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Gualeguay » Debate Pregon
Fecha: 11/08/2025 18:23
El 10 de julio de 2025, el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la Ley de Emergencia en Discapacidad. En un país atravesado por el ajuste fiscal y la incertidumbre social, la medida fue recibida con alivio por miles de familias que dependen del sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La norma buscaba garantizar derechos básicos: actualización de aranceles para prestadores, compatibilidad entre pensión y empleo, mejoras en el Certificado Único de Discapacidad y refuerzos a las Pensiones No Contributivas. La respuesta del Poder Ejecutivo fue inmediata: el presidente Javier Milei vetó la ley el 2 de agosto, alegando que su implementación ponía en riesgo el equilibrio fiscal. En una línea discursiva ya habitual, el mandatario repitió que “no hay plata” y que todo aumento del gasto público es inaceptable. Sin embargo, al analizar en detalle los datos técnicos, económicos y sociales, el veto presidencial aparece más como una expresión ideológica y dogmática que como una decisión fundada en la realidad económica. El impacto fiscal: cifras que desmienten el relato oficial. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo de la Ley de Emergencia en Discapacidad oscila entre el 0,28 % y el 0,51 % del Producto Bruto Interno (PBI), incluyendo tanto el refuerzo a prestaciones como la actualización de aranceles para prestadores. Esta cifra no compromete las metas fiscales trazadas por el propio gobierno, que proyecta para este año un superávit primario del 1,6 % del PBI. Incluso contemplando el paquete completo de leyes aprobadas por el Congreso —que incluye, además de discapacidad, una mejora previsional para jubilados, la prórroga de la moratoria y otras medidas de asistencia—, el impacto total se estima en no más del 1,15 % del PBI. Eso dejaría un margen fiscal del 0,45 % para cumplir con las metas sin necesidad de mayores recortes o endeudamiento. La diferencia entre las estimaciones técnicas y el discurso político expone una disonancia que permite sospechar motivaciones más ideológicas que económicas detrás del veto. Ideología, no economía. La gestión de Javier Milei se ha caracterizado desde el primer día por su discurso sobre la rigidez fiscal, que responde a un dogma libertario profundamente hostil al Estado. El presidente ha declarado en reiteradas ocasiones que vetará “cualquier ley que aumente el gasto público”, sin hacer distinciones entre gastos superfluos (como los viajes internacionales recurrentes que realiza junto a su comitiva, más por cuestiones de tinte personal que por asuntos ligados a una agenda nacional de interés geopolítico y diplomático) y gastos esenciales. Bajo esta lógica, la Ley de Emergencia en Discapacidad fue condenada desde antes de su tratamiento. Sin embargo, gobernar exige más que defender un marco ideológico. Requiere evaluar el contexto social, entender las prioridades y actuar con sensibilidad frente a las necesidades más urgentes. El gasto público no es, per se, un problema. Lo es el gasto ineficiente, el clientelismo, la falta de auditoría o la corrupción. No obstante, el gasto orientado a garantizar derechos humanos y sostener redes básicas de atención a poblaciones vulnerables no solo es legítimo: es ineludible en una democracia. En este caso, además, la ley no generaba un gasto estructural permanente. Sus efectos eran temporales, circunscritos al plazo de la emergencia (hasta fines de 2027) y su implementación no implicaba un golpe en el supuesto superávit fiscal. Las consecuencias del veto: un golpe a los más frágiles. El impacto del veto no es simbólico. Ya se están viendo consecuencias concretas: prestadores que reducen sus servicios por aranceles desactualizados, centros de día que evalúan cerrar sus puertas o recortar personal y miles de familias que deben cubrir de su bolsillo terapias, traslados y medicamentos que antes eran garantizados por el Estado. La medida también ahonda la brecha entre el discurso de derechos y la realidad. Argentina ha suscripto a tratados internacionales sobre discapacidad y ha reconocido que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida autónoma, plena, con acceso a la educación, al trabajo y a la salud. Sin presupuesto, estos derechos se transforman en letra inerte. Más aún: el rechazo a esta ley refuerza un mensaje peligroso. El de que los sectores más frágiles son un gasto evitable, prescindible, una carga. Un mensaje que no solo es cruel, sino que erosiona los consensos básicos sobre solidaridad, inclusión y respeto. La sensibilidad como cualidad política. En política, la sensibilidad no es debilidad: es una forma de fortaleza. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, sí, pero también implica reconocer que no todos los sectores pueden ser tratados de igual modo en un ajuste. Las personas con discapacidad —y las familias que las acompañan— no tienen margen para esperar que “la economía se estabilice”. La función pública no puede reducirse a una ecuación contable. La sensibilidad social es tan importante como la eficiencia administrativa. Gobernar es también saber dónde ajustar y dónde sostener. Porque no todo gasto es lo mismo: hay inversiones invisibles que permiten mantener el tejido social, evitar el colapso de instituciones comunitarias y preservar la dignidad humana. En tiempos donde la lógica del recorte se impone con violencia, la sensibilidad es un valor político que se vuelve urgente recuperar. ¿Hay margen para revertir el veto?. Para que el Congreso revierta el veto presidencial, se requiere el voto afirmativo de dos tercios de ambas cámaras, algo que parece improbable en el corto plazo. Sin embargo, el rechazo social y la presión de organizaciones de discapacidad podrían reabrir el debate. Lo que está en juego no es solo una ley. Es una visión de país. Un modelo de Estado. Y, sobre todo, una definición ética: ¿qué lugar ocupan los más vulnerables en la agenda pública?. La Ley de Emergencia en Discapacidad ofrecía una respuesta razonable, progresiva y financieramente viable a una problemática urgente. Su veto, por el contrario, revela una mirada ideológica que no distingue prioridades y que, en nombre de un supuesto ¿orden?, sacrifica la empatía. En última instancia, este episodio nos recuerda que el verdadero desafío político no es solo administrar recursos, sino decidir a quién se protege. Julián Lazo Stegeman
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