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Colon » El Entre Rios
Fecha: 03/08/2025 18:30
Según informaron, tras recibir quejas en la Dirección de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor (Uepe) de Concordia, dispusieron “una batería de medidas dentro de los comercios y servicios privados”. Las pautas que se establecieron contemplan exhibir un cartel visible con los datos de contacto de la Dirección de Defensa del Consumidor, incluyendo dirección, teléfono, horario de atención, sitio web y un código QR de acceso directo. La norma, que entrará en vigencia en aproximadamente 60 días, también obliga a disponer de un “Libro de Quejas, Sugerencias y Reclamos”, rubricado y foliado oficialmente, en el que los consumidores podrán dejar asentados sus comentarios, reclamos o experiencias. “El comercio deberá entregar una copia firmada al consumidor y remitir otra a la Dirección en un plazo máximo de 10 días hábiles. Esta medida no alcanzará a la totalidad de los comercios de la ciudad, sino que se implementará para los de mayores dimensiones, exceptuando a los pequeños comercios”, indica la norma. La iniciativa impulsada por el oficialismo a pedido del intendente Francisco Azcué, detalla las características técnicas que deben cumplir tanto el cartel como el libro, establece sanciones económicas por incumplimiento y promueve convenios de difusión con cámaras empresariales, asociaciones y colegios profesionales. Datos De acuerdo con un informe elaborado desde el municipio, el año pasado en Concordia se resolvió el 94% de los casos presentados que, en términos económicos, significó un recupero de 54 millones de pesos a favor de quienes presentaron las demandas. En cuanto a los principales reclamos que presentaron los consumidores se destacaron las quejas con entidades bancarias, empresas de telefonía móvil, de venta de electrodomésticos y de financiación. De esta manera, los reclamos ingresados a la oficina municipal representaron un monto que supera los 60 millones de pesos. Al mismo tiempo, insistieron que siempre es importante que los usuarios realicen la denuncia para generar un proceso administrativo. Cabe destacar que el año pasado, de acuerdo a un relevamiento por parte de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que tiene a su cargo el área de defensa del consumidor, la Oficina de Información al Consumidor de Concordia concentró el 16% de las denuncias en la provincia. Sobre la medida a implementar en Concordia “Las relaciones de consumo se realizan bajo los principios de buena fe, transparencia y lealtad comercial y sobre éstos hemos capacitado tanto a proveedores como consumidores. Por lo cual, es nuestro trabajo continuar garantizando los derechos de los consumidores y esta ordenanza colabora con el acceso a la información y los medios por los cuales los consumidores de Concordia pueden hacer sus consultas y/o reclamos por las vías administrativas correspondientes”, expresó el director de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, Guido Di Gioia. En tanto que la concejal por el oficialismo Eliana Lagraña sostuvo que “el espíritu de esta normativa es, no sólo poder garantizar y facilitar el ejercicio del derecho al consumidor, sino también que sirva como una herramienta para contribuir en la mejora del servicio de atención al público en nuestra ciudad. Además, establece la posibilidad de trabajar de manera conjunta y articulada con diferentes actores sociales locales”. Al mismo tiempo se recordó que en los próximos días se plantea una campaña para que en las grandes zonas comerciales les sea entregado a los comerciantes copia del cartel. Por último, desde la Dirección de Defensa del Consumidor enumeraron algunos ejemplos de los reclamos que se pueden realizar: venta de productos defectuosos; no se reconocen la garantía postventa; no se cumple en tiempo y forma con el servicio contratado, víctima de maltrato, publicidad engañosa, prácticas abusivas, débitos o descuentos no autorizados; falta de información a la hora de contratar, publicidad engañosa, intereses abusivos, entre otros. También existe una resolución especial para consumidores hiper vulnerables, significa que si se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad al momento de contratar bienes o servicios, debido a la edad, discapacidad, nivel socioeconómico, falta de educación digital o financiera, entre otros factores, cuentan, entre otras medidas específicas, con: protección especial, facilidades en los reclamos, vía rápida para reclamos relacionados a la salud y medicina prepaga. Fuente: Uno Entre Ríos
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