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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 13/08/2025 04:55
Cuánto invierte la provincia en asistencia a personas con discapacidad y adultos mayores. El Régimen Único de Pensiones Especiales cuenta exactamente con 2.077 beneficiarios, de los cuales 2.006 perciben una prestación por discapacidad, 47 por vejez y 24 pensiones graciables, con una percepción de $540 mil mensuales. Además, uno de cada dos beneficiarios depende de OSEF. El Gobierno de Tierra del Fuego, a través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, informó que asiste actualmente a 2.077 personas en el marco del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE). Según precisó la ministra Adriana Chapperón, 2.006 de los beneficiarios reciben una prestación por discapacidad, 47 corresponden a pensiones por vejez y otras 24, son graciables. La funcionaria dio a conocer además que en el último mes, el Estado provincial destinó cerca de $1.100 millones al pago de pensiones no contributivas por discapacidad, y $38 millones adicionales a beneficiarios por vejez. Un total de 998 de estas personas cuentan con cobertura médica a través de la obra social estatal OSEF, tal como lo establece la normativa para quienes no poseen otra cobertura propia, familiar o por tutor legal. Chapperón señaló que garantizar el acceso a la salud a este sector implica un gasto considerable: solo en el primer semestre de 2025, la inversión en prestaciones médicas requeridas por personas con discapacidad a la OSEF alcanzó los $2.650 millones, con un promedio mensual de $450 mil por beneficiario, sin incluir los costos de acompañantes terapéuticos. Dra. Adriana Chaperón, titular del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, del Gobierno de Tierra del Fuego. La ministra advirtió además que se han detectado casos que podrían no cumplir con la normativa vigente. Entre las irregularidades observadas figuran beneficiarios que no residen en la provincia desde hace más de tres meses sin justificación, certificados médicos con un porcentaje de discapacidad inferior al 66%, y personas que no declararon otros ingresos como jubilaciones, pensiones o empleos en relación de dependencia. “En todos estos casos se procede al análisis correspondiente y, de ser necesario, se notifica a los beneficiarios para que regularicen su situación antes de suspender o caducar el beneficio, tal como lo establece la ley”, explicó Chapperón. Finalmente, la ministra recordó que el monto de la pensión por discapacidad pasó de $204 mil en 2019 a más de $540 mil en la actualidad, lo que representa un incremento significativo en la asistencia estatal.
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