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Parana » Ahora
Fecha: 19/08/2025 12:28
En mayo de 2021, un operativo policial en la ciudad de Diamante que comenzó como una investigación por robo derivó en una causa judicial de alto impacto institucional. Dos policías están siendo investigado por presunta privación ilegal de libertad y falsificación de pruebas, luego de que se detectaran serias irregularidades en el procedimiento de detención de un hombre, con antecedentes penales. Según la investigación liderada por la fiscal Sofía Patat, los funcionarios Camila Monzón y Fernando Miño habrían detenido al sospechoso en un lugar distinto al que figura en las actas oficiales. Al parecer, los funcionarios arrestaron al acusado, que hoy está preso por otros hechos delictivos, y lo trasladaron al sitio donde ocurrió el robo. Aunque los policías alegaron que el arresto se produjo en el sitio del robo —una camioneta de la que se sustrajeron equipos de audio—, la evidencia sugiere que el detenido fue trasladado desde otro lugar y que los objetos robados fueron colocados posteriormente para simular que los llevaba consigo. Estas inconsistencias generaron dudas sobre la legalidad del procedimiento y llevaron a la Fiscalía a solicitar la imputación de los funcionarios involucrados. El juez de Garantías, Elvio Garzón, rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa y dispuso elevar la causa a juicio. Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la falta de coherencia entre las declaraciones de los policías y la versión del detenido. Mientras los agentes aseguran que los objetos robados fueron incautados en el momento del arresto, la víctima del robo sostiene que los elementos fueron colocados por los propios oficiales. La defensa, encabezada por el abogado Nelson Schlotahuer, cuestionó en la audiencia anterior la imparcialidad de la investigación, señalando que la Fiscalía dio mayor credibilidad a la versión de una persona con antecedentes penales. Además, argumentó que algunos de los policías actuaron bajo órdenes directas de un superior, lo que podría eximirlos de responsabilidad si se comprueba que simplemente cumplían con su deber. El juez Garzón determinó rechazar el pedido de sobreseimiento y elevar a juicio el legajo. En caso de ser hallados culpables, los policías podrían enfrentar penas de prisión condicional de hasta dos años, además de una inhabilitación doble que les impediría continuar en funciones dentro de las fuerzas de seguridad.
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