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Parana » ER 24
Fecha: 19/08/2025 10:54
Los directivos del Colegio de Corredores Inmobiliarios María Paula Armándola, Iara Defazi, Hugo Urbani y otros serán denunciados penalmente por vaciamiento ilícito Sigue la polémica en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. El viernes último, un grupo de 95 corredores denunciaron mediáticamente una serie de supuestas irregularidades en gastos y pidieron la remoción del Comité Ejecutivo. Ahora, amenazan con llevar la situación a la Justicia. En un comunicado, los matriculadores señalaron: «Mientras los matriculados solicitaron la remoción del Comité Ejecutivo, el Colegio eligió dar explicaciones a la prensa y no a sus propios corredores. Contestó públicamente que ‘no puede incluirse en el orden del día por cuestiones formales’, pero a los colegiados —quienes hicieron el planteo— les respondió con un silencio total». Y agregaron: «Lo más grave del asunto es que en paralelo se incorporó hoy lunes 18, a 4 días de la Asamblea, la rendición de cuentas del Consejo Directivo, que nunca estuvo en la convocatoria original. Esa inclusión, siguiendo la lógica de las autoridades, es irregular y carece de validez, porque el orden del día ya había sido publicado y la rendición de cuentas no formaba parte de la convocatoria legalmente realizada». «Es decir: para bloquear el pedido de remoción alegan formalidades; pero para sumar la rendición de cuentas, no existe obstáculo alguno. La propia placa de convocatoria difundida por el Colegio los deja en evidencia», puntualizaron. En esa línea, remarcaron que «la normativa es clara: cuando el 5% del padrón promueve la remoción, la conducción tiene la obligación de convocar a Asamblea para tratarla. Negarse a hacerlo, además de ser una maniobra dilatoria, vulnera derechos de los matriculados y erosiona la vida democrática de la institución». Acto seguido, refirieron: «Lo más preocupante es que ahora pretenden rendir cuentas de algo que nunca se les solicitó, cuando sigue pendiente la información sobre los gastos realizados con la tarjeta de crédito institucional por Presidencia, respecto de la cual los colegiados aún esperan respuestas». Por último, los corredores advirtieron que «de persistir esta negativa, no quedará otra alternativa que recurrir a la Justicia para que se respete la normativa vigente y se garantice la transparencia institucional». «Pretenden hacer oídos sordos al pedido de remoción, sanear los gastos mal habidos y blindar su responsabilidad, posiblemente de carácter penal», cerraron.
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