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Parana » Informe Digital
Fecha: 13/08/2025 14:47
“Dicha inclusión representa un paso crucial para establecer la responsabilidad internacional, reafirmar la gravedad de los crímenes cometidos y enviar un mensaje inequívoco de que el uso de la violencia sexual como táctica de guerra no será tolerado. También es un reconocimiento vital para las víctimas y las comunidades afectadas, cuyo sufrimiento debe ser reconocido en los niveles más altos del sistema internacional”. Con estas palabras, el Dinah Project, un grupo de expertas en derecho y género, enfatizó la relevancia de que Hamas sea incluido en la lista negra de la ONU por violencia sexual en conflictos. Esta recomendación, recopilada en su informe tras un exhaustivo proceso de documentación, ha sido atendida: el secretario general Antonio Guterres incorporará a la organización palestina en el listado anual de entidades sospechosas de cometer o ser responsables de patrones de violación y otras formas de violencia sexual en situaciones de conflicto armado, según un borrador del informe distribuido a los miembros del Consejo de Seguridad y consultado por The Jerusalem Post. La decisión de la ONU se fundamenta en hallazgos que indican la existencia de un patrón sistemático de violencia sexual durante el sangriento ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023. El informe, que antecede a una sesión especial sobre violencia sexual en conflictos prevista en la organización, recoge pruebas reunidas por la representante especial de la ONU, Pramila Patten, durante su misión en Israel. En marzo de 2024, Patten y su equipo —compuesto por especialistas en entrevistas a sobrevivientes, un patólogo forense y un analista de información— publicaron los resultados de su investigación, que incluyó encuentros con personas liberadas del cautiverio. Aunque el informe no pudo determinar si la violencia sexual fue instrumentalizada como táctica de guerra, sí estableció que se produjo de manera sistemática. Guterres indicó que Patten halló “motivos razonables para creer” que estos ataques ocurrieron el 7 de octubre en múltiples ubicaciones, e incluyeron violaciones y violaciones grupales. El documento señala que “varios cuerpos completamente desnudos o parcialmente desnudos de la cintura para abajo fueron recuperados —en su mayoría mujeres— con las manos atadas, que habían recibido múltiples disparos, a menudo en la cabeza”. Además, menciona: “Aunque circunstancial, tal patrón de desvestir y atar a las víctimas puede ser indicativo de algunas formas de violencia sexual”. El propio informe reconoce la dificultad para probar la violencia sexual en contextos de conflicto. La destrucción de pruebas, la confusión inherente a ataques de gran escala y la naturaleza de los crímenes complican la recolección y presentación de evidencias concretas. Patten concluyó que “la complejidad y el modus operandi de los ataques demostraron un nivel significativo de planificación, coordinación y conocimiento detallado previo de los objetivos seleccionados”. Las conclusiones de Patten fueron respaldadas por una comisión de investigación independiente impulsada por el secretario general en septiembre de 2024. Esta comisión no solo corroboró la existencia de actos de violencia, sino que también identificó los lugares donde pudo verificarlos: el festival de música Nova, la Ruta 232, la base militar Nahal Oz, el kibutz Re’im, el kibutz Nir Oz y el kibutz Kfar Aza. Además, Patten encontró “pruebas claras y convincentes” de que algunos de los rehenes sufrieron diversas formas de violencia sexual, hallazgos que el segundo informe ratificó al especificar la existencia de “tortura sexualizada” contra los cautivos. El Dinah Project jugó un papel fundamental en la consolidación de las pruebas y en la creación de un modelo de patrones de violencia. Este grupo, integrado por cinco mujeres expertas en derecho y género, lideró la iniciativa para que la violencia sexual fuera reconocida como parte esencial de los crímenes cometidos el 7 de octubre de 2023. Su informe, disponible en www.thedinahproject.org, se basa en entrevistas a sobrevivientes, testigos, personal de primeros auxilios y forenses, y aboga por la ampliación de los criterios tradicionales de admisibilidad de pruebas. El documento destaca que, en muchos casos, las víctimas fueron asesinadas tras los ataques, mientras que los sobrevivientes deben cargar con el trauma de lo vivido o presenciado, lo que dificulta su disposición a testificar. A pesar de ello, muchas personas han brindado su testimonio. El informe del Dinah Project destaca que la obtención de pruebas forenses resulta “difícil en escenas del crimen que siguen siendo zonas de guerra”. Por ello, propone legitimar los relatos de sobrevivientes, testigos presenciales y auditivos, personal de primeros auxilios, trabajadores de la base militar Shura —que funcionó como morgue—, profesionales de la salud, terapeutas y otras fuentes abiertas, incluidos los medios de comunicación, como pruebas. En mayo de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant, el fallecido jefe de Hamas Yahya Sinwar, el comandante de las Brigadas Al-Qassam Mohammed Deif y el jefe político Ismail Haniyeh. Las órdenes contra los líderes de Hamas incluyen, entre otros cargos, “violación y otros actos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad”. La presión internacional para que el grupo terrorista palestino Hamas rinda cuentas por estos crímenes se ha mantenido gracias a las órdenes de arresto, las misiones de investigación, el informe del Dinah Project y los testimonios de sobrevivientes y testigos. Guterres, en sus recomendaciones, exigió la “liberación inmediata, incondicional y digna de todos los rehenes, garantizando su trato humano y el acceso humanitario hasta su liberación”. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, instó el martes a la organización a “centrarse en los horrendos crímenes de guerra cometidos por Hamas y en la liberación inmediata de todos los rehenes”. Sus declaraciones siguieron a una carta de Guterres en la que advertía que Israel podría ser incluido en el próximo informe si no adopta “las medidas necesarias” para prevenir la violencia sexual contra detenidos palestinos. Actualmente, cincuenta rehenes permanecen en manos de Hamas, tras ser secuestrados el 7 de octubre junto a aproximadamente doscientas personas más, en su mayoría civiles. Informes recientes describen el estado alarmante y de desnutrición de los cautivos, mientras que las negociaciones para un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza avanzan lentamente.
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