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Parana » Informe Digital
Fecha: 15/08/2025 17:11
La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó, de manera unánime, la suspensión y apertura de juicio político al juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Martín Poderti, por mal desempeño en sus funciones. Este magistrado ha sido acusado de haber sustraído 144 monedas de oro de una causa judicial cuando ejercía como secretario en la justicia federal de San Martín. Los consejeros Luis Juez, Álvaro González, César Grau, Alberto Maques, Rodolfo Tailhade y María Fernanda Vázquez respaldaron la apertura del proceso contra Poderti, una decisión que ahora debe ser ratificada por el plenario del Consejo. El Consejo de la Magistratura es presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. De acuerdo con la investigación de la comisión de Acusación, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, cuando era secretario del juzgado federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Isidro, Poderti ingresó en 19 ocasiones a la caja de seguridad de la sucursal San Isidro del Banco de la Nación Argentina y sustrajo 144 monedas de oro que habían sido secuestradas en el marco de una causa por presunto narcotráfico. La pesquisa reveló que en algunas de las ocasiones en que acudió al banco, Poderti estaba de licencia. Para acceder a su cargo como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Poderti obtuvo el acuerdo del Senado. En la comisión de Acusación se debatió si los hechos que se le imputan habían sido considerados por la Cámara alta en el momento de concederle el acuerdo para su nombramiento. Si dichos hechos hubieran sido evaluados, ni el Consejo ni el jurado podrían avanzar, ya que implicaría un avance sobre otro Poder del Estado. Al no haber sido analizados por el Senado, se pudo proceder, dejando a Poderti al borde del juicio político. “Obsérvese (…) que quien se encuentra dotado de una alta investidura estatal para juzgar actualmente a otros ciudadanos por conductas ilícitas, como puede ser un robo, resultaría, paradójicamente, un ladrón. En ese contexto, es imprescindible ordenar la inmediata suspensión del juez”, afirmaron los consejeros. Y advirtieron: “(…) Todas las imputaciones formuladas revisten tal gravedad que pueden derivar en posibles pedidos de recusación en su labor como magistrado, planteos de nulidad, entre otras cuestiones de peso que conspiran contra la correcta administración de justicia o el éxito de este procedimiento disciplinario”. Además del juicio político que podría llevar a su destitución, Poderti se encuentra procesado en una causa penal por el delito de malversación de caudales públicos y enfrenta un embargo de 190 millones de pesos. A juicio oral El 9 de abril de 2024, ya como juez del TOF de Mar del Plata, se detectó el faltante de las monedas. Durante la investigación, a partir de filmaciones y registros del Banco Nación, sucursal San Isidro, se determinó que el magistrado ingresó 19 veces en el sector de cajas de seguridad. Los investigadores concluyeron que, mientras se desempeñó como secretario, Poderti fue la única persona con acceso a la caja de seguridad. El magistrado reconoció dichos ingresos, argumentando que actuó por “un exceso de celo profesional para resguardar documentación, papeles de trabajo muy sensibles”. “Soy un funcionario honesto, lo he sido durante los 31 años de carrera judicial que tengo a mi haber. Me preparé durante todo ese tiempo para alcanzar y honrar el cargo que hoy ostento”, defendió Poderti. Las monedas de oro, valoradas en 200.000 dólares, desaparecieron en un periodo que aún no se ha podido determinar, que va desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 9 de febrero de 2023. Eran propiedad de Rodolfo Tamborini, quien terminó absuelto por la Justicia. A pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella, el juez federal de San Martín Emiliano Canicoba elevó la causa a juicio, decisión que fue ratificada por la Cámara Federal con los votos de los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, quien representa a los magistrados del Consejo de la Magistratura. Para dicha ratificación se consideró que no se observó que se haya “afectado el derecho de defensa ni el debido proceso legal”. BK/ff
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