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» Comercio y Justicia
Fecha: 30/07/2025 20:33
Por Sergio Castelli (*) e Irene Rivarola (**) El sistema argentino de patentes constituye uno de los pilares de la protección jurídica de la innovación, y su eficacia está directamente relacionada con la seguridad jurídica que puede ofrecer a inventores, investigadores y empresas. En este sentido, uno de los obstáculos más persistentes que enfrenta Argentina es la dilatada demora en la tramitación de solicitudes de patentes, un fenómeno que afecta no solo al sistema de propiedad intelectual, sino también a la inversión tecnológica y al desarrollo industrial del país. Actualmente, el plazo promedio para obtener una resolución definitiva sobre una solicitud de patente en Argentina oscila entre los 8 y 9 años, con picos superiores a los 10 años en sectores como la biotecnología, la farmacéutica y la industria química. Estas cifras ubican al país por fuera de los estándares recomendados a nivel internacional y generan un efecto inhibitorio en el ecosistema de innovación. La problemática no es nueva. Desde hace más de una década, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) ha enfrentado un creciente número de solicitudes acumuladas. Informes técnicos han estimado que el volumen del backlog superaba, en algunos años, las 21.000 solicitudes pendientes. La acumulación responde a múltiples factores, como la complejidad técnica de muchas de las invenciones, criterios de patentabilidad estrictos y procesos internos que requieren mayor eficiencia. A ello se suma, en ciertos períodos, la limitación de recursos técnicos y humanos. Uno de los factores que más incide en la demora es el tiempo que transcurre entre la solicitud y el inicio del examen sustantivo, que suele demorar entre tres y cinco años. Esto posterga la evaluación de fondo de la invención y, en consecuencia, la posibilidad de contar con un título de propiedad eficaz en términos comerciales y jurídicos. Para abordar este desafío, el INPI ha implementado diversas medidas orientadas a mejorar los tiempos de tramitación. Entre ellas se destaca el Programa de Examen Prioritario (PEP), creado por la Resolución 112/2019. Este instrumento permite a ciertos solicitantes —como universidades, organismos de ciencia y tecnología, PYMES e inventores independientes— solicitar la tramitación acelerada de su expediente, iniciando el examen de fondo dentro de los 60 días posteriores a su admisión. Otro mecanismo complementario es la participación de Argentina en el programa PPH (Patent Prosecution Highway), que facilita la cooperación con otras oficinas de propiedad industrial. Cuando una solicitud ha sido concedida en una jurisdicción participante, el solicitante puede requerir un examen acelerado en el INPI, basándose en los informes previos de patentabilidad. Además, mediante la Resolución INPI 364/2024 se estableció un plazo perentorio de 60 días para que el solicitante informe si invocó prioridad conforme al Convenio de París. De no cumplir con esta carga, la solicitud se considera abandonada, lo que permite depurar el sistema de expedientes inactivos. Estas herramientas, si bien no resuelven por sí solas el problema estructural del retraso, constituyen medidas concretas que buscan alinear el sistema argentino con las mejores prácticas internacionales. También ofrecen al solicitante informado la posibilidad de acortar sustancialmente los plazos, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y formales exigidos. Cabe señalar que Argentina aún no ha adherido al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), lo cual implica que los solicitantes deben efectuar presentaciones país por país, con los consecuentes costos y gestiones adicionales. Esta falta de adhesión también repercute en la competitividad del país frente a otras jurisdicciones que sí operan bajo ese marco. Las demoras prolongadas afectan tanto la planificación empresarial como el acceso a mercados y rondas de inversión, especialmente en sectores de alta tecnología. La incertidumbre sobre la vigencia y alcance de una patente en trámite puede desalentar la protección de invenciones o incluso derivar en decisiones de internacionalización sin anclaje local. La mejora del sistema requiere no solo la optimización interna de los procesos administrativos, sino también un mayor aprovechamiento de los mecanismos disponibles. Promover el uso del PEP y el PPH, capacitar a los actores del ecosistema innovador y mantener criterios técnicos previsibles son pasos fundamentales para acortar los plazos sin sacrificar rigor. (*) Agente de la Propiedad Industrial. (**) Abogada.
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