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» Diario Cordoba
Fecha: 24/07/2025 23:33
El juez de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, no tiene intención de que la investigación que tiene entre manos exceda la contratación por parte de empresas de gases industriales del despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, por eso está procediendo a rechazar la personación como acusación particular de todo aquel que se siente perjudicado por los correos con los que el que era político del PP era informado por su jefe de gabinete de la situación fiscal de cada uno de ellos. En varios autos el magistrado rechaza la personación del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, así como también ha hecho con la del ex director del Fondo Monetario Internacional y exministro durante el Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, que se considera víctima de una persecución que le supuso ser condenado a cuatro años y nueve meses de prisión, extremo que ha planteado ante el Tribunal Supremo. También se ha rechazado la del periodista Javier Chicote, al que se inspeccionó después de que informara sobre el ministro, lo que interpreta como una forma de intentar silenciarle. La única personación admitida, pero en calidad de acusación popular, no particular, es la que ejercerá el PSOE, que a diferencia de otros partidos y organizaciones lo solicitó en 2023, a raíz de las informaciones publicadas por esta redacción. El resto lo ha hecho una vez que se levantó el secreto de las actuaciones. En su auto el magistrado considera innecesario que para ejercer la acción popular los socialistas tengan que pagar fianza, puesto que considera que en estos momentos "el procedimiento se ha desarrollado lo suficiente como para considerar que el ejercicio" de la acusación "no es abusiva ni fraudulenta". Ello hace innecesario que se deba aportar una garantía para prevenir acusaciones infundadas. El juez rechaza todas las personaciones de perjudicados con argumentos similares: niega la existencia de delito alguno, al entender que a Montoro, como ministro de Hacienda, le "corresponde la superior dirección de la Secretaría de Estado que dirige la Agencia Tributaria". Y como tal "está plenamente autorizado para conocer del contenido de las actuaciones de la AEAT, por lo que el hecho de que sea informado sobre tales actuaciones forma parte de las funciones que tiene atribuidas". Aunque el juez admite que los datos fiscales "indudablemente tienen carácter reservado", agrega que las personas que accedieron a ellos estaban "legalmente autorizadas" para conocer los correos electrónicos sobre las respectivas situaciones fiscales incluidas en la causa. La decisión del magistrado coincide con la posición mantenida por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en su discrepancia con la fiscal adscrita al caso, Carmen García Cerdá, partidaria de investigar estos mails,incluidos entre los requeridos a los directores de Gabinete de la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de la Dirección General de Tributos y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a lo largo de los dos periodos en que las empresas investigadas habrían intervenido en la redacción de las leyes en tramitación, tras contratar con Equipo Económico. Se trata de los comprendidos el 1 de enero de 2012 y el 3l de diciembre de 2014 y entre el I de diciembre de 2016 y el 4 de julio de 2018. Tras revisarlos, el magistrado rechaza la personación de los que se consideran perjudicados, varios de ellos rivales políticos de Montoro, y señala que "la información transmitida por medio de los correos analizados no constituye el objeto del delito, al tratarse de datos que, aunque reservados, no se encuentran en ficheros, soportes, archivos o registros, y, además, las personas que disponen de dicha información, sí estarían autorizados para conocerla". En el caso de Monedero se señala que "en parte de los correos se informa, no solo de asuntos que le afectan" a él, "sino de diferentes cuestiones", a través del correo corporativo del ministerio, en una "información en la que participan exclusivamente el jefe de Gabinete" -Felipe Martínez Rico, hermano de Ricardo Martínez Izquierdo, socio mayoritario de Equipo Económico- y el ministro Montoro, y que "no se comparte con terceros". De esa forma, el juez al frente del caso Montoro elimina, al menos de momento, la posibilidad de ahondar en los correos electrónicos en los que Montoro era informado de la situación tributaria de distintas personas. Entre estos correos figuran los Pujol. Por ejemplo, en uno de esos mails, Montoro reprende a sus subordinados por no haber sido informado de uno de los informes entregados en la Audiencia Nacional en relación con la familia del expresidente catalán; en otro se decide qué y cómo trasladar al mismo tribunal en relación con la caja B del PP y la contabilidad paralela que llevaba el que había sido su tesorero, Luis Bárcenas, de tal forma que se negaba que el partido hubiera cometido delito alguno. "Archivos de Podemos" El rechazo de la personación de Monedero ya ha sido recurrida en reforma por su representación. El fundador de Podemos da la oportunidad al magistrado de rectificar por sí mismo su decisión, con el argumento de que ignora que los mensajes intercambiados entre Montoro y Martínez Rico están encabezados por un "archivos de Podemos", lo que da lugar a pensar que la situación fiscal del político se utilizaría en contra de la formación morada. De hecho, la impugnación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, destaca que la información facilitada al ministro en relación con una próxima cita ante la Agencia Tributaria de Monedero y lo que declaró al fisco por su participación en La Tuerka -programa presentado por el que fue líder de Podemos, Pablo Iglesias- fue esgrimido por la entonces portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En opinión de Monedero, con los datos facilitados no se "está tratando de coordinación fiscal sobre actuaciones que pudiera coordinar el ministro", que ni siquiera sería competente para hacerlo, "según la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Hacienda", y "menos aún [...] un jefe de Gabinete, a quien le está absolutamente vedado el acceso a tales datos". El abogado de Monedero, Antonio Segura, solicita por tanto al juez que instruya si los datos sobre su cliente incluidos en los correos cuestionados "fueron facilitados a terceras personas una vez que eran manejados dentro de una actividad destinada a investigar a otras opciones políticas con la clara finalidad de perjudicar políticamente a los mismos". El recurso, que cita distinta jurisprudencia a favor de determinar si se ha producido un delito de revelación de secretos, opción que el juez Rubén Rus rechaza expresamente, ha sido presentado en reforma ante el propio magistrado. En caso de ser rechazado se interpondrá en apelación ante la Audiencia Provincial de Tarragona. Suscríbete para seguir leyendo
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