayo
Fecha: 19/08/2025 18:32
Un juzgado federal declaró inconstitucional la decisión del Presidente y ordenó garantizar las prestaciones a dos menores con trastornos del desarrollo. En un fallo que marca un fuerte precedente judicial, el Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional el veto del presidente Javier Milei a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La resolución judicial hizo lugar a un amparo presentado en defensa de dos niños de 11 años con trastornos del desarrollo, cuyas instituciones educativas se encontraban en riesgo de cierre por falta de financiamiento. El juez a cargo, Adrián González Charvay, consideró que la maniobra del Ejecutivo vulnera compromisos internacionales asumidos por Argentina, entre ellos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional. En los fundamentos del fallo, el magistrado sostuvo que el veto presidencial configura un acto de «discriminación hacia personas con discapacidad», especialmente hacia menores que se encuentran en situación de doble vulnerabilidad. La medida judicial garantiza la restitución de las prestaciones previstas en la ley para los dos menores involucrados, lo que representa un fuerte revés para el Gobierno Nacional, que había fundamentado el veto en razones fiscales. La Ley 27.793 fue sancionada por el Congreso el pasado 10 de julio con una amplia mayoría. La norma contempla, entre otras disposiciones, el fortalecimiento del financiamiento a centros terapéuticos y escuelas especiales, actualizaciones de prestaciones, y un refuerzo a las pensiones no contributivas. A pesar del veto presidencial, que debía ser ratificado por al menos un tercio de los presentes en alguna de las cámaras, la Justicia actuó de forma anticipada frente al reclamo de una situación concreta, generando un precedente que podría limitar futuras decisiones similares por parte del Poder Ejecutivo. Aunque el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo, la decisión del juez González Charvay refuerza la vigencia de los tratados internacionales incorporados a la Constitución y pone el foco en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en el país.
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