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Parana » Plazaweb
Fecha: 01/08/2025 21:39
Santiago Mac Yntyre Redacción PlazaWeb Este viernes, en pleno microcentro paranaense, comenzó el operativo de auditoría sobre las pensiones no contributivas: en el marco de las políticas de recorte presupuestario que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) realiza una verificación de cumplimiento de condiciones para determinar si los beneficiarios de pensiones no contributivas deben o no recibirlas. Una larga fila se formó en adyacencias del hotel ubicado en Urquiza entre San Martín y Corrientes, en uno de cuyos salones tres auditores recibieron documentación de los beneficiarios o familiares, que certifiquen que efectivamente tienen algún tipo de discapacidad. Personas y familias provenientes de localidades cercanas a Paraná y de la capital entrerriana concurrieron a realizar el trámite, en algunos casos hasta con sillones, preparados para una larga espera. Diversas instituciones, personal de organismos públicos de la ciudad y la provincia y organizaciones no gubernamentales, llegaron hasta el lugar para orientar a los ciudadanos con respecto a la continuidad del trámite, ya que las personas a cargo del operativo carecían de conocimientos específicos para guiarlos adecuadamente en la realización de las gestiones. En efecto, en la oficina improvisada en el hotel ubicado frente a plaza 1º de Mayo, no se hizo presente ninguna autoridad ni personal de la Andis que pudiera brindar orientación específica: el personal que auditó y quienes se encargaron de la recepción pertenecen a una empresa contratada por el organismo nacional para llevar adelante el operativo. En diálogo con el móvil de Radio Plaza, la defensora del Pueblo de Paraná, Marcia López señaló que antes este trámite se hacía vía internet, pero ahora fueron citados por Anses: "Verifican su documentación y después las personas tienen 30 días para subir esa documentación a trámites a distancia o pueden concurrir a ANSES”, explicó y resaltó que “es la primera vez que se determinan auditorías para cuando las pensiones ya fueron otorgadas”. “Nosotros con otras instituciones, como el Hospital Escuela, de Salud Mental, como el Órgano de Revisión de Salud mental, estamos acá para acompañar a la gente después en esa gestión”, explicó López. También participaron de este acompañamiento, personal de la Municipalidad de Paraná y una ONG integrante del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS). No sólo de asesorar a los asistentes debieron encargarse las trabajadoras y miembros de instituciones presentes: también debieron interceder ante autoridades de Tránsito municipal para organizar el caos vehicular que provocó la afluencia de tráfics y vehículos que llegaban desde los municipios. Una vez presentada la documentación, los beneficiarios reciben una constancia y tienen 30 días para cargarla, junto con la documentación respaldatoria, para que se verifique y no les quiten el beneficio de la pensión no contributiva. Hermetismo Ante la consulta de este cronista, más allá de la convocatoria que recibieron los beneficiarios de las pensiones por parte de la ANDIS, llamó la atención la ausencia de un responsable general del operativo y la reticencia de las personas presentes a informar a cargo de quién estaba la auditoría. Según la información que pudo recabar PlazaWeb, la presunta consultora a cargo reservó tres habitaciones por una semana –siendo al menos cinco personas afectadas se trataría de tres habitaciones dobles–, que tienen un costo de casi $900.000 cada una incluyendo impuestos: un total de $2,7 millones, a lo que se suma a los 560.000 pesos que cuesta el alquiler del Salón Garrigó durante los 8 días que se realiza la auditoría. De todas maneras, se trata de una suma seguramente menor en comparación con la cifra que embolsará la desconocida consultora por llevar adelante una tarea para la que tanto el Municipio como la Provincia cuentan con personal capacitado y con conocimientos específicos sobre salud, discapacidad y gestión de trámites para llevarlo adelante.
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