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Parana » Informe Digital
Fecha: 24/07/2025 23:40
De la redacción de informe Digital El gobierno nacional puso en marcha la venta del 26,32 % que el Estado posee en la empresa Transener, la operadora de las líneas de alta tensión más importantes del país. Esa participación —gestionada a través de Enarsa en la sociedad Citelec— pasará en los próximos meses a manos privadas, consolidando el control absoluto del sistema por parte de operadores empresariales como Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Aunque presentada como una medida para “achicar el Estado”, la decisión impacta de lleno en Entre Ríos. No solo por el rol central de Transener en el sistema nacional, sino por su conexión directa con el despacho energético desde la represa de Salto Grande y con la red de distribución que gestiona Enersa, la empresa estatal entrerriana. Desde Concordia, Salto Grande inyecta energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de líneas que dependen de Transener. Si el nuevo esquema empresarial modifica los criterios de mantenimiento, inversiones o despacho de carga, la generación podría ser subutilizada, lo que afectaría las regalías hidroeléctricas que Entre Ríos recibe. Estas regalías —garantizadas por la Ley 15.336 y el Decreto 1.380/74— no se calculan por la capacidad de generación, sino por la energía efectivamente entregada al sistema nacional. Por eso, si se reduce el uso de Salto Grande o se reconfigura el orden de prioridades para despachar energía, los ingresos provinciales podrían disminuir. Según datos del presupuesto provincial 2023, Entre Ríos recibió más de $5.200 millones por regalías de Salto Grande, fondos clave para las cuentas públicas. La posibilidad de que decisiones empresariales definan cuánto de esa energía es aprovechada preocupa a funcionarios y técnicos del sector energético regional. Pero hay otra derivación: Enersa, la empresa distribuidora provincial, depende enteramente de la energía que le llega desde el SADI, y esa energía circula —en su gran mayoría— por líneas operadas por Transener. Cualquier cambio en las condiciones tarifarias, técnicas o contractuales que imponga el nuevo operador puede impactar directamente sobre el costo mayorista que enfrenta Enersa. Ese aumento, si no se absorbe con fondos públicos, se traslada a la tarifa de los usuarios residenciales, comerciales e industriales. Enersa, además, no tiene poder de negociación directa sobre las condiciones del transporte eléctrico nacional. La pérdida del actor estatal en Transener debilita aún más la posición de provincias como Entre Ríos, que ya carecían de representación efectiva en los órganos reguladores y en el manejo operativo del sistema. Transener afuera !. Javier Milei privatiza la transportadora de Energía . Desde el Gobierno Nacional se estima que la venta podría generar entre 150 y 200 millones de dólares. Para Entre Ríos, el costo invisible podría ser mucho mayor: menos autonomía provincial sobre decisiones clave, más presión tarifaria y menor previsibilidad fiscal. En paralelo, la Anses mantiene un 19,57 % de las acciones de Transener. Hasta el momento, no se ha informado si esta participación también será puesta en venta. Si así fuera, el retiro del Estado nacional sería total. Esta operación se suma a otras privatizaciones ya iniciadas por el gobierno de Javier Milei, como AySA e Impsa. El patrón es el mismo: vender activos estratégicos sin mecanismos compensatorios para las provincias. Y Entre Ríos, pese a ser generadora neta de energía renovable, puede quedar atada a decisiones tomadas desde el centro del poder económico, con escasa consideración federal.
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