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Parana » Informe Digital
Fecha: 11/08/2025 18:38
Tras la aprobación por parte de la Corporación Vitivinícola de la Argentina (Coviar) de un aumento del 45% en la contribución obligatoria al sector vitivinícola, la Secretaría de Agricultura y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) expresaron su desacuerdo. Cuestionaron tanto la validez de las facultades de la entidad como el impacto que esta medida tendrá sobre los productores y bodegas. Desde Coviar, respondieron que los argumentos de sus críticos son pura “demagogia” y afirmaron estar informados sobre la situación. Los fondos recaudados se utilizarán, entre otras cosas, para actividades de promoción. En el Acta 187/2025 publicada en el Boletín Oficial, Coviar estableció nuevos valores por litro o kilo elaborado, que van desde $0,702215 por kilo de uva fresca hasta $4,382024 por litro de mosto concentrado, dependiendo del tipo de producto. Esta medida se justifica en el documento mediante un “índice corrector” y se encuentra enmarcada en la Ley 25.849 y el decreto 1191/2004. El informe técnico del Observatorio Vitivinícola indicaba que el ajuste calculado era del 71,4% en comparación al año anterior; sin embargo, la Mesa Ejecutiva propuso no aplicarlo de inmediato debido al contexto macroeconómico, la incipiente desinflación y las dificultades que atraviesa el sector. En virtud de esto, el Directorio decidió diferir la actualización tres meses y, finalmente, aplicar solo un aumento del 45% para “atenuar” el impacto. Así, se anularon reservas previas y se fijaron nuevos valores a partir de la publicación, sin retroactividad. Luego del anuncio del aumento, desde la cartera agrícola, liderada por Sergio Iraeta, manifestaron su “desacuerdo” con la resolución aprobada por el directorio de Coviar. “Coviar es una persona jurídica de derecho público no estatal, cuyo directorio está conformado por 18 miembros: 13 del sector privado, 3 del sector público provincial y 2 del sector público nacional. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que representa a la Secretaría de Agricultura, dejó en claro su intención de no respaldar esta decisión y tomará las medidas necesarias para frenar dicho aumento”, afirmaron. Sergio Iraeta, secretario de AgriculturaCaptura de Pantalla En este sentido, para este año, las contribuciones obligatorias serán: $0,847979 por litro elaborado de vino, mosto sulfitado, mosto virgen u otros productos vitivinícolas sin proceso de concentración; $0,714940 por litro de producto vitivinícola fraccionado sin indicación de variedades, salvo el mosto concentrado; $1,171074 por litro de producto fraccionado con indicación de variedades, champagne y vinos especiales, exceptuando el mosto concentrado; $4,382024 por litro de mosto concentrado destinado al consumo interno o a la exportación; y $0,702215 por kilogramo de uva fresca recibida en los establecimientos procesadores de uva en fresco y pasas. Desde Copal, afirmaron que Coviar, un ente público-privado creado para el Plan Vitivinícola, finalizó su mandato en 2020 pero continúa cobrando. “Ahora busca aumentar un 45% en 2025 la contribución obligatoria que ya ahoga a productores y bodegas. En un país donde la presión fiscal sobre el sector alcanza el 43%, Coviar pretende añadir otra carga. El resultado será menos competitividad, menos inversión y menos empleo. Bodegas de Argentina sostiene que Coviar ha perdido la legitimidad para recaudar o incrementar este impuesto, ya que las facultades expiraron con el PEVI 2020. Aun así, persiste en imponerlo”, destacaron. También señalaron el rechazo manifestado por la Secretaría de Agricultura: “No están solos en este rechazo, el Gobierno de Mendoza y el Gobierno de San Juan también mostraron su desacuerdo con el aumento. El argumento de desinflación gradual utilizado por Coviar para justificar el aumento es un mal chiste frente a los datos reales del mercado. No hay alivio inflacionario que soporte tal carga fiscal”, advirtieron. Aseguraron que esto “no es solo un número en una resolución”. Añadieron: “Es más presión sobre los viñateros, trabajadores, pymes y exportadores. Es poner en peligro la identidad y la proyección internacional del vino argentino. En un momento en que el sector necesita oxígeno para producir y vender, Coviar le exige mayores erogaciones sin un plan claro y sin rendir cuentas. ¿Quién se beneficia? Spoiler: no es el productor. La demanda es clara: basta de cargas injustificadas. El futuro del vino argentino no se defiende exprimiendo a quienes lo hacen posible, sino apostando por políticas que lo fortalezcan”. Desde Copal subrayaron: “Esperamos que la Secretaría de Agricultura impulse la desregulación de Coviar y detenga este aumento, además de que el Congreso avance en la reforma de la ley que la sostiene. Es momento de actuar”. Bodegas de Argentina, la cámara que agrupa a importantes bodegas del país, también indicó que “hasta la fecha dicha institución no tiene competencias para recaudar, menos aún para incrementar las alícuotas”, que expiraron con la finalización del plan que dio origen a su creación, el PEVI 2020. Las bodegas esperan que la Secretaría de Agricultura impulse la desregulación de CoviarNoelia Marcia Guevara / AFV “Las empresas del sector continúan obligadas por ley a aportar recursos a Coviar, bajo pena de inmovilización de sus operaciones por parte del INV en caso de incumplimiento o mora. El vino argentino atraviesa una coyuntura crítica. En este contexto, resulta inadmisible seguir sosteniendo de forma compulsiva a instituciones que no cumplen con su propósito y que se han convertido en una carga impositiva insostenible. La presión fiscal acumulada sobre el sector ya alcanza niveles alarmantes, siendo del 43% la carga impositiva actual, lo que compromete gravemente la sustentabilidad de las empresas y la competitividad internacional del vino argentino”, señalaron. Afirmaron que el argumento de una “desinflación gradual” utilizado por Coviar para justificar el aumento resulta desafortunado a la luz de los indicadores reales del mercado. “La decisión de aplicar este ajuste representa una carga adicional injustificada, que ignora el esfuerzo sostenido del sector por mantener el empleo, la inversión y la calidad productiva en condiciones adversas”. Respuesta de Coviar Por su parte, Coviar aclaró que los cuestionamientos y rechazos responden a “demagogia o desconocimiento” y que la Secretaría estaba completamente informada sobre todos los procedimientos. Aclararon que el aumento no es una medida excepcional: cada año se realiza una actualización, que puede ser positiva o negativa, calculada sobre la canasta de productos vínicos (vino fraccionado, mosto, pasas, etc.) según la polinomia establecida. Este año, el índice técnico arrojaba un 165%, pero al aplicar un método de comparación mes a mes, se redujo a un 71%. Con este número, y tras reuniones con la Secretaría de Agricultura —que solicitaba una actualización del 0%—, el Directorio decidió establecerlo en un 45%, evitando desfinanciar a la institución. Además, se acordó suspender su aplicación durante tres meses (abril, mayo y junio) y revisarla en julio. Mario González, presidente de Coviar Ricardo Pristupluk Mario González, presidente de Coviar, explicó que la entidad es dirigida por un directorio público-privado, aunque el sector privado tiene la última palabra en este asunto, dado que el financiamiento proviene de las bodegas; el sector público ni las provincias vitivinícolas aportan. Este año, por primera vez, la Secretaría de Agricultura pidió en el Directorio el 0%, posición que no fue respaldada por Mendoza ni San Juan. Con el 45%, el presupuesto quedará un 5,2% por debajo en dólares respecto al año anterior, lo que impacta en las acciones de promoción internacional, fundamentales para la competitividad del sector, afirmaron. Los aportes, señalaron, son mínimos: el 20% de las bodegas paga en promedio $300 mensuales, mientras que otro 20% abona alrededor de $20.000. “Este ajuste no tiene un impacto real en los costos de las bodegas ni en los productores (quienes no aportan). En cualquier empresa seria, lo último que se recorta es la promoción y la venta. Aquí sucede lo mismo: el objetivo es sostener el Plan Estratégico Vitivinícola, que se ejecuta sin gastos políticos ni sueldos para el directorio, que trabaja ad honorem”, afirmó. Subrayó que la actualización es necesaria porque se calcula un valor fijo por litro y no un porcentaje: “Si no se ajusta, la recaudación queda congelada, a diferencia de los impuestos proporcionales que aumentan con los precios. Por ello, más allá de las diferencias de criterio, se decidió el 45% como una medida responsable y consensuada para continuar trabajando por la vitivinicultura argentina”.
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