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Colon » El Entre Rios
Fecha: 14/08/2025 12:30
El Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones aprobaron el nuevo “Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos”, que será de aplicación obligatoria para las fuerzas federales que actúen como Policía Auxiliar Migratoria y para los agentes migratorios. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, reemplaza el instrumento vigente desde 2012 y actualiza los procedimientos de actuación para reforzar la detección e intervención ante posibles casos de trata. De acuerdo con la resolución conjunta, la iniciativa responde a “cambios en las dinámicas y modalidades de la trata de personas, considerada por la legislación argentina como una grave violación a los derechos humanos, así como un fenómeno delictivo complejo, organizado y de alcance transnacional”. El protocolo señala que los pasos fronterizos fluviales, marítimos, aéreos o terrestres, como los tres ubicados en la costa entrerriana del Uruguay, son puntos críticos para la prevención, detección e investigación de este tipo de delitos, tanto en la fase de captación o traslado como en la de explotación. El texto fue elaborado en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco del Programa Eurofront, fijando criterios comunes para todas las agencias involucradas en el control migratorio. Fuerzas involucradas y objetivos del nuevo protocolo Entre los organismos responsables se incluyen la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina. El protocolo tiene como ejes principales fortalecer las capacidades operativas del personal en frontera, coordinar acciones entre instituciones y garantizar un enfoque centrado en los derechos humanos para asistir y proteger a las personas afectadas. Mapa de pasos fronterizos y riesgos identificados La normativa incluye una clasificación de los 237 pasos habilitados en el país: 95 terrestres, 103 marítimos o fluviales y 39 aéreos. Se advierte que en todos ellos puede haber detección de casos de trata, sin importar su volumen de tránsito. Los pasos de alto tránsito y los de control integrado son los que concentran mayor circulación de personas, pero los de bajo movimiento o localización remota también pueden ser aprovechados de forma esporádica para actividades ilícitas. En el plano jurídico, el documento se basa en el Protocolo de Palermo, ratificado por Argentina y reglamentado mediante las leyes 26.364 y 26.842, que tipifican la trata como delito. Marco legal y penas previstas por la ley Según esta legislación, la trata implica el ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación, entre los que se incluyen explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre, matrimonio forzado y extracción ilícita de órganos. El Código Penal argentino prevé penas que van de cuatro a quince años de prisión, con agravantes cuando hay participación de funcionarios públicos, víctimas menores de edad o varias personas involucradas en el hecho. El protocolo también aclara la diferencia entre trata y tráfico ilícito de migrantes, este último tipificado en la Ley 25.871 como un delito contra el Estado, asociado al cruce irregular de fronteras con fines lucrativos. Aunque ambos fenómenos pueden compartir rutas o métodos, la trata se distingue porque su fin es la explotación de las personas, y puede ocurrir incluso sin que se cruce una frontera internacional. El documento oficial detalla las distintas etapas del delito, desde el ofrecimiento hasta el sometimiento, e incluye mecanismos como endeudamiento, aislamiento, retención de documentos y amenazas. Estas señales pueden ser detectadas por el personal fronterizo mediante la observación de conductas, el análisis de documentos y entrevistas orientadas. El nuevo protocolo instruye a las autoridades competentes a mantener actualizadas las guías de acción, realizar capacitaciones periódicas y conformar mesas de trabajo interinstitucionales para monitorear su implementación. Fuente: El Entre Ríos / La Nación
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