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Parana » Informe Digital
Fecha: 11/08/2025 06:35
De la redacción de INFORME DIGITAL El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por el dirigente radical Juan Carlos Arralde contra artículos clave de la Ley N.º 11.003, que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. El fallo, firmado por ocho magistrados —solo dos de ellos miembros del máximo tribunal— eliminó la posibilidad de acudir de forma directa al STJ para impugnar evaluaciones o procesos de concursos, devolviendo esa instancia al fuero contencioso administrativo. La resolución impacta en el artículo 26 de la norma y marca un cambio en el esquema de control judicial sobre el Consejo. Ahora, cualquier objeción a un concurso deberá tramitar primero en el fuero contencioso, lo que extiende los plazos y redistribuye la competencia. En paralelo, el Gobierno provincial anunció una revisión de su proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que ya contaba con media sanción en Diputados. Con la incorporación de propuestas de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, se eliminan dos aspectos cuestionados: el banco de casos y los concursos anticipados, considerados ineficaces por no haberse convocado ninguno en lo que va de la actual gestión. Estos cambios se suman a otras discusiones abiertas en la agenda judicial, como la reforma del Código Procesal Penal y ajustes al Jurado de Enjuiciamiento. El contexto es de alta tensión institucional, con fallos judiciales y propuestas legislativas que redefinen las reglas para el ingreso y control de jueces y fiscales en Entre Ríos. La decisión del STJ y la apertura a modificaciones legislativas reflejan un escenario en el que el equilibrio entre independencia judicial y control político vuelve a estar en debate. Fallo y reforma en simultáneo El fallo del STJ fue firmado por Gustavo Pimentel, Federico Tepsich, Gervasio Labriola, Mauricio Mayer, Santiago Brugo, Matilde Federik, Marcela Badano y Laura Soage. La reforma del Consejo, con media sanción en Diputados, incorporará cambios propuestos el 1° de agosto de 2025.
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