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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 11/08/2025 17:25
El sistema republicano se basa en el equilibrio de poderes, y una de las herramientas más poderosas de la oposición para fiscalizar la gestión gubernamental son los pedidos de informes. Un reciente análisis de Felipe Sastre, concejal de Concordia, profundiza en cómo esta figura constitucional se aplica a nivel nacional, provincial y municipal, revelando diferencias significativas en su uso y efectividad. Según una publicación del portal VozDeDerecha.com, los pedidos de informes son un mecanismo esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo a los legisladores, incluso en minoría, fiscalizar la labor del Poder Ejecutivo. Poderes y herramientas de fiscalización A nivel federal, la Constitución Nacional establece que las Cámaras pueden solicitar a los ministros del Poder Ejecutivo explicaciones verbales o informes escritos. Sin embargo, los reglamentos de Diputados y Senadores amplían estas facultades, permitiendo a las comisiones requerir informes de manera más ágil, aunque con distintas mayorías requeridas para su aprobación. En Entre Ríos, la Constitución provincial otorga a las minorías una herramienta potente. Para interpelar a un ministro, solo se necesita un tercio de los miembros presentes de la Cámara, mientras que para un pedido de informe escrito, la mayoría requerida se reduce a tan solo tres miembros. Esto, según el concejal Sastre, convierte a los pedidos de informes en una verdadera «herramienta de denuncia política» para la oposición. Sin embargo, la normativa provincial no especifica un plazo para la respuesta, un punto que el concejal considera una deficiencia. La situación en Concordia: una herramienta ágil para las minorías El concejal Sastre, basándose en su experiencia en el Concejo Deliberante de Concordia, resalta la utilidad de los pedidos de informes para los ediles de la oposición. La Ley de Municipios N° 10.027 permite que los concejales los aprueben con solo cuatro votos en la misma sesión de su presentación, garantizando un tratamiento inmediato. Además, el concejal destaca que en la práctica legislativa local es habitual la solicitud de informes internos para el tratamiento de proyectos. A pesar de que la normativa establece un plazo de respuesta de 120 días, Sastre critica la falta de una sanción explícita para el caso de incumplimiento, una omisión que, a su juicio, futuras reformas deberían subsanar. El análisis de Sastre subraya la importancia de esta figura como un mecanismo de control esencial para el poder legislativo en sus distintos niveles, destacando la necesidad de perfeccionar las normativas para garantizar su eficacia. compartir
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