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Concordia » Hora Digital
Fecha: 27/07/2025 18:10
El Concejo Deliberante de Concordia aprobó compras por excepción sin límites de tiempo ni montos. La medida, respaldada por el oficialismo y La Libertad Avanza. En una controvertida sesión del Concejo Deliberante de Concordia, celebrada el pasado jueves, se aprobó sobre tablas y sin dictamen de comisión un régimen de compras por excepción que autoriza al Ejecutivo municipal, liderado por el intendente Francisco Azcué, a adquirir materiales para pavimentar calles sin licitación pública. La norma, que contó con el apoyo del oficialismo y del bloque de La Libertad Avanza, no establece límites de tiempo ni montos para estas operaciones, lo que desató fuertes críticas de la oposición. La concejal justicialista Carolina Amiano fue una de las voces más críticas durante el debate. “Este proyecto muestra una vez más la ineficacia y la ineficiencia de esta gestión”, afirmó, y añadió: “A un año y siete meses de gobierno, siguen pidiendo excepciones porque no pueden gestionar los procedimientos establecidos por la normativa vigente”. Amiano también cuestionó la falta de plazos y montos en la ordenanza, advirtiendo que “así gobiernan bajo excepción permanente, sin transparencia y sin planificación”. La concejal justicialista Carolina Amiano El cruce más tenso se dio entre el concejal Felipe Sastre (PRO) y Guillermo Satalía Méndez (PJ), quienes intercambiaron chicanas sobre el alcance de la medida, que según Sastre busca pavimentar apenas 20 cuadras de cara a 2027. “Necesitamos esta herramienta extraordinaria porque cada vez que llamamos a licitación tenemos problemas con los oferentes”, justificó Sastre. Por su parte, Satalía Méndez replicó con ironía: “¿Solo 20 cuadras para mostrar de acá a 2027? ¡Pónganse la vara más alta!”. La ordenanza incluye una cláusula que permite la presencia de un veedor de la oposición en los cotejos de precios, pero no detalla obras específicas, barrios beneficiados ni presupuestos. Para la oposición, esto representa un “cheque en blanco” al Ejecutivo, ya que solo se exige un informe posterior a las compras con datos del proveedor y factura, sin controles previos. Aunque la medida ya está vigente, las críticas persisten. Amiano insistió en que la normativa actual permite compras directas tras licitaciones fallidas, y que el problema radica en la falta de capacidad del Ejecutivo para cumplir procesos. “No se trata de poner palos en la rueda, se trata de respetar la normativa y no legislar con base en la improvisación”, sentenció.
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