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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 03/08/2025 08:10
Desde su aprobación en el Congreso, la Ley de Emergencia en Discapacidad ha tenido un fuerte respaldo social y político. En Gualeguaychú también se alzaron voces en adhesión a la Ley, sin embargo el veto se anunciará el lunes en el boletín oficial. Domingo, 3 de Agosto de 2025, 7:01 Por Sandra Insaurralde El Presidente firmó los decretos este sábado, según confirmaron fuentes oficiales. El Gobierno cree que tiene los votos para defenderlos en la Cámara de Diputados El Congreso aprobó el 10 de julio la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, dicha normativa buscaba garantizar el acceso a servicios esenciales como terapias, transporte, educación especial y centros de día para personas con discapacidad. Sin embargo, el presidente Javier Milei no sólo anunció que vetará totalmente esta ley, sino que el el lunes saldría en el boletín oficial el veto junto con otras dos normas (aumento de jubilaciones y moratoria previsional), por considerarlas “regresivas” y contrarias al equilibrio fiscal. Por otro lado, la respuesta a este veto ha sido contundente. La comunidad en general alertó sobre las consecuencias que tendrá su veto para el acceso a alimentos, medicamentos y tratamientos, vulnerando derechos de las personas con discapacidad. Urgente llamado a respaldar la Ley Organizaciones de derechos humanos y familiares de personas con discapacidad denuncian que el veto representa un abandono estatal y una vulneración de derechos adquiridos. Diferentes instituciones a nivel nacional han manifestado al Consejo Federal de Discapacidad su preocupación ante el anuncio del Presidente de la Nación de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Las personas con discapacidad, sus familias y quienes brindan apoyos atraviesan una situación crítica, que se agrava cada día a través de pensiones suspendidas, tratamientos interrumpidos, instituciones en riesgo de cierre, incompatibilidades legales con el trabajo, aranceles congelados y derechos fundamentales vulnerados”, manifestaron a través de un comunicado las instituciones. Pablo Recchia: “Estamos viviendo momentos de angustia" En dicho documento, la entidades se refirieron a la amenaza del veto y sus consecuencias: “La amenaza de veto no solo profundiza esta emergencia, sino que constituye una respuesta inadmisible en términos éticos, sociales y jurídicos” Por otro lado, aseguran que lo que se busca es el desfinanciamiento sin brindar una alternativa. “Aunque exista la necesidad de rediseñar el sistema en su conjunto, se requiere una inyección de recursos urgente a fin de evitar su colapso. El veto no se funda en promover la mejora del sistema y su adecuación a los compromisos internacionales, sino que no hace más que desfinanciar sin brindar ninguna respuesta alternativa”. El comunicado cierra con un fuerte pedido al Consejo Federal de Discapacidad: “Frente a este escenario, solicitamos a cada una de las personas que integran el Consejo Federal de Discapacidad que realicen todos los esfuerzos posibles para expresar a diputadas, diputados, senadoras, senadores y gobernadores de sus provincias la urgente necesidad de respaldar la ley de emergencia y de rechazar cualquier intento de veto o judicialización.” Argumentos del Gobierno La decisión de Javier Milei no se limita a un simple acto de gobierno, sino que se inscribe en un contexto de intensas conversaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores para sostener el veto con el apoyo de una parte de Diputados, de modo que necesita evitar que haya dos tercios de legisladores presentes que voten a favor de rechazarlo en una de las dos cámaras. La ley aprobada en ambas cámaras implica un aumento real para todos los haberes y pensiones del 7,2% y un incremento para el bono, que pasaría de $70 mil a $110 mil y se actualizaría por inflación. Además, la norma implica la restitución por dos años de la moratoria que permite que las personas sin los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo. Según el Ejecutivo, las iniciativas votadas por el Congreso son parte de un “modelo asistencialista que ya ha fracasado”. La frase, repetida por voceros oficiales, sintetiza la crítica hacia una lógica que, a juicio del Gobierno, ha generado dependencia y distorsiones en el uso de recursos estatales. En su lugar, se promueve un enfoque centrado en la meritocracia, el equilibrio fiscal y la desregulación de estructuras asistenciales. El presidente tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional para este veto. “Estamos viviendo momentos de angustia” En medio del debate por el veto presidencial a la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, la voz de Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir y referente nacional en el tema, se alza desde Gualeguaychú con una mirada crítica y comprometida. Con más de 25 años de trayectoria, Recchia ha sido miembro del Consejo Federal de Discapacidad, representante de ASDRA y exdirector de Discapacidad en su municipio. “Estamos viviendo momentos de angustia y preocupación por el anuncio del presidente de la Nación en vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue recientemente promulgada en el Congreso”, expresó Pablo Recchia, en representación de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. La norma surge tras años de reclamos, y busca responder a una situación crítica que afecta a familias, instituciones y prestadores: “Realmente es muy necesario que se promulgue esta Ley por el Estado actual en nuestro país. Las pensiones están suspendidas, los tratamientos interrumpidos, las instituciones en riesgo de cierre, los derechos fundamentales han sido congelados y vulnerados”. Según Recchia, este veto “profundiza esta emergencia”, y representa “una respuesta inadmisible en términos éticos, sociales y jurídicos”. Recchia reconoció que hay una necesidad económica en el país, pero insistió en que los ajustes deben seguir “una lógica que respete la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy absolutamente violada”. En esa línea, citó la reciente denuncia de la ONU por el retroceso normativo en la materia y las auditorías revictimizantes impulsadas por el gobierno nacional. “La ONU expresa también la preocupación absoluta sobre las falta de acceso a las pensiones no contributivas, a su incompatibilidad con el empleo y los impactos negativos de las reformas económicas en derecho de las personas con discapacidad que está implementando este gobierno.” “El pedido es unánime: no podemos seguir retrocediendo en derechos”, finalizó Pablo Recchia.
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