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Parana » APF
Fecha: 14/08/2025 13:30
Fuertes cuestionamientos se formularon contra la decisión de la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, que el 30 de junio rechazó los pedidos de nulidad del relato del hecho y de modificación de la calificación legal. Se cuestionó que eludió sanear el proceso en esta etapa intermedia, remitiendo a juicio un legajo puesto en crisis y que por su competencia, debía resolver ella. Se criticó que Fiscalía no investigó responsabilidades de las autoridades legislativas y se centró en “perejiles”. jueves 14 de agosto de 2025 | 12:41hs. En la continuidad de la audiencia que se sustancia para tratar los agravios de las defensas formulados en los respectivos recursos de apelación contra las resoluciones de la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelta, que el 6 y el 30 de junio rechazó los planteos de nulidad y exclusión de la evidencia digital, por ilegal, y de los testigos contratados, por la prohibición de autoincriminación; y de nulidad del relato del hecho por impreciso y vago, y de cambio de la calificación legal escogida, respectivamente, las defensas desarrollaron fuertes argumentos sobre la decisión de la jueza de primera instancia. Las defensas de los 18 acusados que siguen vinculados al proceso cuestionaron, cada una para el caso particular de sus asistidos, con excepción de la de Domingo Orabona, que no fue recurrente pero sí se refirió al agravio que le causaría la calificación legal escogida de Asociación ilícita y Peculado reiterado. Así, se destacó que la acusación ha cambiado, sin notificar a las defensas y sin argumentar los motivos, la cantidad de contratos que no cumplirían con la normativa que los regula, afectando el derecho de defensa en juicio porque no se sabe con certeza, la cantidad de contratos considerados irregulares ni la responsabilidad que les cabría a los acusados en su confección. En las dos últimas audiencias hubo un señalamiento muy fuerte respecto a la Política Criminal del Ministerio Público Fiscal (MPF) puesto que se criticó que sin explicarlo, se decidió enfocar la investigación en personas que no tenían, según la hipótesis defensiva, ninguna responsabilidad en la confección de los contratos cuestionados, ni su control formal, ni el control de la aludida contraprestación, dejando fuera de las sospechas a quienes sí la tenían: las autoridades de las respectivas Cámaras Legislativas y los legisladores que contrataban. Las defensa cuestionaron que los fiscales no realizaron ningún esfuerzo en determinar quiénes eran los funcionarios políticos que habrían contratado. Así, señalaron que no era una tarea compleja, puesto que con solo cotejar el período en que se celebró el contrato y quiénes los firmaron, la cuestión estaría resuelta. En aquella línea, las defensas cuestionaron el rechazo sin motivación que realizó Barbagelata, adhiriendo, como se cuestionó, a la hipótesis fiscal –incluso una defensa alertó que la jueza “complementó” las reconocidas deficiencias de la acusación excediéndose en sus facultades de control y saneamiento del legajo para que llegue a juicio sin elementos que lo obstaculicen- y señalaron que la decisión de remitir todos los cuestionamientos al juicio oral respondería a una decisión del Estado de no avanzar en la investigación de las personas que por el rol que desempeñaban en la Legislatura, tenían mayor responsabilidad funcional que los 18 imputados. Otra defensa cuestionó que su asistido, de profesión contador y que se desempeñaba en el estudio contable Integral Asesoría que fue allanado porque se afirmó que allí se confeccionaban y administraban los monotributos de los contratados investigados, expuso que Fiscalía acompañó los pedidos de Suspensión del juicio a prueba de otros profesionales que se desempeñaban en aquel estudio, pero a su asistido se le denegó el acceso a aquella salida. Así, sostuvo que el cambio de calificación legal que fue fuertemente cuestionado, solo respondería a una necesidad de doble índole: comunicacional y para solicitar penas más altas, vulnerando el principio de congruencia. Respecto de la modificación de la calificación legal, las defensa cuestionaron que no solo afecta el derecho de defensa porque no comprendería los roles endilgados, si bien difusos e indeterminados, afecta de lleno en la pretensión de Fiscalía de Estado de reclamar la devolución de los montos supuestamente sustraídos. En este punto se recordó que Fiscalía de Estado adhirió a los posicionamiento del MPF. La audiencia continuará el lunes a partir de las 9 cuando Fiscalía responderá a los agravios que formularon las defensas respecto de la resolución del 30 de junio y. si el tiempo acompaña, se comenzará a abordar la demanda civil para recuperar el presunto monto sustraído durante diez años mediante la celebración de contratos de obra para personas que no realizaban ninguna contraprestación al Estado y solo recibían una ínfima retribuciuón solo por dar su nombre. (APFDigital)
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