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» Sin Mordaza
Fecha: 12/08/2025 11:27
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá hoy si mantiene la suspensión de la orden judicial que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF como forma de pago a los fondos Burford Capital y Eton Park. La medida, dictada el 30 de junio por la jueza Loretta Preska, forma parte de la ejecución de una sentencia que fijó una indemnización de US$16.100 millones más intereses por la expropiación de la petrolera en 2012. El Gobierno argentino sostiene dos apelaciones en paralelo: por un lado, busca revertir el fallo de primera instancia que impone el pago millonario; por otro, intenta frenar la transferencia de las acciones mientras dure el proceso. La Cámara fijó para el 27 de octubre la audiencia por la causa principal y otorgó hasta el 25 de septiembre para que la defensa presente su escrito en la segunda. Según expertos, una resolución adversa mañana podría dejar a la Corte Suprema de EE.UU. como última instancia. La ley argentina de expropiación de YPF (26.741) impide la venta de esas acciones sin autorización del Congreso, lo que plantea un conflicto legal si se confirma la orden. Analistas advierten que, aunque los tribunales estadounidenses carecen de mecanismos para forzar la entrega de títulos bajo jurisdicción local, un incumplimiento afectaría la reputación financiera del país, especialmente en momentos en que el gobierno de Javier Milei busca regresar a los mercados internacionales. El conflicto judicial se originó en 2015, cuando Burford y Eton Park denunciaron que la Argentina no realizó la oferta pública de adquisición (OPA) exigida por el estatuto de YPF al superar el 15% del capital accionario. Ese estatuto, registrado en EE.UU. desde 1993, obliga a comprar el resto de las acciones en circulación. El entonces viceministro Axel Kicillof defendió en el Congreso la decisión de no hacerlo, argumentando que cumplir la cláusula hubiera costado unos US$19.000 millones. Si la Cámara decide levantar la suspensión, Argentina podría verse presionada a entregar un activo estratégico o a negociar garantías alternativas.
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