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» Comercio y Justicia
Fecha: 24/07/2025 19:54
Por Mariana Cuello (*) Durante algunos meses, la ciudad de Villa Allende fue el escenario de un conflicto que logró captar la atención pública más allá de sus fronteras. Las obras de ampliación de la avenida Padre Luchesse, proyectadas para mejorar la conexión vial con la localidad de Córdoba, encendieron la resistencia de vecinos y ambientalistas cuando se confirmó que implicarían el traslado de un quebracho blanco de casi tres siglos de antigüedad. Hubo manifestaciones, acampes, carteles, y acciones directas que interrumpieron la continuidad de los trabajos y el debate se volvió inevitable. A simple vista, el dilema parece oponer desarrollo urbano y preservación ambiental. Pero basta detenerse un momento para ver que la disputa resulta de mayor complejidad. Mientras quienes ejecutaban la obra justificaron la medida en razones de seguridad vial —avaladas judicialmente—, los sectores que se opusieron sostienen que el árbol representa un valor simbólico profundo, y que los costos ambientales del progreso no deberían naturalizarse tan fácilmente. Y entonces una se pregunta: ¿hasta qué punto estamos preparados, institucionalmente, para gestionar estas tensiones? En contextos como este, donde intervienen los intereses contrapuestos de actores diversos —Estado, empresas, vecinos, organizaciones sociales—, los conflictos son inevitables. Pero eso no los convierte en un problema. Al contrario, un abordaje adecuado y estratégico de la conflictiva resulta una oportunidad de generar un valioso espacio de construcción colectiva. Y no sólo eso: es mucho más probable que los planes construidos sobre bases de consenso se ejecuten de manera más eficiente, generen menos resistencias y resulten sostenibles en el tiempo. Quienes trabajamos en el campo de la gestión de conflictos entendemos la relevancia de la participación de profesionales de esta materia para intervenir en escenarios de desacuerdo, mapear intereses contrapuestos, facilitar el diálogo y ayudar a que se construyan alternativas posibles. Sin embargo, los actores involucrados en estos conflictos, ¿consideran los beneficios de las intervenciones de especialistas para la generación de mesas de diálogo? En este caso, el conflicto fue escalando con rapidez. Las posiciones se endurecieron, los canales de diálogo parecieron cerrarse, y el escenario terminó reducido a una lógica de todo o nada: o se salvaba el árbol, o se ejecutaba la obra. Lo que pudo haber sido una oportunidad para explorar alternativas de beneficio mutuo —como ajustes técnicos, compensaciones ambientales o rediseños participativos— terminó cristalizado en un enfrentamiento binario. Finalmente, el quebracho se trasladó y, si la acción resulta exitosa —las chances son bajas—, requerirá un largo tiempo de cuidado. Tal vez esa polarización era evitable. Cuando se cuenta con instancias previas de diálogo y acompañamiento técnico adecuado, el conflicto no desaparece, pero puede encauzarse. En esa línea de ideas, la participación de mediadores y/o facilitadores profesionales no se trata de intervenir para resolver lo que el Estado debe decidir, sino de crear las condiciones para que esas decisiones sean comprendidas, discutidas y, en el mejor de los casos, compartidas. El planteo es el uso efectivo de los mecanismos de participación ciudadana, más allá de su habitual utilización para la legitimar decisiones ya tomadas. Hablo de mesas concretas, con tiempos, personas y palabra. De diseñar políticas que escuchen antes de decidir, y que construyan desde el inicio una relación más honesta entre el Estado y la comunidad como una contribución a la tan anhelada paz social. Lo cierto es que quienes trabajamos en la gestión de conflictos tenemos herramientas para facilitar procesos complejos y ayudar a descomprimir tensiones que, de otro modo, pueden volverse irreversibles y somos una herramienta a disposición de la ciudadanía y el Estado. El caso del quebracho blanco no es una excepción, sino un ejemplo. Y quizá también una oportunidad. Si cada vez que aparece un desacuerdo se lo vive como una amenaza, seguiremos acumulando resistencias. Si entendemos que el conflicto y su gestión es parte del proceso democrático —y no su fracaso—, tal vez podamos empezar a pensar la toma de decisiones de otro modo. ¿Y si éste fuera el momento para hacerlo? (*) Abogada, mediadora, profesora en Ciencias Jurídicas.
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