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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 29/07/2025 16:39
El fiscal General Adjunto ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, Juan Sebastián Podhainy, brindó detalles de la histórica sentencia que condenó a tres apicultores por iniciar incendios en el Delta. En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Podhainy destacó que “en función de lo que ocurrió en el antecedente anterior, acá lo que tenemos son penas de prisión efectiva, que superan los tres años, lo cual es novedoso no solo en la jurisdicción sino en todo el país”. “Por delitos ambientales o que tengan una repercusión ambiental obtener sentencias efectivas y en firme, es novedoso. Sin lugar a dudas penas de tres años y seis meses y tres años y dos meses es lo más llamativo y lo que más nos satisface a nosotros como operadores judiciales”, aseveró. En cuanto al trabajo judicial para llegar a la condena, explicó: “Partamos de la base que no exige un daño al ambiente, solo exige que se cree una situación de peligro para la comunidad. Acá lo que se hizo es afectar 7.800 hectáreas de un humedal, y de allí se parte para mensurar y cuantificar la pena del modo en que se hizo, y además es una escala que va de tres a 10 años, es decir que se les impuso una pena que está muy cerca del mínimo, y pasando los tres años la pena tiene que ser de cumplimiento efectivo. Pero no solamente se afectaron 7.800 hectáreas sino también una capa importantísima del suelo que impide que la vegetación crezca y eso puede demorar hasta 10 años; los animales que perdieron su hábitat o se murieron, la liberación de gases de efecto invernadero. Hay que tener en cuenta que el Delta del Paraná es un área que está internacionalmente protegida porque beneficia a toda la comunidad porque es un sumidero de oxígeno y acá se pasó de ser eso a un foco de liberación de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, entonces cuando nos quejamos del cambio ambiental, pensemos también en lo que hace el ser humano para contribuir a ello. Y además se afectó a la población de Rosario, de San Pedro y demás”. Remarcó que “esa era la situación antes de que estas personas vayan a la isla de Las Lechiguanas a prender fuego; ya la situación era alarmante desde antes y estas personas pese a la sequía y pese a la bajante histórica del río Paraná, lo que hicieron fue prender fuego igual”. En este marco, confirmó que “en el Tribunal Oral hay otras causas en instrucción; tengo entendido que instruye el Juzgado Federal de Victoria, pero no tienen esta magnitud, y por otro lado, creo que en el Juzgado de Paraná hay una causa en la cual están imputados muchos propietarios. En esta causa no se pudo determinar quiénes ocasionaron los fuegos, algunos de los cuales fueron desvinculados y está en trámite ante la Cámara Federal porque Fiscalía apeló esos sobreseimientos”. “El mensaje en términos de prevención general para la comunidad es fuerte, porque estamos diciendo que prender fuego en esas circunstancias y generando este daño en el ambiente tiene su responsabilidad”, resumió. En cuanto al motivo de prender fuego, el fiscal afirmó que “acá se pudo comprobar lo que denominamos como intencionalidad, no la negligencia de que el fuego se les fue de las manos, sino que estas personas, sabedores de cuál era la situación de alarma –de la bajante histórica del río, de la sequía más grave que tuvimos en los últimos años, de todo el foco de humo que generaba que no se pudiera ver- igual prendieron el fuego”. “Pero aun así, a través de lo que se extrajo de los celulares de estas personas, también pudimos determinar a partir de las comunicaciones, que tenían pleno conocimiento de lo que sucedía en la isla y de lo que iba a suceder si ellos iniciaban ese contrafuego, que está prohibido, porque un contrafuego no lo puede hacer cualquiera, tiene que hacerlo personal idóneo. Además, tenían un montón de otras alternativas para neutralizar ese otro fuego que supuestamente se les venía encima a las colmenas, y que nunca vino porque se determinó pericialmente que el fuego que supuestamente los amenazaba, se cortó. Y encima tenían 24 horas de ventaja para poder contrarrestarlo, y todo eso es dolo”. Respecto del nivel de vida de los apicultores, señaló que “no estaban inscriptos en el registro de apicultores, pero según su testimonio, uno de ellos se dedica hace más de 25 años a la actividad, con colmenas en la zona; el hijo –que también está condenado- también trabajó toda su vida de la apicultura y el otro sujeto también y todavía siguen trabajando”. Por otra parte, confirmó que “no están detenidos porque a partir de que salga la sentencia, que será el 5 de septiembre, tienen 10 días para recurrirla ante la Cámara de Casación”. Asimismo, el fiscal explicó que se probó la autoría de estas tres personas porque “a partir de llamados de vecinos de la localidad de Ramallo, cercana a San Pedro, denunciando que había focos ígneos que se veían desde enfrente a la isla, fue la Prefectura y encontró a estas personas con encendedores, y reconocieron a los prefectos que habían iniciado el fuego y plantearon que se les había ido de las manos. Se secuestraron los encendedores, y ellos mismos reconocieron que habían iniciado el fuego que después se extendió por más de 15 días”. Por último, consideró que no hay riesgo de fuga “porque siempre estuvieron a derecho, todas las veces que se los convocó estuvieron, incluso ayer que se leyó el veredicto tuvieron la posibilidad de decir sus últimas palabras, conectados por Zoom atento a la distancia porque son de San Pedro”.
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