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Parana » NSA
Fecha: 08/08/2025 16:11
La sede de Beccar (San Isidro) del laboratorio HLB volvió a ser allanada este jueves, pero no por el juzgado federal que desde mayo investiga la muerte de pacientes (a esta altura se presume que 68) que recibieron fentanilo contaminado producido por esa firma, sino por un segundo juzgado que desde esta semana profundiza en la sospecha de que la compañía presentó un certificado trucho para poder importar precursores químicos. El objetivo del allanamiento fue justamente buscar pruebas que le permitan al fiscal a cargo de la investigación, Guillermo Marijuán, recomponer el paso a paso de cómo la compañía (investigada por la comercialización de fentanilo contaminado con bacterias, en tándem con Laboratorios Ramallo) realizó una maniobra aparentemente fraudulenta, presentando una habilitación de la Municipalidad de San Isidro falsa, con la finalidad de quedar inscripta en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), según la denuncia que esta semana dio a conocer el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. «Ante la sospecha sobre la veracidad de dicho documento», el Ministerio de Seguridad pidió informes al Municipio, cuyo asesor legal respondió que no tenía constancia de haber extendido jamás ese tipo de constancia, consignó la denuncia, antes de concluir que, de lo recabado, «en el expediente de habilitación no surge pedido de HLB Pharma Group SA para extender constancia alguna». Ese escrito, presentado formalmente por Walter Klix, director nacional de Precursores Químicos del ministerio, posicionó a la cartera que maneja Bullrich «contra la firma HLB Pharma Group (…) y/o contra quienes surjan como penalmente responsables con el devenir de la investigación y del proceso, por la presunta comisión del delito tipificado en el artículo 44 bis de la Ley 23.737». Aludió, así, a un artículo que establece una pena de uno a seis años de prisión y una inhabilitación especial de dos a seis años a quien «falseare los datos suministrados al Registro Nacional de Precursores Químicos u omitiere su presentación». Del allanamiento hecho este jueves (que por supuesto incluyó la búsqueda de documentación impresa y digital) participó la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina, con el apoyo de agentes de la Dirección Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad. Según se pudo averiguar, había sido Olga Luisa Arena, la abuela de Ariel García Furfaro, quien, como representante de la firma HLB Pharma Group SA, entregó a principios de febrero del año pasado la constancia (ahora se sabe que falsa) de la habilitación municipal. Si bien ese documento que le permitía a HLB importar precursores químicos está bajo la mira, desde la Municipalidad de San Isidro indicaron que el laboratorio sí contaba con los permisos para elaborar productos medicinales de tipo biológicos y quimioterapéuticos, tanto para personas como para uso veterinario. Para qué sirven los precursores Los precursores químicos son la base para la producción de drogas ilícitas como la cocaína. La Argentina, por la gran cantidad de laboratorios medicinales con la que cuenta, consume esos precursores para la industria lícita. Pero alguna parte se desvía al mercado de la droga. En el 2007, Sebastián Forza -una de las víctimas del Triple Crimen de General Rodríguez- había aportado 200 mil pesos a la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos. Forza estaba en el negocio de la efedrina, un precursor que, en este caso, se destinó a la fabricación de drogas sintéticas, como éxtasis y metanfetamina, en una casa quinta de Ingeniero Maschwitz donde en 2008 se descubrió un laboratorio bajo el control de narcos mexicanos. En aquel entonces, la Argentina había pasado de importar de China e India unos 50 kilos por año a 50 toneladas. Desde ese momento, se intensificó la lucha contra el comercio ilícito de los precursores químicos. En ese marco fue descubierto el accionar de Mario Segovia, apodado el «Rey de la Efedrina», quien fue condenado por el contrabando de unos 300 kilos de ese precursor y de la producción de estupefacientes, entre otros graves delitos. La nueva investigación que recae sobre los García Furfaro (y que se suma a la del fentanilo contaminado) la lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien todavía debe decidir si imputará formalmente a HLB Pharma en esta causa, que tramita en el Juzgado Federal N°6, a cargo de Sebastián Casanello. La causa por la contaminación HLB Pharma enfrenta otra causa, en la Justicia federal de La Plata, por la contaminación de lotes de fentanilo que podrían haber causado la muerte de al menos 68 personas. La investigación, que lleva el juez federal Ernesto Kreplak, se inició por la denuncia del Hospital Italiano de La Plata, luego del fallecimiento de varios pacientes que habían sido tratados en la terapia intensiva de ese centro de salud. Las víctimas fatales y también otras que lograron sobrevivir se habían atendido en ese centro de salud platense y en otros más de la provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y en Córdoba. Las dosis que integran los lotes del fentanilo contaminado fueron compradas por el sistema de salud público y privado también en Jujuy y en Formosa. Según datos que maneja la Justicia, son más de 76.000 ampollas, cuyo recupero está siendo una tarea ardua y casi artesanal. La Justicia debe determinar si el fentanilo contaminado fue el que causó la muerte de estos pacientes. En ese sentido, las pericias para responder a la pregunta clave de la investigación las llevará adelante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación.
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