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Parana » Informe Digital
Fecha: 09/08/2025 07:32
Una investigación en la Justicia Federal ha desvelado un intrincado entramado de corrupción, lavado de activos y evasión fiscal a través de empresas “de papel” que obtuvieron millonarios contratos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante las administraciones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. La causa se centra en las empresas Citepa SA y Varberg SA, de los hermanos Víctor Enrique, Sergio Gustavo y Víctor Manuel Solmi. Ambas compañías facturaron más de $ 49 millones entre 2013 y 2018 en contratos directos y sin licitación con Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y el Ministerio de Educación de la Ciudad. El expediente se inició en 2017 en la Justicia Federal de San Nicolás, tras la denuncia de la AFIP contra los integrantes de Citepa y Varberg por evasión del pago de impuestos nacionales. La investigación, dirigida por el fiscal Matías Di Lello, contó con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Procelac presentó una denuncia por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, que se tramita en la fiscalía de Federico Tropea, así como otra por la posible existencia de maniobras de lavado de activos en el Juzgado Federal 2 de San Nicolás, bajo la supervisión de Carlos Villafuerte Ruzo. Según la acusación del organismo antilavado, los fondos derivados de los negocios con el Gobierno porteño “habrían sido posteriormente utilizados para llevar a cabo diversas transacciones financieras de inversión bursátil, poniendo en circulación el producto de la posible actividad ilícita”. El juez Villafuerte Ruzo se declaró incompetente al considerar que la mayoría de los hechos denunciados habían transcurrido en la Ciudad de Buenos Aires y remitió la causa a Comodoro Py. Ya en los tribunales de Retiro, el caso fue asignado al juzgado de Sebastián Casanello, quien aceptó como querellante a la AFIP, que solicitó la indagatoria de los Solmi y otras once personas por distintos roles en las maniobras de lavado de activos. El juez indagó a los imputados, quienes negaron los cargos. No obstante, la investigación, que abarcó una abundantísima documentación, demostró que Citepa y Varberg eran, en realidad, empresas “fantasma”: pretendían ofrecer servicios de limpieza y antigrafiti, pero carecían de estructura real y de empleados. Parte de la evidencia clave se obtuvo de diálogos extraídos de los teléfonos incautados, que evidenciaron que Víctor Enrique Solmi mantenía contactos directos con funcionarios de Sbase y del Ministerio de Educación, quienes intervinieron en las contrataciones para favorecer a Citepa y Varberg, justificando “urgencia” o “especialidad”. La administración de ambas firmas recaía en testaferros, aunque los verdaderos beneficiarios finales eran los Solmi. Finalmente, Casanello procesó a Víctor Enrique Solmi, Víctor Manuel Solmi, Sergio Gustavo Solmi, Andrés Gustavo Servente, Alejandro Guido Servente, Pablo Servente, Pablo Geoghegan, Rodolfo Santiago Solimano y José María Cambón como coautores de lavado de activos, mientras que Jorge Alejandro Palacio y Mariana Peretti fueron considerados partícipes necesarios. Además, se dictaron embargos de hasta $ 18 mil millones y se estableció la falta de mérito para tres personas. Todos ellos apelaron el fallo del juez, y ahora será la Cámara Federal Porteña la encargada de decidir si valida lo actuado por el magistrado.
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