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Parana » Informe Digital
Fecha: 16/08/2025 16:02
Superman ha logrado detener a la bestia y llevarla a la razón. Argentina preservó el 51% de las acciones de YPF gracias a la intervención de un superhéroe judicial que comprendió que lo exigido por Burford Capital, respaldado por la jueza Loretta Preska, era una utopía. Este superhéroe se llama Steven J. Menashi, juez de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, quien dirigió el fallo de fondo y facilitó que el gobierno de EE.UU. se convirtiera en gran defensor del país en sus tribunales. La decisión implica que Argentina no tendrá que ceder el 51% de las acciones estatales hasta que se resuelva la apelación, un proceso que podría extenderse hasta finales de año o incluso 2026. Además, se autorizó la participación del Departamento de Justicia estadounidense como amicus, apoyando la posición argentina. El fallo asegura que la República mantenga el control mayoritario de la petrolera mientras avanza el proceso, un paso crucial en la defensa de un activo estratégico. La Corte de Apelaciones suspendió la orden de entrega emitida el 30 de junio, sin afectar la apelación de fondo contra la sentencia de septiembre de 2023, que condenó al país a pagar US$ 16 mil millones más intereses. Esta decisión es resultado de décadas de estatismo y políticas intervencionistas. A lo largo de más de diez años, diversas administraciones no lograron resolver el litigio. Hoy, bajo la dirección de Javier Milei, Argentina está utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger los intereses nacionales. La segunda instancia reconoció que el fallo de Preska se extralimitó al avalar el reclamo de Burford y Eton Park, quienes buscaban embargar el 51% de las acciones. Si se hubiera acatado, el 31 de julio el Gobierno habría tenido que transferir papeles por aproximadamente US$ 6.300 millones, que representa solo una fracción de la condena total. El escrito urgente presentado por los abogados de Sullivan & Cromwell el 18 de julio fue fundamental: explicaron que, aunque Milei deseara entregar las acciones (y no lo quiere), sólo podría hacerlo mediante una ley del Congreso aprobada por dos tercios de los presentes, lo cual resulta inviable antes del plazo establecido por Preska. Esta imposibilidad fue ignorada por la jueza, quien el 10 de julio reafirmó su decisión y amenazó con declarar a Argentina en desacato. Sin la intervención de la Cámara, el 1° de agosto esa habría sido la realidad, elevando el riesgo país por encima de mil puntos. Entonces apareció el “Superman” de Manhattan. Menashi, nombrado por Donald Trump y con un perfil conservador, asumió el caso, suspendió la entrega de acciones, separó las responsabilidades de YPF, estableció plazos de reflexión y anunció un Comité de Negociaciones para explorar un acuerdo de pago. Fui más allá: afirmó que Argentina no podía cumplir con el fallo de Preska, reconoció la protección legal de las acciones y abrió la posibilidad de revisar el monto de US$ 16 mil millones, considerándolo excesivo. En Buenos Aires se interpreta que Menashi actúa con cierta camaradería conservadora, ayudando al país. La semana anterior, la Cámara también había cerrado favorablemente el caso relacionado con el manejo del PBI 2013 y el no pago del cupón atado a crecimiento, lo que significó un ahorro de US$ 450 millones para Argentina. De este modo, el país se beneficia de un viento judicial favorable desde el Distrito Sur de Manhattan, con un jurado más dispuesto a considerar sus dificultades para cumplir con el fallo de primera instancia sobre la reestatización de YPF. Es importante revisar el origen: el juicio no es por la reestatización per se, sino por la manera en que se llevó a cabo. El estatuto de privatización de 1992 incluía una oferta pública de adquisición (OPA) para cualquier compra de acciones privadas. Desde que en 1993 Argentina comenzó a cotizar parte de YPF en la Bolsa de Nueva York, aceptó las normas de la SEC, que imponían la aplicación de la OPA. En 2012, al pagar US$ 6 mil millones a Repsol, dicha OPA no fue aplicada. Además, se dejó de distribuir dividendos, perjudicando al Grupo Petersen, que había acordado financiar parte de su 25,46% con esos fondos. Sin dividendos, Petersen cayó en concurso y luego en quiebra en Madrid. El síndico vendió la causa el 4 de mayo de 2015. Burford la adquirió por US$ 15 millones a través de Prospect Capital, y luego invirtió US$ 70 millones más. En septiembre de 2015 presentó la demanda en Nueva York, que recayó en la jueza Preska, heredera de Thomas Griesa. En marzo de 2019, la jueza dictó que las normas de la SEC tienen prioridad sobre las leyes locales. En septiembre de 2023, falló a favor de Burford y Eton Park, señalando que Argentina debía extender a todos los accionistas la oferta hecha a Repsol. La jurisprudencia estadounidense respaldaba esta obligación: si el país cotizaba en Wall Street, debía cumplir las normas del mercado de capitales norteamericano.
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