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» Elterritorio
Fecha: 03/08/2025 08:03
Dentro del total de la población, las discapacidades motoras concentran la mayor cantidad de casos. El grupo etario más numeroso se ubica entre los 15 y los 60 años domingo 03 de agosto de 2025 | 6:05hs. La evaluación se realiza por juntas interdisciplinarias. Foto: Marcos Isaac El Certificado Único de Discapacidad (CUD) constituye una herramienta esencial para garantizar el acceso a derechos y prestaciones de las personas con discapacidad. En Misiones, el sistema de certificación se consolidó en los últimos años con una expansión territorial, orientada a facilitar el acceso en distintas partes de la provincia. En este sentido, Marcela Alvez, quien está al frente de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública de Misiones, explicó que el proceso de certificación se organiza según la edad de la persona solicitante. Para menores, se requiere historia clínica actualizada, estudios complementarios, informes escolares y acreditación del vínculo con el adulto responsable. En mayores de 18 años, los requerimientos se mantienen con la excepción de la documentación escolar. “Los estudios deben tener como máximo un año de antigüedad para que la junta evaluadora cuente con información médica vigente”, señaló Alvez. Misiones registra un total de 34.147 personas con CUD. Posadas concentra el mayor porcentaje de certificados, seguida por Oberá, Eldorado, Garupá e Iguazú. En cuanto a la distribución por género, los varones representan el 58 % y las mujeres el 41%, mientras que un pequeño porcentaje no figura con dato consignado. “Históricamente la mayoría eran mujeres, pero ahora los datos muestran una leve inversión”, detalló la funcionaria. Entre los tipos de discapacidad, la motora es la más frecuente, seguida por la mental, la intelectual y la sensorial (que incluye la auditiva y la visual). En menor proporción, se encuentra la discapacidad visceral, que abarca condiciones como patologías cardíacas, pulmonares o hepáticas. Esta distribución guarda relación con los datos nacionales. “Lo más común es encontrar personas con secuelas de ACV, accidentes de tránsito o enfermedades neurodegenerativas”, explicó Alvez. El grupo etario con mayor cantidad de certificados corresponde a personas de entre 15 y 60 años, seguido por menores de 15. Esta franja concentra situaciones derivadas de lesiones o enfermedades crónicas que afectan la movilidad o el desempeño funcional. “En el caso de los más chicos, las discapacidades más comunes son de tipo intelectual o del desarrollo”, añadió. La evaluación se realiza por juntas interdisciplinarias integradas por profesionales de medicina, psicología y trabajo social. En Posadas, la Junta Central funciona de manera itinerante y se articula con otras tres fijas, ubicadas en el Hospital Madariaga, el Hospital de Pediatría y el Caps Belén. En el interior, funcionan juntas en Jardín América, Eldorado, Iguazú, Andresito, San Vicente, El Soberbio, Alem y Oberá. “En breve se sumará una nueva sede en Apóstoles para ampliar el alcance territorial”, anticipó. El CUD permite el acceso a prestaciones médicas, transporte gratuito, cobertura de rehabilitación, exención de impuestos en servicios básicos, estacionamiento preferencial y liberación de peajes, entre otros derechos contemplados por ley. “Muchas veces el desconocimiento hace que las personas no lo tramiten, cuando en realidad habilita beneficios fundamentales para mejorar la calidad de vida”, subrayó la directora. Además del proceso de certificación, la Dirección de Discapacidad también coordina la Junta de Prestadores, encargada de categorizar los centros de atención de la provincia. Esta tarea incluye la evaluación técnica y edilicia de cada institución. “Es un trabajo articulado entre profesionales de distintas áreas, incluyendo arquitectas, que supervisan los espacios para asegurar que cumplan con los requisitos exigidos”, indicó Alvez. Desde el área destacan que la política actual apunta a una mayor descentralización y fortalecimiento de las estructuras existentes. “La idea es que ninguna persona tenga que trasladarse cientos de kilómetros para acceder a una junta evaluadora. La certificación debe estar al alcance de todos”, concluyó. Compartí esta nota:
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