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La Paz » Politica con vos
Fecha: 31/07/2025 10:43
La decisión de despedir a 43 trabajadores sin causa ni preaviso por parte de AESA, subsidiaria directa de la petrolera estatal YPF, activó un paro por tiempo indeterminado en todo el país y un acampe en el yacimiento de Río Neuquén. La respuesta obrera vuelve a poner en el centro la creciente ofensiva del gobierno libertario contra el empleo formal y las condiciones de trabajo en sectores estratégicos, incluso en empresas con mayoría estatal. El reclamo por la reincorporación inmediata se convirtió en un símbolo más de la resistencia a un modelo que arrasa con el trabajo argentino. En un nuevo episodio de la ofensiva ajustadora del gobierno de Javier Milei, el conflicto desatado por los 43 despidos en AESA, la empresa de servicios petroleros controlada por YPF, representa mucho más que un simple enfrentamiento gremial. Es el reflejo directo de un modelo económico que, bajo la excusa de la eficiencia, arrasa sin contemplaciones con derechos laborales, estabilidad y soberanía energética. Los trabajadores de AESA no se quedaron de brazos cruzados. En defensa propia y con la dignidad como bandera, iniciaron un paro nacional y levantaron un acampe en las instalaciones del yacimiento de Río Neuquén, exigiendo la inmediata reincorporación de los despedidos. La respuesta fue proporcional a la agresión: no hubo instancias previas de diálogo, ni evaluaciones de desempeño, ni argumentos productivos. Simplemente, 43 personas fueron echadas a la calle. Sin explicaciones. Sin humanidad. Sin vergüenza. Lo que ocurre en AESA no es un hecho aislado ni una excepción dentro del nuevo paradigma que se intenta imponer desde la Casa Rosada. La lógica del achicamiento brutal del Estado y la desarticulación de empresas públicas ya no se limita a las oficinas del Conicet o las aulas de las universidades nacionales. Ahora también se descarga con fuerza sobre trabajadores que cumplen funciones clave en sectores estratégicos como el energético, en empresas donde el Estado argentino tiene participación mayoritaria. El sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, junto a la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, se hizo eco del conflicto y ratificó su total respaldo a los trabajadores. El mensaje es claro: no se va a tolerar ningún despido arbitrario. Porque cada puesto de trabajo perdido en este contexto no es solo una tragedia personal, sino un eslabón que se rompe en la cadena de producción nacional. Resulta llamativo —aunque ya no sorprende— que en una empresa bajo control estatal se naturalicen despidos masivos, sin siquiera cumplir las instancias mínimas de diálogo con los gremios. AESA parece funcionar, en los hechos, con la lógica de una multinacional sin patria, ejecutando políticas de ajuste que calzan perfectamente con el plan de desguace que promueve Milei: privatizar, recortar, despedir y despolitizar la protesta social. Un combo letal para cualquier democracia que aspire a llamarse socialmente justa. Los dirigentes gremiales no dudaron en calificar el hecho como una provocación directa. Y lo es. Porque el despido de 43 trabajadores en una empresa como AESA no tiene justificación económica. Tampoco hay causas disciplinarias. Es un recorte sin explicación, producto de una estrategia deliberada de ajuste, que se apoya en la incertidumbre y el miedo como herramientas de dominación. No es casual que se haya producido en este momento, cuando los trabajadores del sector vienen reclamando estabilidad frente a un gobierno que no oculta su desprecio por los convenios colectivos y por la acción sindical. Desde el acampe en Río Neuquén, los delegados repiten una frase que sintetiza el ánimo general: «No vamos a permitir que nos tomen por tontos». La lucha en AESA no es solo por 43 trabajadores, es por el futuro del trabajo argentino. Por eso, el paro es por tiempo indeterminado y el conflicto, lejos de diluirse, gana fuerza en cada jornada. La presencia del sindicato en el yacimiento es constante, y la decisión de sostener la medida «hasta las últimas consecuencias» deja en claro que no se trata de una maniobra testimonial, sino de una batalla real. Lo verdaderamente alarmante es que estas decisiones se ejecutan desde empresas donde el Estado todavía conserva control accionario. ¿Qué mensaje se pretende dar entonces? ¿Que ni siquiera en las empresas públicas hay lugar para la estabilidad laboral? ¿Que el modelo que Milei intenta imponer —una economía de mercado salvaje, sin Estado, sin convenios, sin derechos— ya empezó a aplicarse silenciosamente en los rincones más estratégicos del aparato productivo? Por ahora, las autoridades de AESA guardan silencio. Pero cada día que pasa sin una respuesta, sin una mesa de negociación, sin un gesto mínimo de humanidad, refuerza la certeza de que estamos ante una embestida planificada. No es una torpeza ni un error de cálculo. Es parte de una estrategia que busca disciplinar a los trabajadores, desarticular la organización gremial y allanar el camino para futuras privatizaciones, con menor resistencia. El conflicto en AESA también pone en discusión la política energética del país. ¿Cómo se sostiene la soberanía energética si las empresas del sector público despiden personal capacitado, con experiencia, que conoce a fondo la operación de los yacimientos? ¿Cómo se garantiza el autoabastecimiento cuando se rompe la cadena de producción en nombre de una eficiencia que solo existe en los balances recortados que exigen desde el FMI? La paradoja de todo esto es que mientras el gobierno se llena la boca hablando de productividad, mérito y eficiencia, despide sin medir consecuencias a los trabajadores que efectivamente producen, que ponen el cuerpo en los yacimientos, que sostienen día a día la infraestructura energética nacional. AESA, con estos despidos, le hace un flaco favor a la propia YPF, y por extensión, al interés nacional. La pelea por la reincorporación no es solo gremial. Es profundamente política. Porque en este modelo de país que propone Milei, donde las personas son reemplazables y el trabajo formal es un privilegio, cada despido se convierte en un precedente. Y cada precedente no resistido se convierte en norma. Pero los trabajadores de AESA están dispuestos a dar la pelea. Con el sindicato a la cabeza, con el yacimiento como trinchera, y con la conciencia intacta de que la dignidad no se negocia. Porque, al final del día, cuando el gobierno avance con nuevas oleadas de despidos, con reformas laborales regresivas o con la venta de activos estratégicos, será esta misma clase trabajadora la que ponga el cuerpo. La que levante la voz. La que diga basta. Y será esa resistencia, como ahora en Río Neuquén, la que mantenga en pie una parte del país que aún se niega a resignarse. (Info Gremial)
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