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La Paz » Politica con vos
Fecha: 09/08/2025 20:19
La entrada en vigor de la reforma laboral ha llevado a un incremento sin precedentes del empleo indefinido, pero también de su inestabilidad. Y no solo por la volatilidad de los fijos discontinuos: si comparamos los datos de junio de 2025 con los del mismo mes de 2019 se aprecia que los ordinarios también han experimentado un repunte del riesgo de ser despedidos. Sus bajas por esta causa han aumentado un notable 147% en este periodo, pasando de 35.305 a 87.396 en cifras mensuales y 474.362 en los seis primeros meses del año. Por Javier Esteban Pero hay otro supuesto que ha crecido con una mayor intensidad: las salidas por no superar el periodo de prueba. Se han disparado un 542% respecto a junio de hace 6 años, de 11.135 a 71.575 y 350.459 en el primer semestre de 2025. Esto se traduce en que el 45% de los ceses salen completamente ‘gratis’ a la empresa, cuando antes del cambio legal apenas llegaban al 24%. Aunque suelen meterse en el mismo saco, las bajas por no superar el periodo de prueba no son técnicamente despidos: no conllevan indemnización ni exigen los mismos requisitos legales. Eso sí, hay limitaciones para su duración. No podrán exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores (o tres si la empresa tiene menos de 25 trabajadores) y un máximo de un mes para los contratos temporales de menos de seis meses de duración. Sin embargo, estos umbrales pueden ampliarse por convenio colectivo. Tradicionalmente (al menos hasta la reforma laboral) el periodo de prueba era más frecuente entre los eventuales. Esto es, hasta cierto punto lógico por el simple hecho de que se firmaban muy pocos contratos indefinidos, apenas uno de cada diez. Con la reforma laboral, estos suben al 40% del total. A priori, esto explicaría también la tendencia alcista registrada en los últimos tres años en este tipo de ceses, pero si entramos al detalle de las cifras algo no encaja. Si comparamos la evolución de las bajas de afiliación por despido (en cualquiera de sus variedades, disciplinario, objetivo, colectivo o declarado improcedente) con las debidas a un periodo de prueba, se aprecia que históricamente los primeros han sido mucho más elevados que los primeros. Esto se debe, de nuevo, a la escasa firma de este tipo de contratos. Con el aumento de la contratación indefinida ambos tipos de ceses aumentan entre los indefinidos. Sin embargo, el equilibrio que mantenían entre ambos se rompe. Las bajas por no superar el periodo de prueba se han incrementado un 542%, 3,67 veces más que los despidos. El incremento subiría al 1.051% si nos remontáramos a junio de 2021 (el año anterior a la reforma), pero la coyuntura de aquel momento, aún marcada por una pandemia que frenó las contrataciones, hace que las cifras no sean estrictamente comparables. En todo caso, aunque los ceses por periodo de prueba no superan aún a los despidos en número (si bien sí lo han hecho puntualmente en algún mes de 2022) han pasado del 23% al 45% de los ceses. Este desproporcionado incremento en su peso porcentual es lo que hace que las causas no puedan achacarse a una simple mejora de la calidad del empleo. ¿Sospechas fundadas? La sospecha de que las empresas abusan del periodo de prueba para convertir empleos indefinidos en temporales ‘de facto’ en aquellos casos en los que no pueden justificar una contratación eventual no es nueva, aunque el porcentaje del 23,9% diluía los indicios de que fuera una práctica generalizada. A fin de cuentas, siempre existe un porcentaje de trabajadores que, pese a superar el proceso de selección, no encajan en el proyecto (aquí conviene precisar que, aunque la legislación establece que el contrato puede rescindirse en periodo de prueba a instancias del propio asalariado, en los datos de Seguridad Social estos casos cuentan en otra categoría, la de las dimisiones). Sin embargo, la vieja idea cobra fuerza cuando el porcentaje prácticamente se duplica. Y apunta a una ‘precarización’ de los nuevos contratos indefinidos. Sobre todo, porque este comportamiento tiene un marcado carácter estacional: los ceses, tanto los despidos como las bajas por no superar el periodo de prueba, han dado muestras de enorme volatilidad mensual. Pero en el caso de los segundos se aprecia un carácter estacional más claro, con los meses veraniegos (junio y julio) como sus momentos álgidos. Esta tendencia se constata en un momento en el que la Comisión Europea ha denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Gobierno español por no haber transpuesto la directiva europea de condiciones laborales y transparentes, que entre otras medidas incluye la limitación a esta práctica. El límite se cumplía en agosto de 2022, pero el Ejecutivo no aprobó el Proyecto de Ley hasta febrero del pasado año y desde entonces su tramitación lleva paralizada en la Cámara Baja. Este bloquea resulta aún más sorprendente si tenemos en cuenta que la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzó en otoño 2024 una campaña de la inspección para perseguir posibles abusos, una cuestión que también se incluía en el programa electoral de Sumar. La norma propuesta por el Gobierno no modificaba las líneas generales de la regulación actual, pero introducía dos importantes novedades: la primera, restringía la capacidad de elevar los límites de duración de los periodos de prueba a través de los convenios colectivos. La segunda era establecer que, si los contratos duran menos de siete días no podrán tener periodo de prueba. Aunque desde la reforma laboral, los ceses de este tipo han pasado del 83% al 30% del total, debido a que el grueso ahora se concentra en los indefinidos. Suman 30.922 en junio, lo que lleva el total a 102.623, 488.896 en lo que va de año, si bien ambas cifras siguen quedando por debajo de las del total el total de despedidos, que alcanza los 507.433 en el semestre tras contar a 32,399 temporales, que apenas aportan un 6,4% total. (El Economista)
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