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Paraná » 9digital
Fecha: 31/07/2025 01:35
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes condenó a 4 años de prisión al exsecretario judicial Pablo Carlos Molina por haber ordenado la intervención ilegal de las líneas telefónicas de su mujer y de un presunto amante, en el marco de una investigación por narcotráfico. En su alegato, el fiscal general de esa jurisdicción, Carlos Schaefer, y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, habían solicitado 5 años de prisión. Los jueces Juan Manuel Moreira, Fabian Cardozo y Jorge Gallino consideraron a Molina responsable por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica. Además, le fijaron una inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena y comunicaron que los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 5 de agosto. El caso De acuerdo a lo expuesto por el MPF en su alegato, Molina confeccionó y suscribió el 11 de septiembre de 2014, en su carácter de secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, un oficio judicial, firmado también por el entonces juez federal Soto Dávila, mediante el cual se le hizo saber falsamente a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) -por entonces a cargos de las escuchas-, que se había dispuesto la intervención telefónica por el término de 30 días corridos de dos abonados, que presuntamente estaban vinculados a una investigación por narcotráfico en curso. Sin embargo, los representantes del MPF explicaron que luego se determinó que esas líneas eran las utilizadas por la esposa del secretario y por un allegado a ella con el que el acusado sospechaba que tenía una relación. Según expuso la fiscalía, el hecho se descubrió en marzo de 2019 cuando personal judicial que realizaba un relevamiento de efectos encontró 28 discos compactos con el producido de estas comunicaciones interceptadas de manera ilegal entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014. En gran parte de ellas, aparece el propio acusado hablando con su pareja, profiriéndole insultos e incluso amenazas, respecto de las cuales el tribunal correntino se declaró incompetente y las remitió a la justicia local de Chaco, donde viven la damnificada y Molina, para su investigación y su posterior juzgamiento. En ese entonces, Molina estaba apartado de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a raíz de la imputación que le había sido cursada por hechos de corrupción en el marco de otra causa de 2016, en la que él, el exjuez Soto Dávila y otros acusados fueron procesados en abril pasado por el Juzgado Federal de Formosa N°2. Se los acusa de haber restituido una serie de vehículos que habían sido secuestrados en el marco de una causa de lavado de activos provenientes del narcotráfico. En tanto, Soto Dávila ya había renunciado a su cargo como juez federal luego de ser procesado, también junto a Molina, su otro secretario penal Alberto Federico Grau y un grupo de abogados de la matrícula, por conformar una asociación ilícita que funcionaba en el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, a su cargo.
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