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Parana » APF
Fecha: 28/07/2025 10:30
El régimen que obliga a transparentar los impuestos en los tickets de consumo cumple un año con escasa adhesión provincial. Desde Lógica advierten sobre una resistencia política a la visibilización tributaria. lunes 28 de julio de 2025 | 9:33hs. Hace exactamente un año, el Congreso sancionaba la Ley 27.743, también conocida como Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, una norma que obliga a mostrar en cada ticket de compra los impuestos incluidos en el precio final, como el IVA, ingresos brutos y tasas municipales. Aunque desde el 1 de enero se exhiben los tributos nacionales, la adhesión de las provincias —clave para visibilizar los tributos locales— brilla por su ausencia. De las 24 jurisdicciones argentinas, solo Chubut adhirió formalmente al régimen, mientras que otras cuatro (Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires) están en proceso. Las restantes 19 provincias, en cambio, no solo no avanzaron, sino que tampoco respondieron a los reiterados pedidos formales para hacerlo. Desde la asociación civil Lógica, impulsora de la iniciativa, cuestionan la falta de compromiso de los gobernadores y advierten que esta resistencia a la transparencia fiscal afecta el derecho del consumidor a recibir información veraz y completa, tal como lo establece el artículo 42 de la Constitución Nacional. El impulso ciudadano choca con la inercia política Según datos de la consultora Poliarquía, el 94% de los argentinos quiere que se muestren los impuestos en los tickets. El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, insiste en que se trata de una demanda social legítima que no atenta contra la autonomía provincial ni modifica tributos: “Solo se pide visibilizar lo que ya se cobra”, afirma. “Argentina tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo y, paradójicamente, una cultura fiscal bajísima”, remarca Olivero Vila. “Esto es consecuencia de décadas de ocultamiento deliberado: impuestos disfrazados, sanciones absurdas para quien informa, y una cadena comercial que no le cuenta al consumidor cuánto del precio es recaudado por el Estado”. Además de Chubut —que ya adhirió oficialmente— hay otras jurisdicciones que iniciaron el camino: Entre Ríos: ya tiene media sanción legislativa. Mendoza: el oficialismo presentó un proyecto de adhesión. Córdoba: se dictó una resolución preparatoria. Ciudad de Buenos Aires: se analiza la incorporación al Código Fiscal 2026. Otras dos provincias, Catamarca y Misiones, habían declarado su intención de adherir, pero no concretaron ninguna medida efectiva. El resto del país, directamente, permanece en un silencio absoluto, sin respuestas formales ni explicaciones públicas. Desde Lógica afirman que han enviado tres cartas oficiales a cada gobernador —con copia a más de una decena de sus funcionarios—, pero la mayoría nunca acusó recibo. “Se acabaron las excusas” En un tono más enfático que en comunicaciones anteriores, Olivero Vila asegura que ya no se puede justificar la demora: “Los primeros meses podían entenderse. Pero ahora, a un año de la ley, el silencio deviene insostenible, y el accionar en contra de la transparencia se vuelve naturalmente turbio”, afirmó en un comunicado reciente. Y redobló la apuesta: “Esto no implica cambios tributarios ni requiere software nuevo. Brasil aplica un régimen similar desde 2012. ¿Por qué acá no se puede? Estos gobernadores le están diciendo que no al 94% de los argentinos que quieren ver los impuestos. ¿Qué es lo que se quiere ocultar?”, se pregunta. Un régimen que pone en evidencia lo que siempre estuvo escondido La Ley del Ticket apunta a fomentar la conciencia fiscal, mostrando claramente en cada compra cuánto del precio va al Estado. Hasta ahora, muchos de esos impuestos estaban “ocultos” detrás del precio final, sin información clara para el consumidor. Lógica busca revertir ese modelo, no con confrontación, sino con un principio básico de cualquier democracia: la transparencia, publicó Ámbito. Con el respaldo social consolidado y un régimen plenamente vigente a nivel nacional, la pelota está en la cancha de las provincias. La pregunta que se impone, a un año de la ley, no es técnica ni política: es ética. ¿Por qué los gobernadores no quieren que se sepa cuánto cobran en impuestos?. (APFDigital)
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