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Parana » Informe Digital
Fecha: 31/07/2025 00:45
Uno de los indicadores que evalúa el Fondo Monetario Internacional para comprender el avance del gasto público y la ejecución del presupuesto es la deuda flotante, que se refiere a los compromisos de pago ya asumidos por el Estado pero que aún no se han concretado. Según datos oficiales recientes, en el primer semestre del año, esta cifra se duplicó, alcanzando los 3,2 billones de pesos, lo que equivale a la totalidad del superávit fiscal acumulado en la primera mitad del año. El límite para los pasivos exigibles al Estado es una de las metas “paralelas” que forman parte del programa Extended Fund Facility (EFF) con el organismo, aunque no constituyen la base del acuerdo, como sí lo hacen el superávit primario y la acumulación de reservas en el Banco Central. Este límite se integra incluso a un grupo de objetivos que no requieren waiver (dispensa) si no se alcanzan. Por definición, la deuda flotante se refiere a los pagos pendientes del sector público, y algunos analistas la consideran una fuente “alternativa” de financiamiento. El programa económico acordado con el organismo incluye métricas específicas para este tipo de pasivos. El límite establecido es de 6,3 billones de pesos, aunque no se puede comparar directamente con el número de 3,2 billones publicado por la Tesorería General de la Nación. Esto se debe, entre otras razones, a que esta última cifra solo abarca la deuda flotante de la administración central, mientras que el FMI incluye en su evaluación a todo el sector público, lo que comprende organismos descentralizados y empresas públicas. Especialistas consultados por Infobae sostienen que, a diferencia de otros números establecidos como meta en el acuerdo, como las reservas o el superávit, no es factible calcular la deuda flotante total para compararla con el umbral previsto ante el Fondo Monetario. El dato de deuda flotante de junio comprende pasivos acumulados por pagos pospuestos de 2024, ascendiendo a $280.000 millones, además de casi $3 billones correspondientes a 2025. En términos generales, la gestión del gasto del Estado en áreas como contrataciones y compras públicas suele involucrar un intervalo entre la generación de la obligación de pago y el efectivo desembolso de fondos. La deuda “flotante” se refiere a ese lapso en el que una obligación de pago ha sido “confirmada” pero no cancelada. Puede abarcar órdenes de pago tanto vencidas como no vencidas. Este tipo de pasivos no está contemplado en las estadísticas oficiales de deuda pública, lo que frecuentemente la convierte en una deuda “invisible”. De acuerdo con la definición de la OPC, la mayor parte de la deuda flotante que acumula el Estado generalmente se relaciona con erogaciones en concepto de transferencias. Esto incluye transferencias a gobiernos provinciales y municipales, empresas privadas, universidades nacionales, empresas públicas no financieras, fondos fiduciarios, así como jubilaciones y pensiones. Para el Gobierno, la cuestión fiscal constituye el ancla principal de su política económica. Así, el Palacio de Hacienda se ha propuesto una meta más exigente que la estipulada en el acuerdo con el FMI, como un mensaje al mercado de que será aún más ortodoxo en esta materia y para evitar que surjan tensiones financieras o cambiarias por esta vía. Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) ofreció un panorama sobre la dinámica fiscal del primer semestre. En su análisis, señalaron que “se puede afirmar que en los últimos meses, tras el notable ajuste del gasto ocurrido en 2024, las variaciones interanuales empiezan a oscilar entre valores negativos y positivos”. Por otro lado, un informe privado reciente, enfocado en la evolución de los gastos, llegó a conclusiones similares. Según estimaciones de la consultora Analytica, durante el acumulado de enero a junio, la variación del gasto primario experimentó un incremento de 1,9% en términos reales en comparación con el mismo periodo del año anterior. De un total de 53,5 billones de pesos gastados, aproximadamente 26,4 billones se destinan a jubilaciones y pensiones, lo que representa prácticamente la mitad del total. A su vez, el Grupo SBS afirmó que el orden fiscal es “la piedra angular de la estabilidad macroeconómica a mediano y largo plazo” y enfatizó la importancia de mantener la disciplina fiscal para evitar escenarios de dominancia monetaria. En este sentido, evaluaron que el superávit primario proporciona mayor previsibilidad a un esquema de tipo de cambio flotante dentro de bandas, aun cuando el nuevo régimen monetario, sin Leliq, “aún debe demostrar resultados”. Según la consultora LCG, “la meta fiscal de 1,6% de superávit primario acordada con el FMI demanda un nuevo ajuste, especialmente a raíz de la prevista caída de ingresos en 2025 por medidas como la eliminación del Impuesto PAIS, la reducción de Bienes Personales y la disminución de aranceles y retenciones. El ajuste reciente se aplicó fundamentalmente sobre subsidios (47% interanual real en seis meses), salarios y obra pública”, con la advertencia de que “toda nueva demanda de gasto que prosperara en el Congreso será bloqueada por el Poder Ejecutivo o compensada con recortes en otros rubros.” En este contexto, persisten algunas señales de alerta respecto al costo financiero. El Grupo SBS subrayó la importancia de atender este aspecto, ya que los intereses de los instrumentos de deuda en pesos del Tesoro, a cupón cero, aunque no se reflejen en la línea de intereses de caja reportada mensualmente, “existen y deben reducirse”. Agregaron que “el costo financiero debe disminuir desde los altos niveles actuales de tasas reales” para no comprometer el equilibrio buscado.
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