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Parana » NSA
Fecha: 25/07/2025 21:32
Mientras el gobierno nacional lanza acusaciones públicas, crecen las sospechas de una maniobra coordinada desde Nación para desestabilizar a Axel Kicillof con apoyo de sectores de la Policía bonaerense. Una desafectación disciplinaria a 24 efectivos por su rol en una movilización policial se convirtió en el disparador de un ataque furibundo de Patricia Bullrich contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Detrás del show mediático, se oculta una operación política que busca tensionar la gobernabilidad provincial, al tiempo que reconfigura las lealtades dentro de las fuerzas de seguridad. El gobierno nacional no descansa. Y no precisamente porque esté ocupado en solucionar los problemas reales del país. Mientras la inflación golpea los bolsillos, la recesión arrastra al consumo y el ajuste funde a las provincias, Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deciden armar un nuevo circo: esta vez con la Policía bonaerense como protagonista y blanco de una denuncia política de alto voltaje. El objetivo, en apariencia, es “defender” a 24 policías sancionados por la gestión de Axel Kicillof. Pero lo que se oculta tras esa narrativa de ocasión es mucho más oscuro y preocupante: una ofensiva premeditada para deslegitimar al gobernador, avivar el fuego interno dentro de las fuerzas de seguridad y poner en jaque a una de las pocas gestiones provinciales que aún resisten el embate libertario. La historia oficial es tan simple como engañosa. Según Bullrich, los 24 policías sancionados en los últimos días por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense fueron “castigados” por reclamar mejores condiciones laborales en 2020, cuando una protesta policial terminó rodeando la residencia del propio Kicillof en La Plata. Desde esa interpretación amañada, la ministra libertaria construyó una épica de persecución política y no dudó en salir a bancar públicamente a los efectivos cuestionados. A través de redes sociales y declaraciones públicas, acusó al gobernador de realizar “una caza de brujas” y amenazó con intervenir en el asunto desde el gobierno nacional. Lo que Bullrich no dice –y probablemente no pueda admitir sin revelar el juego completo– es que esas desafectaciones no fueron una medida intempestiva ni un acto de revancha política. Se trata de resoluciones administrativas tomadas tras un largo proceso interno, con documentación detallada, que prueban el involucramiento de esos agentes en actos de insubordinación y violación del reglamento policial. La protesta de 2020 no fue una simple manifestación gremial: fue una movida organizada, con tácticas intimidatorias, que incluyó la presencia de patrulleros armados frente a la residencia del gobernador y acciones de amedrentamiento contra funcionarios. Lo más grave es que algunos de los policías implicados en aquel episodio ya habían sido sancionados o investigados previamente por faltas graves, lo cual refuerza la tesis de que el reclamo fue la excusa perfecta para montar una amenaza institucional camuflada de demanda salarial. Pero más allá del trasfondo disciplinario, lo que emerge con fuerza es la utilización política de ese conflicto por parte del gobierno nacional. No se trata solo de una defensa “corporativa” de la Policía, como quiere hacer creer Bullrich. Lo que está en juego es mucho más delicado: el intento del oficialismo nacional por explotar las internas policiales en territorio bonaerense y abrir una nueva línea de desgaste sobre el gobierno de Kicillof. En otras palabras, Milei y Bullrich parecen haber detectado una veta útil para dinamitar la estabilidad de un adversario político y, de paso, sembrar la idea de que las fuerzas de seguridad pueden operar al margen del mando civil cuando se sienten “injustamente tratadas”. La maniobra no sorprende. Patricia Bullrich tiene una larga historia de coqueteos peligrosos con sectores duros de las fuerzas. Ya durante la gestión de Cambiemos, su política de seguridad se basó en empoderar a los uniformados por encima de la autoridad política, fomentando una lógica de “autonomía policial” que derivó en casos graves de abuso de poder. Esa misma línea reaparece ahora, amplificada por el discurso libertario que desprecia cualquier forma de regulación estatal y alienta una idea de “mano dura” sin controles. Si a eso se le suma el respaldo explícito del gobierno nacional a policías sancionados por violar las normas internas de su institución, el mensaje que se transmite es peligroso: los efectivos pueden desobedecer, presionar y amedrentar, que desde Casa Rosada serán premiados como “héroes”. El caso pone de relieve, además, una tensión estructural que el gobierno de Milei se niega a abordar: la precarización y desorganización de las fuerzas de seguridad en las provincias. La protesta policial de 2020 en Buenos Aires no fue un fenómeno aislado. Se replicó en otras jurisdicciones, con epicentros similares: bajos salarios, escasa formación, deficiente equipamiento y una conducción política débil o ausente. En lugar de impulsar una reforma integral que aborde estas falencias, la Nación prefiere jugar a la interna, agitando conflictos y buscando rédito político en cada chispa. Es una irresponsabilidad absoluta, pero también una estrategia calculada: cuanto más se tensionen los márgenes institucionales, más fácil será instalar el discurso del caos y justificar medidas excepcionales. Kicillof, por su parte, eligió no confrontar directamente con Bullrich, aunque desde su entorno dejaron trascender que las declaraciones de la ministra fueron “desafortunadas” e “inapropiadas”. Saben que el juego libertario apunta a instalar una narrativa de polarización permanente, en la que cualquier respuesta puede ser usada en su contra. Pero también son conscientes de que no pueden dejar pasar la avanzada sin mostrar que hay una línea que no se cruza: la del orden democrático, el respeto a las instituciones y la conducción civil de las fuerzas armadas y de seguridad. Porque si se permite que desde Nación se legitimen insubordinaciones o se promueva la indisciplina policial, lo que está en juego no es solo una disputa política coyuntural, sino el principio mismo del Estado de Derecho. No faltan quienes advierten que esta ofensiva contra Kicillof podría ser apenas un ensayo de lo que vendrá. El gobierno de Javier Milei ha demostrado estar dispuesto a desestabilizar a las provincias que no se alinean a su programa, usando todos los recursos a su alcance: asfixia presupuestaria, presión judicial, manipulación mediática y ahora, aparentemente, también la agitación de las fuerzas de seguridad. Frente a ese escenario, no se trata solo de defender a un gobernador, sino de proteger un modelo de convivencia institucional que se construyó con mucho esfuerzo y que hoy está siendo puesto en jaque por una administración que desprecia los límites. En tiempos de crisis, el orden no puede ser una excusa para el autoritarismo. Y mucho menos para permitir que los uniformados se conviertan en actores políticos al margen de las reglas. Lo que necesita la sociedad es una fuerza policial profesional, respetuosa de la ley y subordinada a las autoridades democráticamente electas. Lo que no necesita es un gobierno nacional que juega con fuego, enciende conflictos y luego se lava las manos. Porque si el Estado renuncia a ejercer su autoridad con responsabilidad, lo que viene no es el orden, sino el caos.
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