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» Comercio y Justicia
Fecha: 19/08/2025 06:00
La Sociedad Rural de Jesús María, una de las organizaciones más influyentes del campo en el interior del país, renovó su reclamo contra el cobro por parte de los municipios cordobeses, de las llamadas “guías de hacienda”, un tributo que considera injusto, regresivo e inconstitucional. Lo hizo a través de un comunicado en el que la entidad denuncia un “mecanismo recaudatorio” casi perverso, aplicado al simple movimiento de ganado en la provincia, que a lo largo de los años “generó miles de millones de pesos sin destino conocido, sin ofrecer a cambio ningún servicio tangible para los productores rurales ni para las comunidades locales”. En rigor de verdad, la problemática no es exclusiva de Córdoba, sino que resuena en otras provincias como Buenos Aires y La Pampa, donde los productores enfrentan una carga fiscal creciente que amenaza su competitividad. Aunque es en Córdoba donde el reclamo cobra más fuerza e incluso ha llegado al despacho del gobernador Martín Llaryora, que recibió al sector y escuchó este reclamo. Recaudación millonaria “sin retorno” Según el comunicado de la Sociedad Rural de Jesús María, las guías de hacienda, un tributo que grava cada cabeza de ganado trasladada, habrían recaudado aproximadamente 13.500 millones de pesos en Córdoba entre 2024 y lo que va de 2025. Solo en 2024, se movilizaron 7,76 millones de animales (bovinos y porcinos) en la provincia, generando más de 8.537 millones de pesos, de los cuales 1.841 millones correspondieron a la región del Arco Noroeste. En 2025, hasta la fecha, la cifra asciende a 5.038 millones de pesos a nivel provincial, con 1.100 millones en esa misma región. Estos cálculos se basan en un costo promedio de 1.100 pesos por animal, aunque en algunos municipios, como los de la provincia de Buenos Aires, el monto puede llegar a 6.000 pesos por cabeza enviada a faena, representando hasta un 1,2% del valor de una vaca de descarte. Lo que más indigna a los productores es la falta de contraprestación. “Las guías no representan una prestación de servicio, no mejoran caminos, no aportan al control sanitario, no financian infraestructura local”, reza el comunicado. En efecto, el dinero recaudado parece desvanecerse en “cajas sin nombre”, sin trazabilidad ni rendición de cuentas. Esta opacidad es particularmente grave en un sector que enfrenta márgenes ajustados y una presión fiscal que, según el gobierno provincial de Córdoba, alcanza el 94% en impuestos nacionales, 4% en provinciales y 2% en municipales. Tributo “inconstitucional” La Sociedad Rural argumenta que las guías de hacienda funcionan como una “aduana interior”, una práctica expresamente prohibida por el Artículo 11 de la Constitución Nacional, que establece la libre circulación de bienes dentro del país. Sin embargo, decenas de municipios y comunas en Córdoba y otras provincias han encontrado en este mecanismo una fuente de ingresos fácil y sostenida, aplicada incluso al traslado de ganado entre campos del mismo propietario. “Se trata de un sinsentido que encarece los costos, dificulta la comercialización y empobrece a los actores más pequeños”, señala el comunicado. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) comparte esta preocupación. Según sus estimaciones, en Buenos Aires, la tasa vial, otro impuesto municipal que a menudo se suma a las guías, recaudará 165.000 millones de pesos en 2025 en 103 municipios, un aumento del 40% en términos reales desde 2019. En algunos casos, como en Florentino Ameghino, las guías alcanzan los 6.107 pesos por animal, mientras que en La Pampa, el costo para trasladar un novillo fuera de la provincia puede llegar a 6.090 pesos. Estas cifras, combinadas con nuevos tributos municipales bajo conceptos vagos como “seguridad rural” o “higiene”, agravan la carga sobre los productores. Impacto en la competitividad En todos los casos, el impacto económico de las guías de hacienda aparece como significativo. En Buenos Aires, la tasa vial representa más del 4% del costo de arrendamiento de tierras, mientras que las guías pueden equivaler al 1,2% del valor de un animal. Para los pequeños productores, que carecen de economías de escala, esta presión fiscal puede ser devastadora. Además, en un contexto de competencia global, estos costos adicionales reducen la competitividad del campo argentino, especialmente en mercados de exportación donde los márgenes son ajustados. “Este mecanismo, lejos de promover el desarrollo local, lo estrangula”, afirma la Sociedad Rural de Jesús María. La entidad destaca que, mientras los productores enfrentan estos costos, los municipios no reinvierten los fondos en mejoras concretas, como caminos rurales o controles sanitarios, esenciales para la actividad agropecuaria. En cambio, las guías se han convertido en una herramienta de recaudación opaca, que beneficia a las arcas municipales sin ofrecer retornos visibles. ¿Comienza un cambio? A pesar de la generalización de esta práctica, algunos municipios han tomado medidas para eliminar las guías de hacienda. Jesús María, La Cesira y General Cabrera, en Córdoba, son ejemplos destacados que la Sociedad Rural celebra como modelos a seguir. Estas localidades han demostrado que es posible prescindir de este tributo sin comprometer sus finanzas, lo que plantea la pregunta: ¿Por qué no pueden hacerlo otras? Carbap y otras entidades rurales están impulsando reformas legislativas para limitar la autonomía municipal en la creación de tributos y exigir que las tasas estén vinculadas a servicios específicos y auditables. También piden sanciones para los municipios que malversen fondos. En Córdoba, el gobierno provincial ya supo reconocer la alta carga impositiva sobre el sector, ofreciendo algunas postergaciones tributarias, pero las guías de hacienda siguen siendo todavía un punto de fricción. Un llamado a la acción La Sociedad Rural de Jesús María y otras organizaciones del campo están decididas a no bajar los brazos. Su comunicado no solo denuncia la injusticia de las guías de hacienda, sino que también llama a la acción para eliminar este “impuesto encubierto” que, según sus palabras, “vive del esfuerzo productivo sin ofrecer nada a cambio”. La eliminación de estas tasas, junto con una mayor transparencia en el uso de los recursos municipales, podría aliviar la presión sobre los productores y fomentar un desarrollo más equitativo en el interior del país. Por supuesto, el debate sobre las guías de hacienda pone en evidencia una tensión más amplia entre los gobiernos locales, necesitados de ingresos, y un sector productivo que reclama reglas claras y justas. Con miles de millones de pesos en juego, la resolución de este conflicto será clave para el futuro de la relación entre el campo, los productores y la dirigencia política, especialmente sensible en el actual período electoral.
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