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Colon » El Entre Rios
Fecha: 26/07/2025 08:30
Carlos Albisu, el nuevo intendente de Salto, dijo estar sorprendido, a 15 días de haber asumido. No se esperaba una situación financiera como la que recibió, según afirmó entre sus colaboradores. Tan frágil es el escenario que el objetivo más inmediato es conseguir recursos que permitan pagar los sueldos de más de 1.700 funcionarios. Luego de asumir el pasado 10 de julio, la nueva administración detectó una serie de resoluciones firmadas por el gobierno anterior del Frente Amplio que encabezó Andrés Lima hasta el 10 de marzo pasado, que según dijeron desde la comuna, “comprometen seriamente las finanzas departamentales”. “El pago de salarios de julio está en riesgo”, dijeron. Días pasados, el secretario general de la Intendencia de Salto, Walter Texeira Núñez, y el director de Hacienda, Nicolás Irigoyen, anunciaron públicamente que se encontraron con “una deuda más de las que existían”. Aunque aclaró que “esta no estaba en los planes de nadie, es de 300 millones de pesos y corresponde al denominado duodécimo, es decir al presupuesto total de un mes de funcionamiento de la comuna salteña, que debía haber sido cancelado con el Banco República el pasado 30 de junio y sin embargo, no fue así”. Por lo que dijeron los funcionarios, se intimó a la Intendencia salteña a hacer frente a esta deuda de manera inmediata o de lo contrario podrían suspender la línea de crédito con la actual administración. Según indicaron los nuevos funcionarios, durante la transición “no fueron informadas estas decisiones”. “Tenemos poco más de 20 millones de pesos en la caja y necesitamos por lo menos 90 millones, para pagar los salarios de los funcionarios. Así recibimos la Intendencia de Salto”, dijo el intendente Albisu que además de preocupado por la situación, afirmó que está negociando al más alto nivel para poder encontrar soluciones a corto plazo. “Queremos resolver todo cuanto antes, no es fácil, porque la administración anterior nos deja muy mal parados a poco de asumir y somos nosotros lo que tenemos que priorizar a los trabajadores para que puedan cobrar su salario y hacer que las cosas sigan funcionando”, sostuvo el jefe comunal salteño que tuvo una intensa agenda esta semana con viajes a Montevideo para poder resolver esta situación. Uno de los hechos más controversiales detectados por la nueva administración fue la contratación permanente de 292 funcionarios, mediante un convenio colectivo entre la administración anterior y el sindicato Adeom, ratificado en el mes de junio ante el Ministerio de Trabajo. Lo llamativo es que estas decisiones fueron adoptadas en el tramo final del período de gobierno anterior, lo que generó malestar en el entonces gobierno electo, que no estaba de acuerdo con esa decisión. En total, la Intendencia de Salto cuenta con unos 1.700 funcionarios, con un compromiso de pago cercano a los 90 millones de pesos por mes. Según informaron desde la Intendencia de Salto, “el escenario económico se agrava aún más con el paso de los días, ya que hemos detectado nuevas deudas impagas, algunas de ellas de gran magnitud”. Y señalaron que “uno de los casos más significativos fue el de una empresa de capitales extranjeros que reclamó formalmente un adeudo de US$ 3 millones, por trabajos realizados hace más de tres años y que aún no fueron saldados”. En el sindicato, en tanto, hay “incertidumbre” respecto a la situación. “Hasta ahora no hemos tenido información sobre el tema del pago de salarios y lo que podamos decir por el momento es solamente especulación, así que estamos esperando”, dijo Juan Carlos Gómez presidente del gremio, el que días pasados tuvo su primer encuentro con la nueva administración. En tanto, desde la Junta Departamental de Salto las discusiones sobre este tema generaron cruces desde el inicio. El viernes 17, se votó por unanimidad una venia para que la Intendencia de Salto amplíe su línea de crédito con el Banco República. Los ediles de la Coalición Republicana defienden la postura del nuevo gobierno, de adoptar esta medida considerada “de urgencia” para enfrentar el pago del crédito que la administración de Lima debió cancelar antes del 30 de junio. Pero la votación estuvo viciada y ahora tendrán que sesionar antes del martes 29 de julio, para dar respaldo a la comuna frente a los organismos de crédito. Para el Frente Amplio “votar la ampliación de la línea de crédito es una cuestión de orden, porque es un tema administrativo”. Mientras que desde el oficialismo salteño se marcó que se votó la ampliación “producto de la mala situación que dejó la gestión anterior”. Fuente: El País de Montevideo
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