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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 14/08/2025 07:02
Se trató de un pedido de la defensa, tras alegar que la familia del imputado sufriría una situación de vulnerabilidad económica El juez de garantías Luis Giorgetti autorizó el martes pasado al ex director de Fiscalizaciones de la Dirección de Planes Sociales de Neuquén e imputado en la mega causa por estafas con planes sociales, Néstor Pablo Sanz, a salir de su domicilio para trabajar tres horas por día en un local de productos informáticos. La medida fue solicitada por la defensa oficial, tras alegar que el acusado y su círculo familiar atravesaría una mala situación económica. Sin embargo, esto aún se encuentra en revisión, debido a que la Fiscalía pidió que la decisión sea reconsiderada. Sanz cumple prisión domiciliaria desde noviembre de 2023, bajo control con tobillera electrónica y geolocalización permanente. Desde ese momento, comparte su vivienda, ubicada en la capital neuquina, con su pareja, Isabel Montoya, los hijos de ambos y sus padres. De acuerdo con la información publicada por LMNeuquén, Montoya también estaría imputada en la causa, pero permanece en libertad. Sin embargo, aseguró que enfrentaría restricciones laborales debido a su situación judicial. Además, había denunciado haber sido víctima de amenazas contra su local de estética, tras haber sido implicada en la mega causa. La Fiscalía aseguró que no había motivos para permitir las salidas transitorias En el caso de que de la autorización judicial continuara en pie, el ex director de Fiscalizaciones podrá ausentarse entre las 15:30 y 18:30 horas, de lunes a viernes, para cumplir tareas en una casa dedicada a la venta de fotocopiadoras y productos informáticos en el bajo neuquino. De la misma manera, indicaron que el traslado será realizado por el titular del comercio, quien aseguró ante la Justicia que el trayecto en auto dura menos de cinco minutos desde el domicilio del imputado. Frente a esto, la defensa, encabezada por la abogada Laura Giuliani, argumentó ante el tribunal que la familia de Sanz atravesaría una situación de vulnerabilidad económica. “Él siempre cumplió con las pautas de conducta y no ha tenido ningún problema desde que está bajo prisión domiciliaria”, sostuvo la defensora durante la audiencia. En línea con esto, informó que el único ingreso familiar declarado correspondería a la cuota alimentaria de un hijo menor de Montoya, por el que recibirían una cifra que ascendería a los 900.000 pesos mensuales y que no sería suficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar. Para la Fiscalía, el informe social presentado no justificaría la salida laboral de Sanz, tras señalar que la pareja conviviente del imputado estaría en condiciones de generar ingresos suficientes para sostener los gastos básicos. Por este motivo, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la revisión de la autorización, que no estaría firme, por lo que se espera que se resuelva en la próxima audiencia. La medida se encuentra bajo evaluación De acuerdo con las sospechas de los investigadores, el ex director de Fiscalizaciones se habría desempeñado como uno de los cabecillas de la mega estafa con los planes sociales ofrecidos por el Gobierno de Neuquén. Por esto, fue imputado por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial. En este sentido, plantearon que Sanz habría encabezado una organización dedicada a captar personas para ingresar beneficiarios falsos en los registros oficiales y coordinar el retiro de dinero en efectivo mediante el uso de tarjetas de débito y el cobro de cheques. La maniobra de estafa superó los 153 millones de pesos e involucró fondos destinados a subsidios por desempleo. Asimismo, apuntaron que los movimientos fraudulentos se habrían realizado desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022. El jefe del Departamento de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna, también fue señalado por presuntamente ocupar un rol protagónico dentro de la organización ilegal. Se sospecha que tanto Sanz como Osuna habrían operado bajo la supervisión de tres funcionarios de alto rango que, según la imputación fiscal, actuaban como jefes: Ricardo Soiza, quien era director general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén; el ex ministro Abel Di Luca; y el ex coordinador administrativo de la cartera, Tomás Siengenthaler. La causa se basó en relevamientos bancarios y documentación oficial que demostraron el circuito de fondos y la participación de cada uno de los involucrados.
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