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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 29/07/2025 09:24
Otro golpe a la credibilidad judicial. La jueza correccional de Ushuaia protagonizó un choque con fuga, fue filmada, le iniciaron una investigación y luego presentó la renuncia. Los jueces del Superior Tribunal se la aceptaron sin más para que acceda a la jubilación. La medida tiene un fuerte olor a corporativismo y encubrimiento. La jueza correccional Felicitas Maiztegui Marcó fue noticia el 13 de junio pasado cuando su camioneta chocó contra varios vehículos estacionados en pleno centro de Ushuaia y, en lugar de quedarse a dar explicaciones, se retiró del lugar. El hecho quedó registrado por cámaras y derivó en el inicio de actuaciones internas por parte del Superior Tribunal de Justicia, trece días después. Sin embargo, lejos de avanzar hacia una resolución esclarecedora, lo que sobrevino fue su jubilación. Y una gacetilla oficial que, lejos de esclarecer, intenta explicar lo inexplicable. Cabe tener en cuenta que el 26 de junio el propio Superior Tribunal anunció que había iniciado una investigación sumaria “a fin de evaluar la conducta de la magistrada”. En ese momento, el Poder Judicial expresó su compromiso de actuar “con la seriedad que la situación requiere” y garantizó el cumplimiento de la ley. Ahora, menos de un mes después, la historia se cierra —¿o se esfuma?— con una nueva comunicación oficial en la que se informa que el Superior Tribunal de Justicia aceptó la renuncia de Maiztegui Marcó, que será efectiva a partir del 1° de agosto de 2025, para que acceda a la jubilación ordinaria. De este modo, en un innegable gesto de corporativismo, se le abrió la puerta grande a la jueza para que comience a disfrutar de su jubileo, y pueda por fin desestresarse por aquel hecho que causó tanta indignación pública. Pero la gacetilla todavía asombra más: aclara que “si bien se iniciaron actuaciones tendientes a evaluar la conducta de la magistrada, ello no impide la aceptación de su renuncia”. Y se cita el artículo 103, inciso “b” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial para justificar que las actuaciones seguirán su curso, y que las conclusiones “podrán ser incorporadas al legajo personal de la funcionaria”. ¿A su legajo? ¿De qué sirve eso si, cuando se arribe a una resolución, la “investigada” ya no formará parte del Poder Judicial? Sí: jurídicamente, el camino elegido es correcto. Aunque una jueza presente su renuncia, el Poder Judicial puede continuar con la investigación y dejar constancia de los resultados en su legajo. Pero ya no hay posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias reales. No puede ser suspendida, ni amonestada, ni destituida ni siquiera apercibida, por la simple razón de que ya no pertenece a la estructura que podría sancionarla. El resultado es tan previsible como funcional: se retira sin ninguna consecuencia concreta, se cierra el proceso “conforme a reglamento”, y el escándalo se archiva con una leyenda: “actuaciones incorporadas al legajo”. Todo muy correcto. Todo muy prolijo. Todo muy conveniente. Y muy diferente a lo que habría ocurrido si el protagonista del incidente hubiera sido cualquier hijo de vecino, sin el peso y el lustre que otorga pertenecer al ambiente judicial. Lo ocurrido deja una sensación de impunidad: un mensaje de que, si se pertenece al sistema, se pueden eludir las consecuencias. Porque no se trata solo de un expediente. Se trata del daño a la credibilidad del Poder Judicial. De una jueza que protagonizó un hecho repudiable y que —con total naturalidad— termina su carrera sin enfrentar ni siquiera una reprimenda formal. ¿Es legal? Sí, está previsto. Pero también es políticamente inconveniente y éticamente muy difícil de defender. Y es así: la ciudadanía tiene derecho a preguntarse, con más hartazgo que ironía, si no se la está tomando por tonta…
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