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» Misionesopina
Fecha: 01/08/2025 22:58
La feroz interna política entre el intendente Horacio Zarza y el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Giménez, sumó un nuevo capítulo: cuatro empleadas del cuerpo legislativo fueron desvinculadas, en un hecho que vuelve a tensar la ya frágil convivencia institucional en el municipio del norte misionero. Según denunció Giménez, el conflicto se originó a raíz de un desacuerdo presupuestario y de interpretación de la Carta Orgánica. “El presupuesto lo hace siempre el Ejecutivo. Nosotros negociamos el límite del 6%, pero dentro de recursos humanos tenemos 11 personas, cuando el presupuesto 2025 prevé solo siete”, explicó. El titular del Concejo justificó el excedente de personal por tareas específicas: “Pusimos una persona más para terminar el Digesto municipal, que venía frenado desde 2015; dos más este año, y contratamos un profesional para Defensa del Consumidor, además de agrupar a los dos abogados asesores. No es un capricho, es una necesidad por el nivel de conflicto que genera el Ejecutivo”. Giménez aseguró que en respuesta a un requerimiento del propio Zarza, se realizó una sesión extraordinaria para readecuar el plantel del Concejo con presupuesto vigente. Sin embargo, el Ejecutivo avanzó igual con despidos. “Hoy nos desayunamos que a cuatro chicas no les pagaron el sueldo y las citaron en la Municipalidad para firmar un papel que creemos es la notificación de despido. Así actuó con mi hermana también”, denunció el edil. La raíz del enfrentamiento es política y se arrastra desde diciembre de 2023, cuando Zarza asumió la intendencia e intentó sin éxito imponer un presidente afín en el Concejo. Desde entonces, la disputa escaló hasta judicializarse mediante una demanda por conflicto de poderes. “El intendente nos impide funcionar. No paga facturas, nos obliga a pedir vales para cada gasto y nos dejó sin presupuesto”, había advertido Giménez en declaraciones anteriores. También cuestionó las prioridades de gestión: “Presentó un proyecto de superpoderes que rechazamos, pero al mismo tiempo compró maquinaria y camionetas sin aval legislativo. ¿Dónde está la crisis?”, se preguntó. Uno de los puntos más conflictivos fue el intento del Ejecutivo de instalar cámaras de seguridad por más de 200 millones de pesos, sin contrato ni informes técnicos. El Concejo lo rechazó y, desde entonces, según denuncian, comenzaron represalias personales: despidos de familiares de concejales, recorte de salarios, y hasta presiones ideológicas. “A muchos empleados les dicen que si quieren cobrar deben compartir y aplaudir sus publicaciones en redes”, apuntó Giménez. Incluso gestos institucionales menores, como la entrega de cajas navideñas organizada por el Concejo, fueron blanco de represalias. “Como el intendente no entregó cajas en dos años, lo hicimos nosotros para bomberos, jubilados y municipales. Desde entonces, ordenó no pagar nada que provenga del Concejo”, relató el presidente del cuerpo. Mientras esperan una resolución judicial, los concejales evalúan nuevas acciones. “Zarza no respeta la división de poderes. No vamos a permitir que se cierre el Concejo por decreto ni que se vulneren los derechos de los trabajadores. No queremos una crisis mayor, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, concluyó Giménez.
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