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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 28/07/2025 10:43
Mientras se espera lo que pueda decidir la Cámara de Diputados de la Nación sobre los proyectos de ley que impulsaron los gobernadores y cuentan con media sanción del Senado, se abre una instancia de negociación entre las provincias y Nación. Una más entre tantas de los últimos años. Una más en la historia. La distribución de recursos sensibiliza. Hay responsabilidades que resultan impostergables, como Salud, Educación o el sostenimiento de la red vial, lo que suma al intercambio una arista ineludible: qué perfil del Estado queremos o podemos sostener. Los ingresos no repuntan. Los números de la recaudación se asemejan a los de la Pandemia Covid-19 y no hay margen para aumentar la presión tributaria. Una encrucijada. La coyuntura La distribución de los recursos entre el Estado Nacional y las provincias está desde siempre en el centro del debate. Ahora, los proyectos de ley impulsados por los gobernadores, sobre impuesto a los combustibles y remanente de Aportes del Tesoro Nacional, muestran con claridad que los estados Federales, anteriores a la Nación, llegaron a un límite. Se agotó un camino y hubo que encontrar opciones, tal vez, para ir por otros caminos. La negociación está abierta. El primer mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio, considerado un articulador del trabajo de los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, repite que los niveles de ingreso son similares a los que se registraron durante la pandemia del Covid-19. Contundente como argumento para buscar una salida junto a otros mandatarios. Es, tal vez, adelantarse. Evitar que las administraciones entren en problemas mayores. Las obligaciones ineludibles tienen costos actualizados, pero los recursos no siguen el mismo ritmo. Delicado. Esto produce un efecto que golpea hasta el corazón de cada pueblo, una cascada de infortunio. Las provincias reciben menos y, por lo tanto, distribuyen menos. Un tema, por su trascendencia, que merece seguimiento que debe ir más allá de los equipos técnicos de provincias, municipios o comunas. Es determinante contar con recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones que, hasta ahora, asume el Estado, el que a su vez -con o sin planificación- sufre modificaciones constantes. Debe ser readaptado a una realidad de dinámica desconocida. Encuestas nacionales muestran una coyuntura delicada para los ciudadanos, que modifican su modo de vida esperando la llegada, ralentizada, de tiempos mejores. Pasan los días y los esfuerzos para responder a necesidades básicas van en aumento, por lo que se introduce en la conversación todo lo relacionado con los recursos. Es necesario e ineludible ocuparse. Bueno sería si las partes intervinientes hicieran aportes sustantivos. El asunto tiene ribetes de tal complejidad que debería, intentarse al menos, evitar la tentación de encarar todo desde el oportunismo. La pendencia extendida, con demasiados adeptos, lejos de aquietar las aguas, solo encrespa ánimos y busca culpables (reales o ficticios) de la situación. Haraganería política. Aportes con sustancia En las últimas horas apareció un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que ofrece datos relevantes sobre el tema. Analiza la distribución “efectiva de la recaudación tributaria nacional entre el gobierno nacional y las provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante los últimos 32 años”. Un período que por su extensión puede ayudar a una mirada amplia y, tal vez, constructiva. Explica el documento del instituto, conducido por Nadín Argañaraz, que “la distribución primaria cuantifica qué porcentaje de la recaudación tributaria nacional fue a manos de las 23 provincias y de CABA, y qué porcentaje quedó en manos del gobierno nacional y de ANSES”. Digresión: este último organismo actor relevante que los entrerrianos no debemos perder de vista, porque el reclamo que ha hecho Entre Ríos, para que se actualice el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones a modo de compensación por no transferirla a Nación en los noventa, constituye una demanda de alto impacto. Los datos relevados por IARAF indican que tanto a la provincia de Buenos Aires como a CABA “se le han dado compensaciones relacionadas con cambios en la distribución automática de recursos durante los últimos años”. Esos recursos no automáticos han sido incorporados en el cálculo de los coeficientes efectivos. Esta metodología resulta relevante porque en los primeros y en los últimos años del periodo analizado, la participación de las provincias y CABA fue de alrededor del 48% en promedio. Aclara inmediatamente que entre “2000 y 2015, la participación tuvo una baja significativa, con un promedio de alrededor del 40%”. Observa que la constante han sido los cambios normativos, marco en el que se puede inscribir también esta decisión de los gobernadores de ir por el lado del Congreso Nacional para evitar volver hacia atrás. Nuestra provincia también mete presión con presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo inédito, hay que reconocerlo. Otros Estados provinciales han demostrado el peso de las razones de un reclamo así. Santa Fe, Córdoba, San Luis no dudaron y su logro terminó beneficiando a todo el país. Tampoco hay que descartar que pueda darse un acercamiento que permita, por la vía administrativa, alcanzar resultados que favorezcan nuestra provincia. Las esperas extensas pueden ser destructivas. El estudio mencionado señala aquello de las “pujas distributivas”. Lo que pasa en estas horas por el Congreso de la Nación o en expedientes de la Corte Suprema son otro jalón de tantas discusiones que “terminaron con cambios legales de impuestos coparticipables y no coparticipables”. Alrededor del tema aparecen fallas de trascendencia histórica. En 1994 se reformó la Constitución Nacional y se fijaron plazos para poner orden al tema recursos coparticipables. La espera sigue. De la falta nadie se asume responsable. Una maraña donde lo que está en juego excede largamente el frío porcentaje que se vuelca en una planilla. Servicios esenciales como la salud; el sostenimiento de una red vial en condiciones que pueda ser utilizada por el sistema productivo, requieren de los recursos necesarios. Por eso la coyuntura presenta esta encrucijada y el estudio del IARAF se convierte en un aporte sustantivo para la discusión. No deberían intervenir demasiado los que dedican sus horas a descripciones interesadas que ocultan, indolentes, actuaciones y responsabilidades recientes. Es ofensivo. Hay omisiones que determinan el presente. No se trata de quitar responsabilidad a la actual administración nacional o a la provincial. Es el intento, posiblemente vano, de buscar algún equilibrio que podría beneficiar la búsqueda de soluciones. Es llamativo cómo, a pesar de la importancia que tienen estas discusiones, la población deja a los principales actores sin espectadores. El trabajo surgido en Córdoba, al presentar sus alcances, muestra que “considerando las transferencias compensatorias a través de la cuenta de Obligaciones del Tesoro, se tiene que entre 2023 y 2024 el consolidado de 24 jurisdicciones perdió participación por 1,46 puntos porcentuales (p.p.). No obstante, de las 24 jurisdicciones, siete presentaron un incremento de participación”. Estas fueron San Luis, Santa Cruz, Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa y CABA. Vale la pena analizarlo en toda su extensión. Sin margen para la espera Conocer con claridad cuanto fue para Nación y cuanto, para las provincias, es determinante para abordar con seriedad un tema candente. Los gobernadores esperaron un tiempo prudencial y decidieron dar el paso que quedó plasmado con la votación de hace algunos días en el Senado Nacional. Buscaron poner un freno al destrato, propusieron un camino para hacerse de fondos, tomando todos los recaudos -explicaron- para no romper con el equilibrio fiscal. Desde Nación dicen otra cosa. Se verá. En las últimas horas desde el Poder Ejecutivo Nacional se abrió una posibilidad, mínima, de entablar negociaciones. Lo hace sin dejar de agitar el fantasma del veto, mientras se espera el tratamiento por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Apelando a una necesaria didáctica desde el IARAF se explica que “el reparto de recursos entre el nivel nacional y las provincias se denomina distribución primaria, mientras que el reparto de los fondos que les toca a las provincias entre las propias jurisdicciones se denomina distribución secundaria. En ambos casos, considerados individualmente, se trata de juegos de suma cero, es decir que en el reparto primario todo lo que ganan de participación las provincias lo resignará el nivel federal (y viceversa), y en el caso de la distribución secundaria, el aumento de la participación de una jurisdicción sólo podrá ocurrir si cae la porción que se lleva el resto”. El acuerdo necesario se torna dificultoso, lo que es aprovechado por el gobierno nacional que administra sin presupuesto desde que asumió en 2023 y se desligó de responsabilidades costosas que cayeron sobre las provincias. Con esas acciones unilaterales fue modificando el perfil del Estado y provoca que las provincias deban reacomodar todo el tiempo su funcionamiento. Una reforma del Estado modelada con motosierra, amputando sin anestesia. Suena a demasiado. El estudio que se ocupa de 32 años de repartos de recursos entre Nación y Provincias es una invitación a la mesura, un punto de partida, un aporte necesario surgido del interior, para acercarse a una temática que está, desde hace demasiado, en el centro del problema, pero no encuentra soluciones de fondo, mientras, de hecho, se modela otro Estado.
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