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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 31/07/2025 01:21
La pobreza estructural golpea cada día con más fuerza y la gente en los barrios sobrevive entre las necesidades y la falta de respuestas. El programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) recorrió tres barrios populares de Paraná donde los vecinos contaron sus urgencias y su lucha para vivir mejor. “La integración socio urbana es la mejor herramienta que tenemos para combatir la pobreza estructural. Es una deuda moral y, a su vez, legal desde la sanción de la Ley de Barrios Populares”. Así lo afirma Anabella Albornoz, dirigente de la ONG “Suma de Voluntades”, que viene luchando por esto desde hace muchos años en Paraná. La idea de la integración socio urbana como política nació en Medellín, Colombia, en un contexto donde el avance de la droga y el narcotráfico era exponencial. Ese modelo se replicó en otras ciudades de América Latina, y en Argentina, después de mucho andar y de reclamar políticas públicas que impacten en la vida cotidiana de los vecinos, se empezó a trabajar la política de integración socio urbana. Fue una política que se construyó desde las bases, ya que fueron las propias organizaciones sociales las que salieron a censar y lograron armar el primer censo que reveló toda la información sobre la realidad de los barrios populares del país. Posteriormente, en 2017 se intentó poner en práctica esta política de integración socio urbana mediante el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que se creó por un decreto del entonces Presidente Mauricio Macri. Sin embargo, el actual gobierno nacional de Javier Milei le quitó recursos a este organismo y también vació la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) transformándola en Subsecretaría. “La lucha de la integración socio urbana es por la dignidad humana. Este tipo de políticas construye comunidad y pone en el centro a los vecinos, buscando una planificación para los barrios populares; es ir contra las estructuras de la pobreza y es nivelar los puntos de partida, es acceso a los servicios básicos, a un hábitat digno, a una vivienda digna. Tiene que ver con mejorar la vida cotidiana de la gente. Y de lo que se trata no es de regalar nada, sino de construir con la gente”, señaló Albornoz en diálogo con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). La clave está en que los vecinos y vecinas sean parte de la transformación de sus barrios. Un ejemplo de esto es lo que se está intentando hacer desde “Suma de Voluntades” en el barrio Antártida Argentina, de Paraná, donde los propios vecinos construyeron una canchita de fútbol que cuenta con iluminación, riego, y demás. Claro que no alcanza. Más allá de la necesidad alimentaria urgente que vemos crecer año a año, en los barrios la vulnerabilidad se ve también en la falta de servicios básicos. Hoy en Paraná, en pleno 2025 todavía hay familias que viven en casillas de madera, de nylon y cartón, sin energía eléctrica, sin agua potable, con calles de tierra que se hacen intransitables cuando llueve. Lo preocupante de esto, es que estas zonas sin planificación urbana formal generan situaciones de exclusión y vulneración de derechos, lo que, junto con la retirada del Estado –especialmente nacional y provincial- que se ve en la actualidad, favorece el avance del narcotráfico. A todo esto refiere la necesidad de una política de integración socio urbana, que las autoridades de todos los estamentos del Estado deberían conocer, analizar y hacer carne. Porque la realidad de muchas barriadas de la ciudad de Paraná asusta y duele. Y si bien a ayuda del municipio cubre algunas necesidades alimentarias de urgencia, eso no basta. El padre de la Parroquia “Nuestra Señora de Lourdes” y titular de la ONG “Hogar de Cristo”, Horacio Correa, dice que “la pobreza existencial es la puerta a las ‘3 C’ de la muerte: calle, consumo y cementerio”. Algunos datos En nuestro país, el 10 de octubre de 2018 se aprobó la Ley N°27.453 sobre Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, la cual no se está cumpliendo. Esta Ley reconoce el derecho a la tierra de 930.000 familias a nivel país; cuatro millones de personas que viven en más de 4.400 barrios populares. La ley declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). También declara la utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares, y se suspenden los desalojos de toda índole, judiciales y administrativos, por el plazo de cuatro años. En Paraná y Paraná Campaña hay 72 barrios populares. Paraná es la tercera ciudad con más asentamientos en la provincia. Más de 12.000 familias viven en asentamientos. En el Renabap figuran 17 familias asentadas en la zona del borde costero de Paraná en Bajada Grande, pero hoy ya son más de 100 hogares. Asistencia del municipio de Paraná - 150 merenderos, de los cuales 80 también son comedores - 19. 000 chicos en merenderos - 12.000 personas en comedores - 5.000 módulos alimentarios mensuales aprox. - 100 módulos especiales a adultos mayores (carne, lácteos, verduras y frutas, 1 maple de huevos, fideos, arroz, aceite y tomate) - 400 raciones de vianda a personas en situación de calle, dos días de la semana - se entregaron 2.000 frazadas. Se espera otra entrega de 1.000 más - 35.000 kilos de alimentos se entregan por convenio con el Banco de Alimentos - Se atiende 75 personas con comida, desayuno y merienda en: * Casa de la Mujer * Refugio calle Belgrano * Refugio calle Carbó (Defensa Civil) * Residencia Teresa de Calcuta El Renabap El Relevamiento de Asentamientos Informales, impulsado en el año 2013, fue un proyecto de TECHO (ONG orientada a superar la extrema pobreza, a través del trabajo de jóvenes voluntarios y personas que habitan asentamientos precarios) realizado a nivel nacional para visibilizar la situación de miles de familias que viven en situación de pobreza y la vulneración sistemática de sus derechos básicos (TECHO, 2016). En el mismo, se relevaron e identificaron las villas y asentamientos y sus principales características para generar una herramienta de información pública. Identificar, describir y georeferenciar los asentamientos informales existentes en la provincia de Buenos Aires; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la provincia de Córdoba; Gran Corrientes; Gran Resistencia, parte de la provincia de Misiones (Depto. Capital, Oberá, Eldorado y San Vicente); Alto Valle de Neuquén, Plaza Huincul, Cutral-Có y Arroyito; Alto Valle de Río Negro; parte de la provincia de Salta (Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal); el Área Metropolitana de Rosario y San Miguel de Tucumán. El informe final fue presentado en 2016 y en el mismo se identificaron un total de 2.432 asentamientos informales en los 11 territorios relevados donde se estima que viven 650.700 familias aproximadamente. Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, se estima que al menos 2.993.151 de personas viven en asentamientos informales en el territorio donde habita el 67% de la población argentina. Como resultado de este relevamiento, se creó mediante el Decreto 358/2017 el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Este fue el primer paso del proceso de integración social y urbana de los barrios más vulnerables del país. En marzo de 2018, la Decisión Administrativa 298/18 transfirió el Renabap a la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social. El gran esfuerzo hecho por dimensionar y comprender el hábitat informal, el estado de las villas y de los asentamientos precarios, se comenzó a trabajar de manera conjunta en el Gobierno Nacional, integrado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el entonces Ministerio de Desarrollo Social, la Administración Nacional de Seguridad Social y la Agencia de Administración de Bienes del Estado y en conjunto con organizaciones políticas y de la sociedad civil, como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, TECHO y Cáritas. Este relevamiento permitiría luego visibilizar y dimensionar la problemática de la capa más vulnerable del hábitat informal en la Argentina en pos de la construcción de políticas públicas y sociales consistentes, integrales y sostenibles en el tiempo. En el año 2017, el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) registró 4.228 barrios populares en Argentina. Este organismo clasifica a un barrio en la categoría “popular” si se cumplen tres condiciones: 1) el barrio posee un déficit en al menos dos servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal); 2) más de la mitad de los habitantes no cuenta con un título de propiedad del terreno; 3) lo conforman un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas. El mismo organismo estima que alrededor de tres millones de personas viven en esta categoría urbana y que más de la mitad de los asentamientos fueron creados antes del año 2000. En 2022, mediante la resolución 483/2022, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación amplió el Renabap, integrando a su relevamiento todos aquellos barrios de las localidades de más de 2.000 habitantes conformados hasta el 31 de diciembre de 2018. Hasta el momento de esta resolución sólo se contemplaban los barrios populares de localidades de hasta 10.000 habitantes conformados hasta diciembre de 2016. Los barrios relevados fueron detectados a partir de la articulación con provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil, cruce de datos con otras entidades gubernamentales y la teledetección por imágenes satelitales. Una vez recopilados todos los datos, equipos de relevadores y relevadoras cotejaron la información. Este operativo territorial, permitió que el Renabap contemple el 100% de los territorios urbanizados y casi la totalidad de las zonas rurales de nuestro país. Así también se actualizaron los polígonos de muchos barrios ya relevados y que se vieron modificados en el paso del tiempo. En total se incluyeron 1.126 barrios populares al Registro, por tratarse en su mayoría de barrios pequeños en localidades chicas, esto representa una superficie de 141 km2 habitadas por 68.810 familias. Es importante destacar, que luego del Renabap, se implementó en 2017 el “Certificado de Vivienda Familiar”, un certificado de domicilio para todas las familias habitantes de los barrios relevados por el registro, hasta diciembre de 2016. Este certificado permite acreditar domicilio ante cualquier autoridad pública nacional, provincial, municipal o empresa privada que lo solicite, así como también solicitar la instalación de servicios como agua corriente, electricidad, cloacas o red de gas; generar el CUIL en ANSES o el CUIT en AFIP; y acceder a prestaciones de salud, educativas y previsionales. En la práctica, también se utiliza para poder generar actas de incendio ante un siniestro en una vivienda, declarar domicilio para poder acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, o probar que una familia vivía en un determinado lugar si es que su casa ha sido ocupada durante su ausencia. Más allá de esta utilidad, el Certificado ha sido criticado por ser simplemente un paño frío ante la problemática del acceso a la tierra, ya que no se trata de un instrumento que permita la tenencia segura de la tierra para las familias que habitan en estos barrios (Arrastua, 2019) Pese a esta nueva actualización, que conlleva el reconocimiento de derechos básicos no satisfechos, la falta de acceso justo al hábitat y la vivienda digna, es importante considerar la necesidad de implementación de la Ley 24.453 de Integración Socio Urbana de Barrios Populares. La implementación de esta Ley es incluir, llevar justicia social e integrar a una población con derechos vulnerados.
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