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Parana » Informe Digital
Fecha: 13/08/2025 20:10
En la previa de las elecciones legislativas provinciales, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) confeccionó un documento que presenta los principales planteos que desea llevar al próximo ámbito legislativo. El texto, al que tuvo acceso LA NACION, incluye demandas impositivas, como la eliminación del Impuesto Inmobiliario Complementario y del impuesto a la herencia, así como solicitudes de inversión en caminos y obras hídricas, propuestas para una nueva ley de fitosanitarios, revisión de tasas municipales consideradas obsoletas y medidas para fortalecer la seguridad rural. Este trabajo será presentado en las próximas semanas a candidatos y legisladores, con la esperanza de que se incorporen estos puntos a futuros proyectos y al debate parlamentario posterior a los comicios. “Lo que hicimos fue reunir en un compendio los reclamos más urgentes, los que ocupan el primer lugar de la lista. Pero hay muchos más que iremos acercando a las rurales”, explicó Ignacio Kovarsky, presidente de la entidad. Relató que las zonales de Carbap, compuestas por entre 12 y 16 rurales, están organizando encuentros con legisladores en sus respectivas regiones para presentar el material y debatirlo. “Van a considerar las secciones electorales —que en algunos casos coinciden con nuestras zonales y en otros no— y los convocarán para presentar este trabajo en el territorio. Luego, desde la Mesa [Directiva] de Carbap lo llevaremos a la Legislatura para trabajar de manera conjunta y asegurarnos de que el reclamo del campo esté bien posicionado en la agenda”, agregó. Aclaró que esta agenda no emergió a raíz de la campaña electoral, sino que es el resultado de un esfuerzo sostenido. “Estamos en la Legislatura desde hace tiempo. Hemos tenido varias oportunidades de dialogar y contamos con personas encargadas de asistir a las comisiones y hablar con los legisladores. De hecho, este año ya la visitamos un par de veces, una de ellas por el tema de tasas”, recordó. El documento señala que la provincia necesita “recuperar una visión de desarrollo equilibrado, que promueva la radicación familiar en el medio rural”, que propicie el crecimiento personal y económico en cada ámbito local, contemple la diversidad productiva del interior provincial y que “no asfixie con cargas fiscales a quienes generan empleo, invierten y producen en su territorio”. Denuncia una “tendencia creciente de mantener el funcionamiento del Estado mediante una presión impositiva cada vez más distorsiva, regresiva y carente de criterios de equidad”, lo que impacta en la competitividad y la inversión. En materia tributaria, se solicita la eliminación del Impuesto Inmobiliario Complementario Rural y del Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes; el retorno al sistema de valoraciones fiscales de la Ley de Catastro 10.707 en su versión original —modificada por el Decreto 442/2012— y la actualización de las escalas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para evitar que, debido a la inflación, pequeños y medianos productores antes exentos queden alcanzados. Asimismo, se pide revisar las tasas municipales, especialmente la que se cobra por la emisión de guías de traslado de hacienda, un trámite que hoy se realiza “a distancia por autogestión” y que, según la entidad, muchos municipios cobran sin ofrecer un servicio asociado. En cuanto a las Tasas Viales y la coparticipación del Inmobiliario Rural, sostiene que los productores son “los únicos contribuyentes” y no reciben una contraprestación adecuada en lo que respecta a infraestructura vial. En infraestructura, reclama un plan sostenido de inversión en caminos rurales y rutas provinciales, con control social y participación local, así como la finalización de la obra del Río Salado, considerada “estructural” para mejorar la capacidad productiva y proteger frente a inundaciones. También propone modificar la Ley 13.010 del Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales para volver a destinar el 25% de la recaudación del Inmobiliario Rural a caminos y establecer una comisión de control integrada por productores y asociaciones. En el ámbito normativo, plantea la creación de una nueva Ley de Fitosanitarios que actualice la vigente 10.699, sancionada en 1988, y unifique las más de 80 ordenanzas municipales que regulan de manera heterogénea su uso. Sugiere la implementación de criterios técnicos y homogéneos, buenas prácticas agrícolas y tecnologías de aplicación selectiva. Respecto al Inmobiliario Complementario, advierte que agrupa todas las parcelas que un productor posee en la provincia y aplica una cuota adicional sin tomar en cuenta la escala ni la rentabilidad. “Es un segundo impuesto sobre lo mismo, que en muchos casos duplica lo que se paga por el Inmobiliario Rural”, sostiene el texto. De acuerdo con datos de ARBA, representa solo el 0,3% de la recaudación provincial, pero afecta a productores con varias parcelas pequeñas heredadas o dispersas. En relación al impuesto a la herencia, lo califica como “tal vez el más injusto e ilegal de los impuestos” por gravar bienes que ya están alcanzados por otros tributos, penalizar la ayuda familiar y desalentar la formalización de donaciones y sucesiones. Su recaudación no supera el 0,2% del total provincial. En cuanto a la seguridad rural, propone asignar un presupuesto específico a las patrullas para garantizar una presencia policial efectiva, mejorar el equipamiento y aplicar tecnología de prevención del delito.
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